El asesinato de un alumno de 13 años en Santa Fe encendió las alarmas sobre un fenómeno que los datos ya venían advirtiendo: el bullying, la discriminación y los conflictos escolares.
Sucedió el 30 de marzo pasado. Era la hora de la formación. Los alumnos de la Escuela Normal Mariano Moreno N.º 40 de San Cristóbal, Santa Fe, esperaban el izamiento de la bandera cuando un estudiante de 15 años sacó una escopeta de un estuche de guitarra y abrió fuego. Ian Cabrera, de 13 años, murió en el lugar. Otros ocho compañeros resultaron heridos.
El hecho fue el primer tiroteo escolar letal en Argentina en más de dos décadas. Lo que vino después no fue menos alarmante: en las semanas siguientes, cientos de escuelas de todo el país amanecieron con amenazas de tiroteo escritas en los baños, circulando en grupos de WhatsApp y publicadas en TikTok e Instagram.
La Justicia de San Isidro acumuló más de 600 denuncias en solo 48 horas. Mendoza registró 25 episodios similares. Hubo alertas en Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Buenos Aires y CABA, que obligaron a las fuerzas de seguridad a desplegar operativos en decenas de establecimientos educativos de forma simultánea.
Argentina, entre los países con más bullying del mundo
El tiroteo de San Cristóbal no surgió de la nada. Según la Organización Mundial Bullying Sin Fronteras, Argentina se ubica entre los diez territorios con mayor cantidad de casos de bullying a nivel mundial. Entre mayo de 2024 y mayo de 2025, la organización documentó al menos 140.000 casos graves de bullying y ciberbullying en el país; un récord desde que comenzaron las mediciones en 2013.
En ese mismo período se registraron al menos 111 muertes vinculadas al acoso escolar, ya sea por suicidio u homicidio, junto a 44 tentativas de homicidio y 99 tentativas de suicidio. Buenos Aires y el Conurbano concentran cerca del 30% de los casos registrados en todo el territorio nacional.
Las Pruebas Aprender revelan más violencia escolar en el país
Más allá de los casos extremos, los datos estructurales también encendían señales de alerta. En julio de 2025, Argentinos por la Educación publicó el informe Desafíos de convivencia en la escuela primaria, basado en las Pruebas Aprender 2023 —los últimos datos disponibles que abordan el tema en profundidad—. Según ese relevamiento, 6 de cada 10 alumnos de sexto grado reportan haber sido víctimas de alguna forma de agresión —física, verbal o digital— durante el año escolar. Y casi 4 de cada 10 afirman haberse sentido discriminados.
Los datos revelan además una tendencia que empeora con el tiempo: el porcentaje de estudiantes que dice sentirse solo en la escuela casi se duplicó entre 2016 y 2023, pasando del 19% al 36%. Quienes se sienten incómodos o fuera de lugar también aumentaron, del 30% al 40%. La escuela sigue siendo valorada, pero para una parte significativa del estudiantado se convirtió en un espacio más hostil.
Para Pablo Mainer, fundador de Hablemos de Bullying y vocero de Argentinos por la Educación, estas cifras tienen una lectura que va más allá de la estadística: “Lo que vemos también es una normalización de las situaciones. Los chicos dicen que tienen amigos, que les gusta ir a la escuela, pero también que fueron testigos o víctimas de agresiones. Eso muestra cómo esas situaciones se asumen como parte natural de lo que tiene que ser la institución”.
El Ministerio de Seguridad vinculó el tiroteo escolar con subculturas digitales e incel
El 8 de abril, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, brindaron una conferencia de prensa conjunta con conclusiones que cambiaron la lectura del caso. La investigación descartó que el ataque respondiera a un brote psicótico o a una situación de bullying convencional.
Según Monteoliva, el agresor participaba activamente en subculturas digitales violentas de alcance transnacional, en particular la True Crime Community —una red de comunidades virtuales que glorifican los tiroteos masivos y los promueven como modelo a imitar—. La Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) detectó al menos 7 expedientes judiciales en Argentina vinculados a episodios con características similares.
Pullaro agregó que la investigación detectó además indicadores vinculados al movimiento incel, caracterizado por discursos de odio dirigidos principalmente hacia las mujeres. Ambos funcionarios remarcaron que se trata de estructuras descentralizadas, sin organización física, que operan de forma transnacional y encuentran en las plataformas digitales su principal espacio de radicalización.
