Escuelas públicas porteñas denunciaron en 2019 la presencia de asbesto en sus instalaciones, por lo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires llevó adelante en el último año la remoción de la sustancia. Luego de estos episodios, la comunidad educativa junto a otras organizaciones sociales presentaron un amparo colectivo para pedir más inspecciones y la creación de una política pública de descontaminación de este material. La Justicia porteña aún no ha fallado sobre la problemática.

El gobierno porteño retiró el asbesto de las escuelas en algunos casos en pleno dictado de clases y generó la indignación de padres y docentes ya que el material es altamente tóxico si se inhala. Un grupo de organizaciones presentó en noviembre pasado una acción de amparo contra el gobierno porteño ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 14 a cargo de Lisandro Fastman.

Tras la denuncia de las escuelas, el área de Infraestructura del gobierno llamó a una licitación pública para adjudicar los trabajos a una empresa especializada en el manejo y remoción de este material ya que al removerlo las fibras se descomponen en fibrillas microscópicas que al respirarlas pueden causar enfermedades como asbestosis o mesotieloma, un cáncer que afecta la pleura.

Desde la Dirección de Infraestructura se informó que los trabajos de remoción se habían efectuado en el receso invernal y durante el verano pasado a pesar de que colegios como la primaria N° 8 Carlos Della Penna denunciara que se intentó remover una caldera con amianto durante el dictado normal de clases lo que motivó una denuncia judicial por parte del establecimiento y la suspensión de clases para poder realizar los trabajos de remoción.

Listado de escuelas de las cuales se retiró asbesto hasta el momento:

Otro colegio que denunció irregularidades fue el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas ya que los trabajos se hicieron sin dar intervención a la Agencia de Protección Ambiental y sin informar a la comunidad educativa, lo que provocó la protesta de padres y alumnos que buscaban velar por la seguridad de todos los que asisten al establecimiento, y la suspensión de las clases por una semana hasta que se constató que era seguro volver al edificio.

Mónico Herrero, secretaria académica del Colegio Juan Ramón Fernández, explicó que “durante el receso de verano el material fue removido totalmente” de tableros eléctricos, cañerías y calderas donde se encontraba presente. El gabinete académico de la escuela para adultos N°6 French y Beruti también informó la remoción de amianto en algunas de sus instalaciones, sin precisar detalles. 

El Observatorio del Derecho a la Ciudad junto a otras organizaciones como el IES de Lenguas Vivas; integrantes de la Asociación Cooperadora Lenguas Vivas JRF; integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Infantil N° 08/04; CTA Autónoma Capital; entre otras, impulsaron el amparo colectivo solicitado por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) a cargo de María Eva Koutsovitis, Ingeniera Hidráulica de la UBA y referente del Frente Salvador Herrera CTA Capital.

La acción judicial solicita la creación de una política pública de descontaminación de asbesto/amianto en los edificios públicos de la Ciudad implementando un relevamiento exhaustivo, un plan y cronograma de remoción y reemplazo de materiales e instalaciones con asbesto. Además contempla un plan de contingencia y de seguridad, un plan de control, un protocolo de salud para el seguimiento de las personas expuestas, y acceso a la información pública y participación en cada etapa. La causa judicial fue caratulada como “Koutsovitis, María Eva y otros c/ GCBA s/ Amparo – Ambiental”, Expte. N° 11543/2019-0.

Legislación sobre asbesto en Argentina

El asbesto, también llamado amianto, es un material muy efectivo en la construcción y en objetos cotidianos de nuestra vida, por ejemplo, se utilizaba en los tanques de agua de fibrocemento que aún hoy podemos observar en las azoteas de algunas viviendas. Esta sustancia está compuesta por minerales que al estar expuestos a determinadas variables del ambiente, como altas temperaturas, libera partículas que una vez inhaladas pueden generar daño a la salud.

Para denominar a los edificios afectados por este material en el siglo pasado y en nuestros días, se usa el término “edificio enfermo”. Las nuevas construcciones que se ven en la ciudad, modernas, con autorregulación de temperatura y de luz, están adecuadas a las normativas vigentes y han dejado de ser un peligro para sus moradores, pero ¿qué podemos decir de otros edificios los cuales datan del siglo pasado y en los cuales era muy común usar este material en aislaciones eléctricas, baldosas o calderas?

En la década del 90 aparecieron en nuestro país las primeras normativas referentes al uso de este material. La resolución 577/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación en su punto V establecía que el objeto de la norma era regular “los procedimientos básicos y las medidas de prevención y protección personal y colectiva para el uso y manipuleo del amianto en todas sus formas y elaboración de los productos que lo contengan así como también el transporte, almacenamiento y la disposición de sus desechos”.

Luego la norma se complementó con otras como la resolución Nº 823/2001 del Ministerio de Salud de la Nación que prohíbe la producción, importación, comercialización y uso de fibras de asbesto variedad crisotilo y productos que las contengan a partir del 1º de enero de 2003 y la ley Nacional Nº 23992/89 de desechos peligrosos que aprobó el Convenio de Basilea sobre el manejo de residuos peligrosos, que incluye al asbesto. Además, el gobierno de la Ciudad decretó la prohibición de la producción, importación, comercialización y uso de fibras de asbesto, en sus variedades anfíboles o crisotilo.      

Fabián Andres Butera, CEPAU N°18.241, profesor de Construcciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires (UBA) asegura: “La realidad es que si no hay controles en los edificios públicos o casas antiguas tanto sus habitantes como empleados podrían tener algún problema de salud relacionado con el asbesto y no saberlo”.

El arquitecto remarca que “este material en buen estado de conservación no tendría que generar inconvenientes para la salud, pero esto depende del grado de conservación del material ya que si está raspado o desgastado hay alto grado de peligrosidad y contaminación”.

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En 2011 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo una compra de vagones nuevos a la ciudad de Madrid España. La operación le costó a la Ciudad ocho millones de dólares. Luego de 7 años en el 2018 se comprobó que esas unidades, que se encontraban en 6 líneas de subte contenían amianto, esto sirvió como disparador para que en 2019 se llevara a cabo la inspección de los establecimientos educativos.

En enero pasado la Justicia ordenó “la desabestización de las formaciones” y prohibió “la manipulación o contacto con piezas, materiales, componentes o lugares con asbesto, sean de forma previa así determinados o con sospechas de serlo”.

Hasta la fecha el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 14 no ha fallado sobre la situación de las escuelas, pero desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad este antecedente favorable hace pensar que será resuelto en el mismo sentido.

La Organización Mundial de la Salud calcula que unos 125 millones de personas viven expuestas al asbesto en sus lugares de trabajo, y la exposición laboral a esa sustancia causa más de 107 mil muertes anuales por cáncer de pulmón, mesotelioma, y asbestosis, una forma de fibrosis pulmonar.

El organismo indicó que el asbesto sigue usándose comercialmente, especialmente en el aislamiento de edificios, como componente de materiales de construcción y como aditivo en la industria automovilística. En ese sentido, urgió a detener el uso de todos los tipos de asbesto, a sustituirlos por productos más seguros, así como también, a mejorar el diagnóstico precoz de las enfermedades relacionadas, y adoptar medidas para evitar la exposición.