En los últimos 18 años se perdieron más de 40 mil chicos en Argentina

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Desde el 2003 se perdieron más de 40 mil chicos en Argentina y el Estado no tiene una base de datos actualizada para poder encontrarlos. Esta base es crucial para evitar casos como el que relata Belén Quellet.

Belén fue voluntaria de Personas Perdidas por muchos años. “Hace muchos años, antes de que se unificaran las bases de datos, se perdió un chico menor de edad, de 10 años. Su nombre y su apellido eran como dos nombres, como decir ‘Miguel Bruno’. Cuando lo encontró la policía, le dijo que su nombre era ‘Bruno’, no su apellido. La policía avisó a un juzgado de menores y lo derivaron a un hogar de menores”, contó la joven.

Y agregó: “Dos meses después, el juzgado de menores, con dos secretarías, se dio cuenta de que una había tomado la denuncia de pérdida del niño, y la otra había intervenido en ponerlo en un hogar de menores. Nunca se enteraron de que era el mismo chico”.

Esta base se denomina Base de Datos Federal y está a cargo del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas (RNIPME). A través de un Pedido de Acceso a la Información Pública, el Ministerio de Justicia y Derechos humanos informó que el RNIPME no cuenta con datos actualizados de los casos sobre niños, niñas o adolescentes perdidos en Argentina en 2019, 2020 y 2021. Su justificación fue que los recursos se vieron muy limitados por la crisis sanitaria originada por el coronavirus en 2019.

De acuerdo al Informe de Gestión del 2019 y 2020, el RNIPME “fue afectado en su conformación al sufrir reducción de personal y se limitó a la recepción de información y seguimiento de casos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, por decisión de orden presupuestario”. Esta situación dificultó la articulación en el accionar del Poder Ejecutivo, fuerzas policiales y de seguridad y entidades abocadas a la búsqueda de personas.

El 28 de septiembre de 2008, la familia Herrera salió con amigos a pasar un domingo de esparcimiento en el camping John Goodall, ubicado 59 kilómetros al sur de Río Grande.

Tal como expone el informe, las acciones que contempla el Plan de Acción del Gobierno no fueron completadas por múltiples razones, entre las que se encuentran: la reducción del personal, la pérdida de articulación institucional con los organismos municipales y provinciales y la ausencia de una plataforma virtual de entrecruzamiento de datos.

De esta manera, el documento confirma que el RNIPME “sigue careciendo de una Base de Datos y guarda la información de los ingresos y seguimientos de las búsquedas en un programa en Excel que dificulta el entrecruzamiento de manera remota”.

María Elena, su marido Fabián Herrera y su hija Sofía se detuvieron en un supermercado a comprar comida y luego en una estación de servicio donde se encontraron con Noemí Ramírez y Silvio Giménez, quienes a su vez estaban con sus hijos de 2 y 9 años.

El grupo llegó al camping situado en el kilómetro 2.893 de la Ruta Nacional 3, en dos autos que estacionaron cerca del camino.

El RNIPME fue creado a través de la Ley 25.746 sancionada en 2003 y depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El artículo 2 de la ley establece cuáles son los objetivos del RNIPME: “El Registro tendrá como objetivos centralizar, organizar y entrecruzar la información de todo el país en una base de datos sobre personas menores de quienes se desconozca el paradero, así como de aquellos que se encuentren en establecimiento de atención, resguardo, detención o internación en todos los casos en que se desconociesen sus datos filiatorios o identificatorios y de aquellos menores que fueran localizados”.

Belén explicó cómo inició la idea de esta organización: “Personas Perdidas es una idea de Red Solidaria, un movimiento que no tiene personalidad jurídica, pero nació de la idea de conectar al que necesita con el que puede dar. Cuando nos llegó el primer caso de un menor desaparecido, la mamá nos llamaba diciendo ‘se perdió mi hijo, no sé por dónde buscarlo’. Desde ahí empezamos a activar mecanismos de orientación”, indicó.

Si bien en la actualidad el Registro no cuenta con una Base de Datos Federal, a través de un Pedido de Acceso a la Información se notificó que el RNIPME sí tiene una base interna elaborada en Excel. Es por eso que gracias a los Informes de Gestión publicados en la web del Registro (que comprenden hasta el año 2018 inclusive) y los datos brindados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se determinó la siguiente información.


Tal como refleja la información estadística, entre 2003 y 2014 hubo un total de 35.285 casos. En lo que respecta al año 2015, el Ministerio no proveyó datos, manifestando que el Registro sufrió un proceso de recomposición administrativa y saltaron directamente al 2016, ciclo en el que se registraron 3724 casos.

Para el 2017 fueron 2.571 los casos registrados. En 2018, los últimos datos registrados en la web fueron de 1.509. Por los datos obtenidos a partir de la solicitud realizada al Ministerio, se completaron los últimos tres años. En 2019 fueron 706 los casos registrados y 453 en 2020. Por último, durante los meses de enero y febrero correspondientes al 2021 se registró un total de 152 casos.