Monteoliva advirtió que el fenómeno había sido detectado en al menos 15 casos en Argentina en los últimos dos años, con otras investigaciones en curso. Al cierre de la conferencia, había dos detenidos y el análisis forense de dispositivos electrónicos continuaba abierto.
Instagram y TikTok, claves en el hostigamiento y la violencia escolar
La irrupción de las redes sociales extendió el alcance de la violencia más allá del aula. Un adolescente con un celular y una cuenta anónima puede hoy suspender clases, movilizar patrulleros y ocupar los noticieros. Las amenazas que se viralizaron tras San Cristóbal siguieron esa lógica exacta: mensajes cortos, fechas concretas, propagación en TikTok e Instagram.
Al respecto, Pablo Mainer, señala: “Hoy no existe la dinámica del bullying sin algún anclaje en redes sociales o en alguna plataforma de mensajería. Los conflictos se amplifican porque no hay tiempo ni espacio. Cada vez que ese chico lee ese mensaje y lo vuelve a leer, le genera la misma ansiedad“.
El especialista también señala que las redes sociales están reconfigurando la subjetividad de los jóvenes desde la infancia: “Los chicos no desarrollan bien su empatía atravesados por las pantallas. Vemos chicos que no saben resolver un conflicto entre ellos, porque nunca lo aprendieron. Se enfrentan en la escuela y no desarrollaron ese tipo de habilidades”.
Además, alerta sobre un efecto poco discutido: “Existe el efecto contagio en todas estas situaciones. Se va generando un caldo de cultivo en las redes donde se naturaliza el odio, y los chicos por estar tanto en ellas van configurando su subjetividad de una manera muy distinta a como lo hacíamos nosotros”.
Bullying en escuelas argentinas por apariencia, gustos e identidad de género
La violencia en las aulas adopta múltiples formas, muchas de ellas invisibles para los adultos. Según Aprender 2023, el 36% de los estudiantes de sexto grado afirma haberse sentido discriminado en la escuela —porcentaje que sube al 42% en las escuelas estatales y baja al 21% en las privadas. La brecha también es territorial: mientras en la Ciudad de Buenos Aires lo declara el 26% de los alumnos, en Chaco asciende al 49%.
Cronología de los principales episodios de violencia armada en escuelas argentinas (1997–2026)
Los motivos más frecuentes son el aspecto físico (13%), los intereses y gustos personales (11%) y la orientación sexual, identidad o expresión de género (9%). También aparecen la vestimenta (8%), las calificaciones (7%) y el lugar de nacimiento (7%). Las diferencias visibles —en el cuerpo, en los gustos, en la identidad— siguen siendo fuentes de exclusión desde edades muy tempranas.
En cuanto a los conflictos entre pares, el 34% de los estudiantes reconoce haber agredido a un compañero, el 56% dice haber presenciado situaciones de violencia, y el 46% reporta haber recibido mentiras, amenazas o agresiones físicas o verbales.
Protocolos, operativos y sanciones: la respuesta de las provincias a la violencia escolar
Frente a la crisis, los gobiernos de las principales jurisdicciones respondieron con medidas de emergencia. Su alcance varió según el distrito.
Ciudad de Buenos Aires
El jefe de Gobierno Jorge Macri activó un protocolo específico junto a la ministra de Educación, Mercedes Miguel, y fue directo: “No se trata de una broma pesada, es un delito“. El protocolo establece controles de ingreso con revisión de mochilas, obligación de llamar al 911 ante cualquier amenaza y prohibición de suspender clases de forma automática ante avisos no verificados.
Las clases perdidas deben recuperarse obligatoriamente y las familias de los responsables de amenazas falsas podrían enfrentar sanciones económicas. Más de 48 mil familias firmaron además compromisos de supervisión del uso digital de sus hijos, en el marco de una iniciativa que promueve aulas libres de celulares.
Provincia de Buenos Aires
El gobierno bonaerense formalizó un protocolo de intervención con un circuito institucional claro —directivos, inspectores, justicia— y con denuncia obligatoria ante la fiscalía. El documento también hace un pedido explícito: no viralizar las amenazas en redes ni en grupos de mensajería, ya que la difusión amplifica el fenómeno y genera nuevas réplicas.
Santa Fe
La provincia tomó las medidas más duras: el gobierno de Pullaro avanzará judicialmente para cobrarles a los responsables el costo de cada operativo policial, estimado en entre 5 y 6 millones de pesos. Aun cuando intervengan menores no punibles, las actuaciones generan antecedentes que pueden limitar su futuro. Solo en un viernes de la semana posterior al tiroteo se registraron 65 incidencias en toda la provincia.
