Cuando Sergio Sánchez puso un pie en Ezeiza vestido con su uniforme azul con franjas fluorescentes, en medio de un grupo de argentinos que viajó a la misa de asunción del papa Francisco, fue el único abordado por siete cámaras de televisión. La escena le parecía surreal a él, que a inicios de este siglo llegaba en el acoplado de un camión a cartonear en la Ciudad de Buenos Aires, apremiado por el hambre de sus hijos. Los cronistas se peleaban por hacerle preguntas al “cartonero amigo del papa”, un testimonio de gran valor mediático cuando Francisco recién empezaba a hacerse conocido como el “papa del pueblo”.
Dos años después, de nada valió que Sánchez fuera cercano al líder más carismático del mundo: sus reclamos seguían sin ser escuchados y ya no había cámaras para que pudiera hablar frente a ellas.
El titular de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (FACyR) y líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se encadenó junto a otros compañeros a una carpa frente al Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad (MAyEP). Hizo huelga de hambre durante tres días hasta que Agustín Casal, titular de la Dirección General de Reciclado, los recibió para escuchar sus reclamos. “Mientras a Macri le entregaban un premio en San Francisco por su gestión en reciclado, a nosotros nos prometían cosas que no cumplían —explica Sánchez sobre sus días en cadenas—. No se dan cuenta de que, como recicladores, somos los verdaderos cuidadores del medio ambiente”.
La formalización de los cartoneros como servicio público —rebautizados recuperadores urbanos, por su rol medioambiental— fue en 2012, aunque diez años antes ya habían sido integrados al Servicio Público de Higiene Urbana por la ley 992. Hace tres años se hizo un llamado a licitación en el que compitieron algunas cooperativas: 12 entraron en el contrato que se firmó con el MAyEP. El Plan de Recuperadores Urbanos incluye, entre otras cosas, un incentivo, camiones para la logística, obra social, jubilación, uniformes y el acondicionamiento de los centros verdes, unos galpones en donde los trabajadores de las cooperativas enfardan la basura reciclable que recogen.
La firma del contrato con el Gobierno de la Ciudad fue un grandísimo paso para quienes hasta hacía unos pocos años eran perseguidos por una policía que, dice Sánchez, sólo se calmaba si se le pagaba “un peaje”. Los cartoneros pasaron de ser “ladrones de basura” a ser considerados actores primordiales del sistema de higiene urbana. “Fue una gran inversión inicial —sostiene Claudia Neira, legisladora porteña por el Frente para la Victoria—, pero después se quedaron atrás: hoy, el presupuesto de la Dirección de Reciclado (DGRec), que gestiona los contratos de las cooperativas, es 10 veces menor que el de la Dirección de Limpieza (DGLimp), que se ocupa del servicio de recolección de residuos húmedos”.
El presupuesto 2015 para la DGLimp es de casi 600.000 millones de pesos, mientras que el de la DGRec es de poco más de 650 millones de pesos, pero fuentes cercanas al MAyEP aseveran que ese número no se ve reflejado en la práctica, ya que se elaboran partidas para destinar fondos a otros programas o direcciones. Asesores de Neira señalan que la DGRec no podría derivar los fondos destinados a las cooperativas por contrato porque sería pasible de una demanda judicial por incumplimiento.
Según el MAyEP, el 44% de las 6.000 toneladas de basura que producen los porteños por día son recicladas, número al que contribuyen los recuperadores urbanos. No obstante, asegura el equipo de Neira: “Todos los días llegan al relleno sanitario del CEAMSE miles de kilos de basura reciclable, que no es separada en origen porque las cooperativas están tapadas de trabajo”.
Promesas sin cumplir
Entre las 12 cooperativas del plan de Recuperadores Urbanos se encuentra El Ceibo, fundada por Cristina Lescano, una mujer que quedó desocupada en 1989, justo cuando los precios en Argentina subían al infinito. Lescano creó ese año la primera cooperativa de reciclaje organizada de la ciudad. Estableció su sede central en una casa tomada en Palermo, en la que conviven con varias familias, y desde allí comenzó a reclutar cartoneros, que hoy son más de 300.
En El Ceibo denuncian que tienen su logística agotada: los camiones que les brinda el Gobierno de la Ciudad por contrato llegaron sin ruedas de auxilio y el mantenimiento es “casi imposible” cuando reciben 2.400 pesos por parte del gobierno y “una rueda cuesta alrededor de 10.000 pesos”. Los uniformes, sostienen, llegaron una sola vez en tres años, y además, a contramano: recibieron camperas en diciembre y remeras en julio.
Alicia Montoya, responsable del equipo técnico de la cooperativa El Álamo, explica que el Gobierno de la Ciudad está retrasado en la entrega de alambre para enfardar y que en el centro verde que ellos gestionan “hay capacidad ociosa por falta de obras”. Asimismo, en una nueva zona en donde El Álamo tenía que incorporar a los recuperadores independientes y agrandar su servicio, “el gobierno incumple el 100% del contrato”, ya que no les habilita vacantes para que los nuevos trabajadores puedan tener los mismos derechos que los demás. Montoya ve que la “tecnificación” que busca el gobierno de Mauricio Macri para las cooperativas está mal encauzada: “Le dieron un premio a una aplicación para el celular para que pudieras pedir, desde tu casa, que un recuperador vaya a buscar los reciclables que dejás —dice—. Lo que no pensaron es que el servicio no es a demanda: cada recuperador tiene una zona y un circuito que debe realizar todos los días”.
