Punto Convergente

Más de la mitad de los subtes no tiene acceso para personas con movilidad reducida

Los subtes deben adaptarse a la movilidad reducida
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Por: Camila De Andrea Y Oriane Federico

Según el último censo nacional del año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen 131.419 personas (el 4,64%) que cuentan con  alguna dificultad o limitación motriz, el cual dificulta el caminar y subir escaleras. En la actualidad, las infraestructuras de los subtes son unas de las tantas problemáticas que las personas con movilidad reducida deben afrontar día a día, debido a la falta de ascensores y salvaescaleras en los accesos. Las personas de  movilidad reducida (PMR) son aquellas que tienen permanente o temporalmente limitada la capacidad de desplazarse  sin ayuda externa. 

En 2018, la empresa de la Ciudad de Buenos Aires que tiene a su cargo la administración de la red de subtes, su desarrollo, expansión y el control de la operación del servicio, SBASE, presentó un plan de Acciones a Corto Plazo para mejorar la accesibilidad al Subte. Su objetivo principal era lograr que el 48% de las estaciones de la ciudad cuenten con accesos habilitados para 2021. 

A tres años, solamente un 46% de las estaciones de subte están aptas para su uso. SBASE no logró el objetivo propuesto Además, estos últimos años los accesos se vieron afectados por la pandemia. Sin embargo, los ascensores no siempre están en funcionamiento por eso es necesario informarse en la página de Metrovías (Medios de elevación 2021 – Metrovías) antes de dirigirse a la estación correspondiente. 

Actualmente, la estación de subte que más accesos tiene habilitadas para personas con discapacidad es la A, ya que la mayoría de sus estaciones cuenta con ascensor habilitado.  En cuanto a las que tienen menos recursos se encuentran las C, la E, la H y la D  con menos de 10 accesos.  

En 2019, SBASE realizó una serie de proyectos que reforzaron la accesibilidad. Las obras ejecutadas en las estaciones de Retiro, Catalinas, Correo Central y Diagonal Norte fueron finalizadas. Por otro lado, hay algunos accesos que siguen en obra como el de 9 de Julio y Catedral. El coordinador de asuntos judiciales de Subterráneos de Buenos Aires, Hernan Alejandro Laurito explica: “Actualmente se encuentra en elaboración un plan específico de accesibilidad para personas con movilidad reducida en el marco de la ley 6132, que prevé en un horizonte a 20 años la ejecución de ascensores para dar accesibilidad en todas las estaciones cuyo diseño sea factible, atendiendo a los criterios de adaptabilidad y practicabilidad contemplados en dicha ley.”

Cecilia Garcia Rizzo, tiene distrofia muscular de cinturas y se moviliza en un tipo de silla de ruedas a motor “lo que sucede es que en la práctica es que cada día tenés que llamar por teléfono a Metrovías y preguntar si funciona el ascensor o escalera mecánica, de acuerdo a lo que necesites, en el punto donde subís y en el que bajas (o el recorrido que desees hacer). Y eso hace que nunca se pueda estar seguro de poder viajar.” Además, agrega que las personas con discapacidad no tienen la inmediatez para solucionar el problema utilizando otro medio de transporte. Esto genera que, las personas con movilidad reducida no viajen, lo que hace más difícil que asistan a su trabajo, a estudiar, a una reunión con amigos. 

Medidas realizadas

La ONG Rumbos, cuyo objetivo es impulsar la accesibilidad para todos, en un hábitat inclusivo. ​​Al referirse a los desafíos que tienen que enfrentar las personas con discapacidad, sostiene que, las personas con discapacidad tienen que anticiparse, debido a que un día funciona el ascensor y otro no: “No es un medio confiable, si funcionara bien o inmediatamente se arreglaran y se hiciera mantenimiento sería un medio de transporte accesible para muchos”, expresa la organización a través de su página web. 

Rumbos, se encarga de luchar por la reestatización del servicio de subterráneos, el mantenimiento y reparación de ascensores y salvaescaleras. La organización busca que las cuadrillas estatales esten a cargo de que el mantenimiento de los accesos sea realizado por empleados públicos. De esta manera, no sería necesario contratar empresas privadas donde se pierde el control del Estado sobre la capacidad de los empleados.

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