La caza furtiva y el tráfico de fauna silvestre en Argentina, atraviesa hoy una de sus etapas más complejas en el país; con menos de 250 yaguaretés a lo largo y ancho del territorio y con apenas una veintena en el Gran Chaco, se está llevando a este emblemático felino a su límite histórico
La caza furtiva y el tráfico ilegal de fauna persisten en la Argentina pese a las normas que protegen a las especies y a los controles que realizan organismos nacionales y provinciales. Animales enteros, pieles y otras partes ingresan en circuitos clandestinos que pueden atravesar distintas jurisdicciones y, en algunos casos, conectarse con mercados internacionales.
El yaguareté concentra buena parte de esta problemática. Monumento Natural Nacional y una de las especies más amenazadas de la fauna argentina, enfrenta la pérdida y fragmentación de su hábitat, la disminución de sus presas y la cacería. En los últimos años, distintos casos judiciales volvieron a poner el foco sobre la persistencia de estas prácticas y sobre las dificultades para controlar un territorio extenso, con normas y capacidades de fiscalización que varían entre provincias.
A partir de estos casos, la discusión excede la protección de un solo animal: pone en cuestión la capacidad del Estado para prevenir la caza ilegal, perseguir el tráfico de fauna y garantizar la conservación de una especie de la que, según estimaciones oficiales, quedan alrededor de 250 ejemplares adultos en el país.
Caso Formosa: la primera condena efectiva
Es en este panorama convulsionado, un caso marcó un antes y un después. Entre junio y julio de 2024 en el paraje rural formoseño, se viralizó la caza ilegal de un yaguareté (Panthera onca) a manos de cuatro hombres: Máximo Cisneros, Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León. El hecho generó una ola de indignación que se extendió a todo el país.
Dado que la especie fue declarada Monumento Natural Nacional por Ley N.º 25.463, cuando el material llegó a manos de Ana Magdalena Gutiérrez, integrante del grupo de colaboradores para la conservación del yaguareté en la región chaqueña, se presentó una denuncia que dio origen a la investigación. Tras la orden de captura nacional, uno de los acusados fue detenido durante un allanamiento y los otros tres terminaron entregándose a las autoridades.
“Este yaguareté que cazaron en junio y julio del año pasado, fue avistado del campo a unos 50 kilómetros de la zona donde nosotros estábamos trabajando en dos oportunidades, el primer registro fue un febrero de 2024 y el segundo en marzo. Fueron las fotos que sirvieron para identificarlo”, explicó Lucero Corrales, coordinadora de la organización de conservación de Territorio Yaguareté.
Tras el juicio abreviado, el Juzgado Federal N.º 1 de Formosa, a cargo del juez Pablo Morán, dictó una sentencia considerada histórica: tres de los cuatro acusados fueron condenados a dos años de prisión de cumplimiento efectivo, bajo modalidad domiciliaria. El cuarto recibió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional. La sentencia también estableció una reparación económica por el daño ambiental.
Así, por primera vez en la Argentina una causa por la caza de un yaguareté llegó a una condena penal con prisión de cumplimiento efectivo. Según la Fundación Red Yaguareté, la organización llevaba entonces más de 75 causas judiciales vinculadas con hechos contra la especie sin una condena de estas características.
Esto marcó un importante precedente: “Estamos contentos con la sentencia y con cómo se dio el procedimiento, que fue bastante rápido, para lo que suelen ser este tipo de causas. Creemos que la ley tiene que cambiar y debe ser incluso un poco más firme”, afirmó Corrales en representación de Territorio Yaguareté.
Este primer antecedente toma relevancia de nuevo este año. El comerciante Carlos Chagra quien se filmó en 2022 mientras le daba caza a un yaguareté en Formosa, fue condenado a tres años de prisión en suspenso y una multa de $5 millones. Cuatro años después del suceso, el juzgado Federal N°2 lo reconoció como autor del delito, lo que marco la segunda condena provincial por la caza ilegal de una especie protegida.
¿Quiénes trabajan en el territorio?
Corrales, que también es coordinadora de la Territorio Yaguareté en el Gran Chaco desde 2020, explicó las principales problemáticas que enfrentan las iniciativas de conservación del yaguareté. Esta especie se encuentra por encima de la cadena trófica al no tener un predador natural, por lo que solo los humanos lo hemos llevado a su situación actual.
