Hace doce años, el Congreso sancionó la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley N°26.061), con el objetivo de velar por la protección y promoción de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales. La figura del Defensor/a del Niño surge a partir de esta Ley para que intervenga y trabaje en todo el país; sin embargo, casi 13 años más tarde, ese cargo no lo ocupa nadie.
Los niños, frente a un Estado que no cumple con esta ley sancionada en 2005, siguen siendo los más afectados. Según el Índice de Pobreza Infantil del INDEC publicado en 2017, el 39,7% de los chicos menores de 14 años son pobres. Si bien hace poco más de un año se firmó una resolución en el Congreso para terminar de nombrar a un ciudadano en el cargo de Defensor del niño, es importante destacar que el Estado estuvo ausente en este aspecto por más de 10 años en el marco del cuidado y amparo del niño argentino. Si bien se sancionó y promulgó la ley, no se cumplió con lo sancionado en la misma (ley N° 26.061).
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El artículo 49 de esta ley aclara que el cargo de Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes “deberá ser designado dentro de los noventa días de sancionada esta ley”, algo que debería haber ocurrido a los tres meses de la sanción, es decir, en enero del 2006. “La irresponsabilidad es del Estado, en especial, del Poder Ejecutivo como del Legislativo, ya que se trata de una figura que se designa tras un proceso especial de selección a cargo de una Comisión Bicameral. Se trata de una obligación estatal que hasta el día de hoy no se ha cumplido”, señaló Marisa Herrera, abogada especializada en temas de familia, infancia y adolescencia.
Según una radiografía realizada por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina en 2017, seis de cada diez chicos son estructuralmente pobres en la Argentina. Para hacerlo más claro, más de la mitad de los niños argentinos son pobres. Ante este dato, la designación del funcionario -aún vacante- es un mandato constitucional y una necesidad urgente. “¿Acaso el defensor del niño no debería ser, por esencia o de manera estructural, una figura de control? Parecería que al Estado, en su rol de garante principal de los derechos humanos de las personas, pero en especial y primordialmente, de los más vulnerables como lo son los niños, niñas y adolescentes, no les caería bien que se los controle. Me parece que se debería ser más profundo y entender que este tipo de figuras en definitiva, coadyuvar y son un aporte a la labor del Estado y a los demás actores sociales que tienen a su cargo llevar adelante políticas de diverso orden y niveles en pos de la satisfacción de tales derechos que titularizan niños, niñas y adolescentes”, sentenció Herrera, también investigadora del Conicet.
Ante el incumplimiento de la ley N°26.061 sancionada en 2005, la campaña de difusión masiva y recolección de peticiones ciudadanas y una acción judicial colectiva entre fundaciones y ONGs, crece. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Fundación Sur Argentina, la Asociación Civil por los Derechos de la Infancia, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Fundación Poder Ciudadano son unas de las organizaciones que realizaron una acción de amparo colectivo para buscar que el mismo Congreso que debatió y sancionó la Ley en 2005, ponga fin a su omisión ilegal e inicie el procedimiento para la designación del Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
El juzgado que recibió este reclamo por parte de las ONGs, las reconoció como actoras representantes del colectivo de niños y niñas. “Admitir la lógica del control debería ser visto de manera positiva, como un buen ejercicio democrático de ver las falencias, los nudos críticos, las áreas de vacancia y las correspondientes propuestas para poder achicar la brecha existente entre satisfacción de derechos humanos y realidad. ¿Qué mejor que un organismo extra poder especializado pueda marcar, y colaborar en visualizar y en la co-construcción de una agenda pública en la materia? ¿Acaso la vorágine estatal no atenta contra ella misma, es decir, trae como consecuencia la cantidad de obligaciones incumplidas que cada vez son mayores y más disímiles en el marco de una sociedad cada vez más compleja?”, analiza Herrera con respecto a la poca intervención estatal respecto a este problemática.
En marzo del 2017, Gabriela Michetti y Emilio Monzó, ambos presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación -respectivamente-, conformaron la Comisión Bicameral para “sustanciar parte del concurso, presentar los antecedentes” y elegir a los candidatos para el cargo de Defensor del Niño. “Ahora falta el examen escrito y, por último, la audiencia pública”, aclaró la abogada especialista en la causa.
El funcionario que esté a disposición del bienestar de las niñas, niños y adolescentes, procurará no sólo atender problemáticas de carácter legal y jurídico, sino que también estar al pie de los niños azotados por la línea de pobreza que ataca hoy a la Argentina. Con una inflación que rodea el 20% y una economía que no muestra avances en el país, el desarrollo y crecimiento de los chicos es primordial: ¿qué le depara a esos niños en el futuro si no poseen una buena alimentación, un buen cuidado y carecen de educación? “Sin dudas, el Estado tiene siempre un rol importante”, afirma Abel Albino, médico pediatra dedicado a la desnutrición infantil. “La educación no es posible si no tenemos cerebros en óptimas condiciones. Si tenemos un cerebro cableado, entonces podemos educarlo. Si no tengo cerebros intactos no tengo qué cosa educar. En definitiva, un país se hace con miles de niños leyendo”.