La falta de compañeros para poder cumplir correctamente con el trabajo es un problema que tienen varias cooperativas y, sumado al agotamiento de la logística, hace que la recolección de reciclables empiece a ser deficiente. En algunas existen recuperadores que no reciben el incentivo del gobierno pero que tienen un sueldo por las ganancias de la venta de los fardos de cartón, plástico, vidrio y metal. Sin embargo, tal como explicó Montoya, no poseen los mismos derechos que los formalizados. Por ejemplo, en El Ceibo hay 310 empleados: 98 entran dentro del cupo de los que están en blanco. Los otros 212 reciben un sueldo mensual que sale de las arcas de la cooperativa en su totalidad.
Horacio Feinstein, miembro de la Comisión de Ambiente y Espacio Público de la comuna 14, cuenta además que muchas no tienen balanzas propias —o las tienen, pero en muy mal estado— por lo que es muy fácil que los mayoristas, que pagan por kilo de material recibido, los engañen: “Los mayoristas son pocos, por lo que formaron un monopsonio, el precio al que ellos compran el material enfardado es infinitamente menor al de la venta posterior que hacen”.
Un futuro incierto
Alicia Montoya cree que detrás de la falta de compromiso por parte del gabinete de Macri —que en su caso, es del 100% en una de las zonas que deberían gestionar— se encuentra un objetivo: “Demostrar ante la opinión pública que las cooperativas no pueden gestionar la recolección de residuos secos y, en el futuro, cambiarnos por empresas”. En enero de 2017 vence el contrato actual y los rumores cada vez se acrecientan más. Sánchez, “el cartonero amigo del papa” afirma que, si el rumor se cumple, están “dispuestos a dar vuelta la ciudad”.
Las cooperativas no se cansan de denunciar que su estructura y su logística está agotada, aunque según Horacio Feinstein, en el MAyEP no opinan lo mismo: “Yo mismo escuché en una reunión de la comisión que se reúne para evaluar el cumplimiento de la Ley Basura Cero cómo el ministro Cenzón los trataba de vagos”. Sergio Sánchez dice que nunca recibió ese reclamo por parte del Gobierno de la Ciudad, pero mantiene la calma con los supuestos dichos del ministro porque asevera que dentro de las cooperativas “hay de todo” y que no hay que olvidar que los recuperadores son “trabajadores que vienen de una informalidad extrema, y que no están acostumbrados a trabajar como una empresa”.
En los hechos, las empresas ya están ganando terreno: la falta de control de los grandes generadores —restaurantes, hoteles y fábricas, entre otros— que están obligados a separar y hacerse cargo del traslado de sus residuos por ley, deja una “zona gris” para que entren las empresas privadas de recolección, que levantan todo, aunque no estén separados, y luego apartan lo reciclable, por lo que le quitan trabajo a las cooperativas, aseguran desde El Ceibo. Consultado reiteradas veces por CincoW, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público no respondió a las acusaciones.
“Si lo que el Gobierno de la Ciudad quiere hacer es una ayudita caritativa para los recuperadores, como parece, no es lo que queremos —concluye Alicia Montoya, de El Álamo—. Nosotros queremos demostrar que podemos trabajar eficientemente; deseamos la formalización como trabajadores, como sujetos con derechos y obligaciones: no como receptores de migajas”.
*La autora ganó el premio a la Investigación Periodística que otorga la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).
Un oficio histórico
La historia del “cirujeo” comenzó a fines del siglo XIX, con la quema municipal de basura. Alrededor de los terrenos donde se organizaba la quema, se creó un barrio marginal conocido como “el barrio de las ranas”: allí, las personas que hurgaban en la basura y buscaban material para vender a los acopiadores eran conocidos como “cirujas”, por ser considerados los “cirujanos de la basura”.
Los cirujas fueron casi expulsados de la ciudad por la creación del CEAMSE en 1977 y la disposición final de la basura como relleno sanitario, sin importar su condición de reciclable. A mediados de la década del 90, con el aumento de la desocupación, resurgieron como “cartoneros”.
El oficio tuvo su pico en el período posterior a la crisis económica de 2001: se calculaba que eran alrededor de 20.000 sólo en la capital: fue la época del famoso “tren blanco”, que los transportaba de provincia a la ciudad para que pudieran cartonear. La visibilidad de lo marginal tuvo, ante la opinión pública, su lado oscuro: se los acusó de ensuciar la ciudad y robar basura.
Hoy, reivindicados como cuidadores del medio ambiente, se estima que los recuperadores urbanos son 8.000, de los cuales alrededor de 4.500 están cooperativizados.
*Fuente: Francisco Suárez (2007). Recuperadores Urbanos de Residuos (cartoneros), inclusión social y sustentabilidad. XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, Guadalajara.