Belén explica por qué es importante que la información esté actualizada: “Las bases de datos y los sistemas de información se mejoran a partir de incorporar toda la información que tienen las personas. Este niño estuvo en un hogar de menores innecesariamente, porque la información no se cruzó. Esto mejoró a partir de un registro de menores perdidos y encontrados”.

Teniendo en cuenta que el RNIPME trabaja continuamente con las estadísticas, se pudieron hacer generalizaciones en base a las variables más recurrentes entre los niños, niñas y adolescentes en búsqueda. Es así que el mayor porcentaje de los casos se encuentra ubicado en la franja etaria que comprende los 13 a 17 años. Por otro lado, se concluyó que el 61% de los casos corresponde a mujeres y el 39% a hombres.


Atendiendo a que el RNIPME no es más que un receptor secundario de las notificaciones que recibe de autoridades policiales o judiciales sobre niños, niñas y adolescentes perdidos o desaparecidos, era necesario un sistema de búsqueda que sirva de común denominador para la acción de las fuerzas policiales y de seguridad y las entidades que colaboran con la búsqueda de las personas menores extraviadas.

Es por eso que en 2016 y mediante un decreto, se creó el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), en la órbita de la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Este Sistema tiene como objetivo coordinar la cooperación entre el Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial, los Ministerios Públicos, las demás carteras del Poder Ejecutivo Nacional y cualquier otro organismo o ente centralizado o descentralizado del orden Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que intervenga en la búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas y el hallazgo de personas no identificadas o cuya información pueda ser de utilidad para dar con el paradero y/o identidad de las mismas.

Alrededor de las 11.00 horas de ese día los padres comenzaron a llamar a Sofía, de tan sólo tres años, que se había alejado un poco, pero la nena no respondía. Nunca más la vieron.

Se calcula que 300 personas rastrillaron la zona una y otra vez ni bien se conoció la noticia, mientras las autoridades ordenaban controles en los automóviles y en la frontera con Chile ubicada a 140 kilómetros del lugar.

En diálogo con la UCA, María Leticia Risco, Coordinadora del SIFEBU, habló sobre el manejo de los casos previo a la creación del Sistema: “Había en el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos un programa, el Registro Nacional de Menores Extraviados, que estaba dentro de ese Ministerio pero no estaba focalizado en entender el fenómeno con la cuestión delictiva” y agregó: “A nosotros lo que nos interesaba era que quienes tienen que investigar los casos (fuerzas de seguridad y fiscalías) tengan herramientas eficientes”.

Risco también comentó cuáles son las herramientas que el SIFEBU proporciona para la coordinación del accionar de las diferentes fuerzas que intervienen en los casos: “Una de las herramientas más valiosas que tenemos es el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y permite una búsqueda en tiempo real a nivel nacional. En 2014 se creó la Unidad de Búsqueda, que cambió el paradigma de trabajo. Nos convocaron para coadyuvar en la búsqueda de Luciano Nahuel Arruga, un caso emblemático, un caso frío. Desde ese caso tienen un registro de personas NN”.

El SIFCOP es un sistema informático de comunicación destinado al intercambio y consulta interjurisdiccional, en tiempo real, de información vinculada a las medidas ordenadas por la autoridad judicial competente de orden Federal, Nacional, Provincial y de CABA. Tiene como objetivo fortalecer la cooperación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos y optimizar las comunicaciones policiales, coadyuvando en la conformación de una Base de Datos única a nivel nacional.

“Con Missing Children lanzamos Alerta Sofía, conocida como Alerta Amber en otros países, para casos de niños desaparecidos con riesgo inminente de vida. La comunicación con las ONGs es permanente. Quien nos hace de interlocutor es Juan Carr de Red Solidaria, que hace otros movimientos de campaña por su lado”, comenta Leticia sobre la acción conjunta del SIFEBU y organizaciones de búsqueda externas.

Además, la Coordinadora advierte que a pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, los ministerios y el Sistema, muchas veces las personas no aparecen: “Hay casos en los que se ponen todos los recursos a disposición y la persona no aparece. En los casos de intervención del SIFEBU, un 70% de las personas aparecieron y el 30% restante sigue siendo buscado”.

Quellet explicó cómo actúan las ONGs en la búsqueda de las personas: “Personas Perdidas es un sitio web de voluntarios con la idea de orientar a una familia que ha perdido un familiar. Los casos nos llegan por teléfono, mail o un mensaje de WhatsApp. Nosotros trabajamos en conjunto con las autoridades provinciales y nacionales”.

Actualmente el caso está a cargo del juez de instrucción 2 de Río Grande, Daniel Cesari Hernández. Los padres de Sofía nunca dejaron de buscarla y este año (2021), la niña cumpliría 17 años.

Belén considera crucial la responsabilidad y capacitación de todos los niveles de búsqueda de personas para mantener la información completa: “Cuanto mayor compromiso tenga cada funcionario judicial, cada comisaría, cada persona involucrada cuando se recibe una denuncia de este tipo, la información y la base de datos mejora muchísimo. Nos falta comprometernos más con ser rigurosos con esta información, tener en cuenta la situación de cada persona y saber qué es prioritario”.