“El efecto sobre la cacería, sobre la situación del yaguareté en Argentina es bastante alto. Diría que está dentro de las tres principales amenazas junto a los desmontes y la disponibilidad de presas”, precisó. Al actuar simultáneamente, dichas amenazas generan un impacto devastador sobre la especie.
La Administración de Parques Nacionales también identifica entre sus principales amenazas la pérdida y fragmentación del hábitat, la cacería y la disminución de presas. Pero cada territorio enfrenta dificultades diferentes. “Por ejemplo, en la provincia de Misiones, el atropellamiento puede llegar a ser una amenaza muy grave, pero en el Chaco no estamos teniendo registros”, añadió.
En la zona chaqueña, la cacería directa de este felino está relacionada a una medida de represalia de los productores ganaderos y de las comunidades locales que tienen mucho temor percibido de la especie. “La cacería pareciera ser una actividad más de las generaciones pasadas, pero sin embargo, las noticias nos muestran que todavía sigue vigente, que hay muchísimo trabajo por hacer y más en áreas donde hay poca información, donde hay poca presencia institucional”, mencionó la experta. De este modo, otro desafío parece ser transformar la percepción de las comunidades sobre el yaguareté.
Sin embargo, modificar dicha percepción requiere de recursos continuos y equipos que puedan recorrer el monte, visitar familias, llevar información y trabajar en las escuelas. La dificultad se encuentra principalmente en la amplitud del territorio. En el Gran Chaco los programas de conservación llegan a muy pocas comunidades, en Santiago del Estero no se tienen datos de la presencia de este felino, y en Salta son más escasos y aislados. A estas dificultades, vinculadas con la extensión del territorio, se les suma la falta de personal disponible.
Con los recursos disponibles, desde Territorio Yaguareté trabajan principalmente en el marco de la coexistencia con las comunidades: “Tratamos de llevar información, de cambiar la percepción, de hacer el monitoreo de los individuos, de fotografiarlos con cámaras trampa, poder conocer si estos animales se desplazan hacia otros lugares e identificarlos, ponerles un nombre y hacer actividades en las escuelas”, explicó Corrales.
A su vez, Corrales vincula la importancia de la concientización con casos como el de Formosa del 2024: “ellos (los acusados) afirmaron que no conocían la protección del animal, que no es suficiente para no ser condenado, pero demuestra que cazar un yaguareté, para ellos era algo normal”, precisó la experta.
Del monte a la ruta internacional del tráfico de fauna
En cuanto a otro caso relevante, la Subsecretaría de Ambiente, a través de la Brigada de Control Ambiental (BCA), participó en abril de 2025 en un allanamiento tras una denuncia anónima a un taller clandestino dedicado a la práctica de taxidermia en Berazategui que operaba sin habilitación. En el taller fueron secuestradas piezas de fauna silvestre múltiples.
Pieles de yacaré y pecarí, especímenes embalsamados de ciervos, renos, búfalos, antílopes, cebras, carneros Marco Polo, Tar del Himalaya y otros. Entre ellas, se hallaron especies exóticas y protegidas, originarias de otros continentes como Asia, África y América del Norte, lo que apuntaría a una posible red internacional de tráfico silvestre.
“Hay estudios que demuestran que las partes que se comercializan en Argentina van hacia Asia, y son utilizados como parte de la medicina tradicional china, por ejemplo. No podemos demonizar a esta cultura, pero sabemos que eso está llevando a la extinción de las especies”, explicó Corrales. En caso de tráfico ilícito de fauna o piezas de animales se aplican dos leyes: el Código Aduanero para el control fronterizo y las sanciones por contrabando, y la Ley Nº 22.421 para las multas y decomisos de los animales y sus derivados, además de las penas de prisión por los delitos específicos previstos.
Así, la protección de este felino emblemático de la fauna argentina no depende únicamente del marco legal. También requiere fortalecer los controles, las instituciones encargadas de su aplicación, los recursos destinados a la conservación y el trabajo sostenido con las comunidades que comparten territorio con la especie.
