Arreglos innecesarios, sobreprecios y cobro repetido de expensas, son algunos ejemplos del manejo irregular de fondos que se lleva a cabo, muchas veces, con la complicidad del consorcio que designa al administrador y que concreta los ilícitos.

Un administrador de consorcios suele llevar a cabo arreglos mediante la contratación de empresas y trabajadores amigos. Estos, con previo acuerdo, inflan los precios dejándole una comisión a quien lo contrató. Las consecuencias se hacen notar en la falta de infraestructura que no se puede solventar mediante los fondos recaudados del edificio.

Esa operatoria, que parece ser usual, fue explicado por el presidente del Centro Argentino para la Transparencia Inmobiliaria (CATI), Ricardo Tondo, quien aseguró haber estado “del lado de las mafias”. Luego de hacer un mea culpa decidió enfrentarlas poniéndose del lado del consumidor.

Para Tondo, existen dos tipos de maniobras fraudulentas que se producen cuando no existe interés de los inquilinos por corroborar números o cuando existe complicidad para facturar arreglos que nunca se realizaron. Afirma el presidente del CATI: “Entre el amiguismo con empresas, cada proveedor hace un sobreprecio. Lo mismo ocurre con los albañiles o cerrajeros particulares. Yo enfrente estas mafias y quebré tres veces por sus denuncias, una paradoja”

Jaime Zaidenstat es uno de los perjudicados por ese tipo de maniobras, quien debió pagar más de $30.000 por supuestas expensas adeudadas. Cada expensa paga fue presentada al ratificar su denuncia, sin embargo, los pagos no estaban asentados por el administrador. “El administrador y el consorcio están enlazados en una red de corrupción en conjunto con el dueño del edificio y se dedican a estafar principalmente a personas mayores”, sentencia Jaime.

El administrador decidió llevarlo a la Justicia como deudor pese a las pruebas. Su propio abogado le confesó que estas causas nunca se resuelven ni se tratan a fondo. El propietario reconoció la ayuda que le brindo Ricardo Tondo en su lucha contra la administración.

La presidenta de la Asociación Civil de Defensa del Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal (Adeproh), María Mercedes García, considera que estos casos son “los que mas se ven en el día a día” y los mas difíciles de comprobar. Con 20 años en el rubro inmobiliario critica: “El administrador conoce un mercado, donde hay distintos proveedores de gas, plomería, electricistas y albañiles. El administrador se va llevando comisiones y va encareciendo las expensas”, denuncia.

La licenciada García opina que si se trata de arreglos, siempre van al mismo proveedor. También aclara que mediante las auditorias realizadas por su asociación, la mayor parte del dinero sucio yace en los ascensores sin mantenimiento y arreglos cobrados pero nunca realizados y añade: “Hay complicidad también entre el encargado y el administrador, quienes en vacaciones alquilan sin avisar al propietario”.

Por ultimo agregó: “El no pago de cargas sociales, que es un ilícito enorme, figuran en la liquidación que fueron pagas y resultan que no pagaron, o figura que pagaron con sellos falsos, además de precios inflados. Cuando lo auditamos, lo confesaron y tuvo que pagar por ello el administrador”.

El último informe realizado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires muestra que del total de los administradores de edificios solo la mitad está inscriptos en el Registro Público de Administradores. El cual posee 12 empleados quienes no han logrado resolver las mas de 5000 denuncias a las administraciones y consorcios.

El 30% de estas denuncias, son de complicidad del consorcio (integrado por propietarios) contra los inquilinos en la designación de un administrador que genera una comisión que luego es repartida entre los implicados, es decir, el consorcio. El resto de las denuncias según el informe, varían entre faltas de reglas básicas de seguridad y así como también, falta de mantención.

El presidente de la Liga de Consorcistas, Osvaldo Loisi sostiene que: “El principal problema acerca de estos informes radica en que el Registro no cuenta con personal capacitado y no podemos saber exactamente que dice ni como se resuelven las denuncias” . Y enfatiza “la única manera de resolver esto es la participación de los propietarios, no dejar pasar por alto irregularidades como el amiguismo para las contrataciones.”

Para Loisi, es un problema cultural en el cual se pretende que intervenga el Estado. Sin embargo, cree que la complicidad entre el Consejo de la Administración (ente regulador que aconseja al consorcio) y el administrador es mucho mas fuerte que con el consorcio y se debe investigar a futuro ya que donde hay dinero de por medio y poca regulación, el riesgo de corrupción es muy alto.

En el Conurbano Bonaerense, la situación se agrava al no poseer un ente regulador. En la localidad de Avellaneda, la martillera publica Marta López dueña de una de las inmobiliarias mas importantes de zona sur, considera que “en la provincia todo es mas difícil de controlar” respecto de la Ciudad de Buenos Aires. Además, desaprueba al consejo de la administración ya que “es inútil, solo puede aconsejar”.

Por ultimo, notifica de la nueva modalidad, el arte como lavado de dinero: “Cobran un cuadro o pintura para decorar el hall del edificio que sale $200 a precio inflado, como $5000 y eso va directo a los bolsillos de las mafias administrativas”.

Al igual que Loisi, comparte que el consejo de la administración no cumplir con ninguna función efectiva, y además presentan informes favorables al administrador. Este informe es dado a conocer en todo el edificio haciendo parecer que todo esta en regla, cuando en realidad es todo falso.