De igual manera, Martín Giovio, voluntario de Red Solidaria desde hace nueve años, cuenta la importancia de la difusión en las primeras horas de la desaparición: “El tiempo nos ha enseñado que hacer mucho ruido, en las primeras horas, es decisivo. El 80% de las búsquedas finaliza exitosamente en las primeras 72hs, por eso es clave comunicar en los lugares habituales de la comunidad cercanos a la persona perdida”.

Tanto Belén como Martín comentan que desde el primer momento las familias se contactan con las organizaciones para acelerar la búsqueda y difundir la imagen de los menores. El soporte que brindan las ONGs es muy importante para acompañar a los familiares en una instancia de desesperación e incertidumbre.

Así también lo cuenta Ana Rosa Llobet, presidente de Missing Children: “Nosotros nos comunicamos de inmediato con la familia. Nuestro trabajo parte del asesoramiento y acompañamiento a esa familia que está en una situación muy compleja. Les pedimos que hagan la denuncia de inmediato, si es que no la hicieron, que nos manden copia enseguida para que podamos difundir la imagen del niño o niña buscado. Les pedimos fotografía, y una vez que recibimos la documentación empezamos a difundir por todos los medios posibles, en nuestra página y redes sociales”.

En 2018, el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó a través de una resolución cinco protocolos de actuación. Entre ellos el Protocolo de Toma de Denuncias y el Protocolo de Actuación ante el Hallazgo con vida de un Niño, Niña y Adolescente. Ambos establecen el camino que deben seguir los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Nacionales y Provinciales que adhieran a los protocolos.

Los casos fríos

La Guía Práctica para la Búsqueda de Personas contiene herramientas y recursos para diseñar la investigación ante la denuncia de desaparición de una persona. Esta guía está destinada a magistrados y operadores jurídicos del Ministerio Público Fiscal (MPF) y fue publicada en 2014.

En la guía se mencionan los casos fríos como aquellas “investigaciones penales que no se han resuelto y con el tiempo han quedado sin movimiento, a la espera de la aparición de una nueva evidencia que permita redireccionarlos”. Teniendo en cuenta que mientras una persona esté desaparecida, el Estado debe persistir en su deber de búsqueda, se establecieron algunas medidas que pueden llevarse a cabo cuando las hipótesis de investigación se agotaron.

“No es la actualización oficial realizada por la Justicia, pero es una de las mejores imágenes que he visto de ella. Está sonriente, tan real que me sorprendió verla, y tuvo mucha repercusión en las redes. Ojala eso nos ayude a encontrarla”

Madre de Sofía sobre la última actualización del rostro de la niña

Si bien el tiempo promedio que se suele considerar para que un caso se ‘enfríe’ oscila entre uno a tres años, Leticia Risco explica que más que el paso del tiempo es el agotamiento de las medidas de búsqueda: “Si se han impuesto todas las medidas de búsqueda que se pueden y la persona no ha sido encontrada, entonces quedamos en una postura más reactiva de ofrecer una recompensa, se espera que haya algún movimiento de información que llegue a la causa para reimpulsarla. Independientemente de eso siempre hay información que se sigue trabajando de manera periódica”.

Las medidas que propone la guía implicarían la búsqueda de cadáveres mediante rastrillajes y el cruce de huellas dactiloscópicas y datos genéticos (ADN), entre los cadáveres NN encontrados en distintos lugares del país y las personas desaparecidas que están siendo buscadas. “Ponemos a disposición recursos como divisiones especializadas en búsquedas, equipos de rastrillaje, perros de búsqueda, área científica, georadares que detectan anomalías en suelo y recompensas”, adhiere Risco.

Por su parte, las organizaciones también mantienen la búsqueda de los ‘casos fríos’ activa: “Cuando hace mucho tiempo que una persona está perdida lo que hacemos es intentar darle difusión y mantener su búsqueda activa en el sentido de la comunicación, porque como no tenemos recursos, lo que apelamos es a que la comunidad no solo se entere sino que se involucre”, comenta Belén.

En esta misma línea, Martín explica cómo Red Solidaria colabora a mantener activa la búsqueda de los casos fríos: “Aprovechamos en espectáculos deportivos y culturales de gran masividad para seguir difundiendo la imagen de cada persona perdida”.

“Para nosotros siguen vigentes como el primer día, mantenemos el contacto con las familias. Eso es muy importante porque sienten que hay alguien que se sigue ocupando de la búsqueda. Y por supuesto seguimos difundiendo la imagen hasta que el menor aparece, no importa cuánto tiempo haya pasado. La difusión sostenida permite muchas veces que , aún después de mucho tiempo, alguien reconozca a ese menor y aporte la información para que pueda ser ubicado”, explica Ana Rosa Llobet, presidente de Missing Children.

Fuente: https://unaperiodistaenproceso.wordpress.com/

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