Un acuerdo que sacrifica el medio ambiente a cambio de una superproducción de cerdos con destino a China

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La carne porcina es la más consumida a nivel mundial y China representa casi la mitad de ese consumo. El país asiático se vio obligado a sacrificar un millón de cerdos debido al brote de la peste porcina africana (PPA) en 2019. En este contexto Argentina emerge como actor fundamental para la provisión a China.

Se trata de 25 granjas que se instalarán en suelo argentino, cerca de pueblos o ciudades que le brindarían mano de obra en zonas donde haya producción de soja y maíz para alimentar a los cerdos. Argentina llegaría a producir 900.000 toneladas en cuatro años, con ese incremento de producción, nuestro país podría cubrir las necesidades de China, así también conseguir divisas. Pero ¿Hasta qué punto este negocio es sustentable a nivel ambiental y social? ¿Cuál sería el costo a pagar a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué relación existe con el surgimiento de nuevas pandemias? ¿Quiénes son los que finalmente cargan con las consecuencias de este tipo de acuerdos?

China se ha convertido en el principal consumidor de carne de cerdo. Sin embargo, desde la PPA, el país asiático tuvo que bajar la producción quedándose con un déficit cercano al 40% que son unas 20 millones de toneladas de carne que necesita comprar al exterior. Ahí es donde entra Argentina. El 6 de julio de este año, el canciller Felipe Solá y el encargado de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, iban a firmar un “memorándum de entendimiento” con el gobierno de la República Popular China para instalar en la Argentina una serie de megafactorías de cerdos. En principio se estima la crianza de entre 10 y 25 mil madres, con el empleo de entre 300 y 400 personas. Vale recordar que China es un socio fundamental para Argentina. No solo en lo comercial -recibe el 10% de nuestras exportaciones-, sino también como financiador -invierte en diversos proyectos argentinos- y por el swap financiero (acuerdo firmado en 2014 y renovado en varias oportunidades), que hoy representa el 45% de las reservas del Banco Central. Con el acuerdo porcino se podría lograr más de USD 2.800 millones en inversiones. Según un informe publicado por la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN), esta situación conllevaría a producir 2.200.000 toneladas de maíz y 750.000 toneladas de soja para la alimentación de los cerdos, con la consecuente necesidad de 290.000 y 250.000 hectáreas cosechadas; lo cual contempla la duplicación de las emisiones de gases de efecto invernadero así como el consumo de 12.000 millones de litros de agua potable adicionales por día sin contabilizar el agua utilizada para la limpieza.

100 millones de cerdos

Lo más llamativo es que los primeros en hablar de este acuerdo no fueron productores porcinos sino el laboratorio Biogénesis Bagó, propiedad del grupo INSUD del empresario Hugo Sigman, la misma persona que planea fabricar la vacuna contra el COVID. El laboratorio había lanzado un comunicado el 8 de enero donde explica que: “Frente a la crítica situación que está viviendo China y la cercanía de Biogénesis Bagó con los principales productores de cerdo de ese país, surgió la posibilidad de acercar a las partes para trabajar en una asociación binacional para pasar de una producción de 6 a 100 millones de cerdos en un período de 5 a 8 años”.
Argentina hoy tiene uno de los mejores status del mundo como país para criar cerdos, ya que los mayores cultivos en el país son de maíz y de soja, pero podría pasar a ser el peor si no se tomaran medidas racionales para evitar el colapso ecológico y una crisis sanitaria. Para producir 900 mil toneladas de carne se necesitaría aumentar el stock actual de animales y nada de esto se produce sin un costo humano, es una característica del agronegocio: se avanzará con el desmonte y el monocultivo para la producción de maíz y soja, destinado a los cerdos, en desmedro de las poblaciones cercanas a las instalaciones de estas mega factorías. Esto sumado a los grandes volúmenes de agua necesarios (12 mil millones de litros diarios) para la producción sin contabilizar el agua para la limpieza.

En este sentido Guillermo Folguera, biólogo, filósofo e investigador del CONICET, asegura que el tema del agua no es menor: “Hay lugares como Chaco, donde hay sequía producto del fenómeno de la soja transgénica. Es el fenómeno de la pampeanización, que trata a toda la Argentina como si fuera la pampa húmeda, lo que nos llevó a un acuerdo entre gobernadores que disputan por llevar estas factorías a sus provincias dándole la espalda a la comunidad local”. El biólogo asegura que detrás del acuerdo hay cuestiones que no quedan claras como por ejemplo en qué regiones del país se instalarán las megagranjas y bajo qué condiciones laborales se someterá a quienes trabajen dentro de ellas.