La respuesta de las escuelas al bullying: medidas tardías y poca prevención
Cuando ocurre un conflicto, ¿qué hace la escuela? La estrategia más extendida es el diálogo directo entre docentes o directivos y los estudiantes involucrados: el 87% de los alumnos de sexto grado la menciona como respuesta habitual. Le siguen las notas al cuaderno de comunicaciones (52%), las reuniones con familias (51%) y las charlas o talleres reflexivos (28%). Las estrategias con mayor potencial preventivo —espacios de participación, actividades reparadoras, orientación escolar— son mencionadas apenas por el 11%.
Para Mainer, el diagnóstico es claro: “Las escuelas tienen una actitud muy reactiva. Se actúa sobre los emergentes, pero no se trabaja en prevención. No está ese proyecto de convivencia escolar real, que es distinto a un protocolo. El proyecto de convivencia es un proyecto vivo, del cual forman parte todos: la familia, los chicos, los no docentes, los directivos. Faltan esos abordajes más transversales”.
El especialista también advierte sobre intervenciones mal aplicadas: “A veces se usa la mediación escolar en situaciones donde está contraindicado. Sentar al agresor con el agredido en la misma mesa cuando hubo mucha violencia no corresponde, porque hay una diferencia de poder. Eso lo vemos muy común en las escuelas”.
Y agrega un punto que pocas veces se discute: “Los docentes no reciben formación para esto. Les enseñan contenidos, que está muy bien, pero los mandamos a la selva. La escuela es el lugar donde aprendemos a sociabilizar, y eso también tiene que enseñarse”.
Evidencia internacional sobre prevención del bullying
La investigación internacional es clara sobre las intervenciones más efectivas. Un metaanálisis del Center for Global Development que analizó 43 estudios rigurosos identifica como enfoque más efectivo el llamado whole-school approach o enfoque integral de toda la escuela: transformar la cultura institucional a través de acciones coordinadas que involucren a estudiantes, docentes, directivos, familias y actores comunitarios.
Entre los programas exitosos se destaca el Good School Toolkit en Uganda, que redujo en un 42% la violencia física ejercida por docentes. En Pakistán, el programa Right To Play disminuyó en un 37% la victimización verbal entre pares. En Latinoamérica, un programa experimental en escuelas secundarias de Perú combinó talleres de sensibilización con una plataforma anónima para reportar violencia, logrando también reducir la tasa de deserción escolar.
Mainer coincide con esa evidencia desde la práctica: “Los proyectos más efectivos son los que ponen el foco en que todos los chicos sean posibles observadores protectores de situaciones. Siempre decimos: sin espectadores no hay show. Si cambiamos el contexto y favorecemos que los compañeros actúen, reducimos las probabilidades de que esto pase”.
Lo que tienen en común estas experiencias es que no esperan al conflicto para actuar: cambian las normas y rutinas de forma proactiva e involucran a toda la comunidad educativa en un proceso sostenido. Argentina, por ahora, sigue mayoritariamente respondiendo al conflicto una vez que ya ocurrió, con estrategias que abordan la consecuencia, pero raramente atacan la causa.
Nueva ley de imputabilidad cambia la edad penal de menores a 14 años
El tiroteo de San Cristóbal abrió también un debate sobre el marco legal. En el momento del ataque, el agresor de 15 años era considerado “no punible” según la legislación vigente, lo que generó una fuerte discusión pública sobre los límites del sistema penal juvenil.
Sin embargo, en febrero de 2026 el Congreso argentino aprobó una reforma que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La norma establece un plazo de 180 días para entrar en vigencia —con efecto a partir del 5 de septiembre de 2026— y marcará un cambio en cómo el Estado responde legalmente a los delitos cometidos por menores.
Violencia escolar en Argentina: un problema que requiere respuesta sistémica
San Cristóbal no fue un caso aislado ni el producto de una sola causa. Fue la expresión extrema de un fenómeno que los datos llevan tiempo advirtiendo: la violencia entre pares es cotidiana en las escuelas argentinas, la discriminación afecta a millones de niños y niñas desde la primaria, y las redes sociales amplifican los conflictos más allá del aula.
La respuesta no puede ser solo policial ni exclusivamente pedagógica. Requiere un enfoque que anticipe, involucre y sostenga en el tiempo: más equipos de orientación, más espacios de participación estudiantil, más formación docente y más trabajo con familias. El problema ya estaba, solo falta que el país lo mire de frente.