Estas granjas industriales significan un caldo de cultivo para la evolución de nuevos patógenos. Si se avanzara con el acuerdo, “se esperan contaminaciones de cuerpos de agua mediante la liberación de nitritos, nitratos, amoníaco, antibióticos, con aparición de nuevas zoonosis, como la que estamos sufriendo ahora con la pandemia”, advierte Guillermo Folguera. Por otro lado desde Unipork, un Consorcio de Exportación de Carne de Cerdo de Argentina, se asegura que existen diversos tipos de tratamiento de los cultivos de soja y de los excrementos de los animales, que impiden que se desgaste el suelo y con la instalación de biodigestores. A su vez considera que hoy China es una alianza estratégica para aumentar las exportaciones y descarta las posibilidades de que el acuerdo lleve al país a un colapso ambiental. Sin embargo pareciera que la cuestión no es tan fácil de controlar. Claudio Demo, chacarero de familia y productor porcino de Río Cuarto advierte sobre el riesgo sanitario : “Debido al hacinamiento que se genera en estas granjas, los animales deben recibir antibióticos preventivos, que es lo que come la gente cuando recibe la carne de cerdo en su plato”. En esta misma línea plantea una diferencia con las empresas porcinas más grandes: “Nuestros criaderos son ineficientes si lo mirás desde el punto de vista del capital, pero desde lo ambiental estamos a un nivel superior porque mis cerdos pasan el año en pastoreos rotativos, en alfalfa. Los fertilizantes que usan las grandes empresas más los excrementos que luego arrojan al agua contaminan las napas”. Además sostiene que en un plazo de tres años los pequeños productores podrían ir abasteciendo al mercado interno si aumentaran la producción local.
Otro punto para discutir a nivel estructural es que son proyectos que inciden fuertemente en la desigualdad social porque generan enriquecimiento de algunos sectores, pero también el empobrecimiento y el éxodo de muchos sectores aledaños. “Se intensifica un proceso que tiene Argentina que es la migración a los cordones de pobreza, porque las megafactorías van a instalarse cerca de los sectores más empobrecidos, de eso no hay duda”, asegura el biólogo.

La amenaza de los agrotóxicos

Frente a este contexto, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), propone alternativas. Lucas Tedesco, vocero de la UTT y productor porcino en el partido de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, considera la posibilidad de apostar a 3.000 granjas mixtas con 300 madres y un acuerdo donde estén presentes los pequeños y medianos productores. Tedesco asegura que este no es un tema nuevo, sino que viene desde la llegada del liberalismo, acompañado del uso del glifosato y de la soja transgénica en la Argentina a mediados de los 90: “Felipe Solá, quien agitó la entrada de la soja transgénica, favoreciendo el monocultivo y despojando a las personas de sus tierras”. Andrea Massip, productora porcina en Canning, Provincia de Buenos Aires, y miembro de la UTT, se dedica a trabajar en este sector con su marido hace tres años y, como pequeña productora, asegura que es muy complicado debido a las presiones que ejerce el Estado. Asimismo considera el tema de los agrotóxicos como un gran problema: “En mi zona si se instalaran las fábricas se destruiría el ecosistema y las comunidades se desplazarían; lo bueno sería que el Gobierno acompañe a los que producimos a pequeña escala, porque no hace falta contaminar para producir”.

Y si bien desde Cancillería anunciaron vía Twitter que no se iba a discutir el tema hasta noviembre, en las tratativas se reconoció que no estaba ni el Ministerio de Salud, ni el de Ambiente, participando de las negociaciones; se supone que habrá una incorporación de un artículo que dice que se respetarán las leyes ambientales. De hecho, ninguno de los ministerios informan sobre el memorándum. Entonces el problema es que este tipo de políticas no fomentan economías integradas con el ambiente ni el desarrollo de industrias locales.
Folguera cita el caso del pueblo de Freirina, en Chile, con la instalación de estas granjas se realiza un mal tratamiento y manejo de los excrementos de los animales. La narrativa a corto plazo es que las poblaciones cercanas empiezan a sentir los efectos: “Se llena de olor a mierda, empiezan a aparecer las moscas que son vectores de enfermedades, y la gente empieza con problemas gastrointestinales, problemas respiratorios y problemas de salud mental”, comenta Folguera. Detrás de la propuesta hay una mirada productivista, que parece apostar a una suerte de solución mágica a los problemas argentinos de la recesión económica y a la pobreza. Es ahora el momento para entender que todas las luchas están vinculadas, entenderlo colectivamente, que exigir como sociedad vivir en un ambiente sano, amparado por el artículo 41 de la Constitución Nacional, es necesario exigir políticas serias y sustentables en el tiempo, para impedir a los gobiernos que avancen sobre los pueblos y sobre el ambiente. Habrá que generar una conciencia no sólo discursiva sino activa, porque pende sobre un hilo la existencia de las futuras generaciones.

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