Argentina se encuentra en emergencia forestal. La mitad del desmonte que se produce es ilegal, según afirman desde Greenpeace. A su vez, la pérdida de bosques nativos durante 2020 en el norte del país fue de 114.716 hectáreas. En paralelo, el Presupuesto Nacional 2022 asigna $25 pesos para proteger una hectárea de bosque nativo por un año, según Fundación Vida Silvestre.

¿Qué está pasando con los bosques nativos?

La actividad forestal basada en las áreas de preservación nativa, específicamente en los bosques, está desarrollada en pequeña escala. No obstante, a pesar de que la actividad está congelada debido a la sanción de la Ley Forestal, no se ha limitado la existencia de tala y explotación del bosque de manera ilegal. La superficie de los bosques nativos ha disminuido notoriamente en los últimos años debido a la presión para que se produzcan cereales, oleaginosas y forrajeras, repercutiendo en la disminución de dicho recurso.

En la provincia de Salta, la deforestación de los bosques nativos alcanzó niveles altos, como consecuencia de la consolidación del modelo de agricultura industrial, por lo que es de vital interés, según los ambientalistas conservacionistas, analizar las acciones que se llevaron a cabo para realizar el Ordenamiento Territorial de los Bosques, y las desiguales condiciones con las que cuentan los distintos actores sociales para imponer y/o proponer un modelo de ordenamiento particular.

Varios de los desmontes se realizaron con permisos otorgados especulativamente por el gobierno de Salta antes de la sanción de la Ley de Bosques, y que luego fueron avalados por los gobiernos siguientes al no adecuar esos permisos a la nueva normativa forestal. 

Noemí Cruz, oriunda de Salta y directora de Campaña de Bosques de Greenpeace en Argentina, Chile y Colombia, quien a su vez trabajó diez años en la Delegación Técnica Regional Noroeste de la Administración de Parques Nacionales, compartió los siguientes datos: La pérdida de bosques nativos durante 2020 en el norte de Argentina fue de 114.716 hectáreas (Salta 20.962 hectáreas) y las emisiones por deforestación en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco durante 2020 fueron de 20.922.835,07 Tn CO2 equivalente. 

Los datos dan cuenta que en la provincia de Salta no se han respetado los presupuestos mínimos establecidos por la Ley de Bosques para la preservación de estos, ni tampoco restricciones o mandatos posteriores establecidos, por ejemplo, por la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia. 

El gobierno de Salta, además, a lo largo de los años, realizó recategorizaciones prediales a pedido de los propietarios de las principales fincas de la provincia, que modificaron lo establecido por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, lo que viola la Ley de Bosques. La provincia contaba con un importante presupuesto para fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Bosques. Sin embargo, no hay controles efectivos y los desmontes ilegales se multiplican.

La Ley de Bosques (Ley Nacional N°26.331)

En 2007 fue sancionada la Ley Nacional N°26.331 ”De Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos” que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. La Ley es el marco normativo actual para toda intervención sobre los bosques nativos del país.

Manuel Jaramillo, director General de Fundación Vida Silvestre Argentina, entidad asociada a la Organización Mundial de Conservación (WWF), apunta a que las responsabilidades hoy de implementación efectiva de la ley vigente son tanto de la Autoridad Nacional de Aplicación, en este caso es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de las Autoridades locales o provinciales, que son las diferentes direcciones de recursos naturales. Al mismo tiempo que recuerda la responsabilidad de la sociedad, de los profesionales y propietarios de promover y utilizar las herramientas que promueve la Ley de Bosques.

El Informe de estado de implementación de la Ley n.° 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, correspondiente a julio 2020, revela que los puntos positivos del desarrollo de la ley durante el periodo vigente del Gobierno actual, son: “Que se pueda observar una modificación en el escenario nacional de protección de bosques nativos y una visibilización de la problemática, junto con la importancia de la conservación de estos ecosistemas. Además, de fomentar una disminución progresiva en la tasa anual de deforestación en la Argentina, estabilizándose en los últimos años”.

Jaramillo, afirma rotundamente que “la Ley de Bosques hoy no está funcionando como corresponde”. “Y no es que lo crea yo por mi labor, sino que lo demuestran justamente los informes que hace el propio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que muestran que hay un amplio espacio de deforestación que a su vez incluye mucha que es ilegal – debido a que están desarrollándose en zonas de Categoría roja (III) y amarilla (II) –  en zonas prohibidas para la deforestación. Lo que falta aquí es mayor eficiencia y rapidez en el control y la fiscalización; falta la tipificación de la figura de delito penal para la deforestación, para que pongan sanciones más fuertes. No solo una sanción económica, sino la obligación de recuperar el bosque deforestado ilegalmente”, agrega.

Falta voluntad política tanto a nivel nacional como provincial, para identificar y sancionar a los responsables.

Manuel Jaramillo, Director General de Fundación Vida Silvestre

Estas declaraciones se conectan por completo con las de Emiliano Ezcurra, director Ejecutivo de Banco de Bosques, ex Greenpeace, quien remarca la existencia de una “absoluta falta de voluntad política de las provincias y las múltiples trabas que muchas de ellas ponen para que la Ley se respete”.

Por su parte, Cruz también se alza en respuesta: “Resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes e incendios forestales, y los responsables rara vez son obligados a reforestar. En muchos casos, es clara la complicidad de funcionarios; en el caso de Salta, se recategorizaron miles de hectáreas que la Ley protegía y se las desmontó, incluso territorios indígenas. Ahora, en  2021, se llamó a audiencias públicas para desmontar más hectáreas que en todo 2020, si bien el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos se encuentra vencido, la política actual tiene un sesgo de de hecho consumado respecto a los desmontes, ya que difícilmente por las audiencias lleguen a frenarlos, al no ser vinculantes, son desarrolladas como un simple paso administrativo, a la espera de poder avanzar apenas se les autorice”.

La ambientalista afirma que “si hubiera real interés en frenar la deforestación, no tendría ningún sentido continuar realizando audiencias” mientras que cuestiona que “estamos ante una emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad”. 

Sin bosques, es imposible pensar en que el planeta sobreviva, de ellos dependemos para nuestro sustento, regulación climática, alimentos, clima, medicinas, oxígeno, espiritualidad, etc.  La desaparición de los bosques nos aproxima cada día más al colapso.

Noemí Cruz, Greenpeace Argentina, Chile y Colombia

Para Cruz, más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Por ello, frente a esta grave situación, Greenpeace reclama que en forma urgente se prohíban y penalicen los desmontes y los incendios forestales. 

Presupuesto 2022, ¿cuánto valen los bosques?

El 12 de diciembre se dio a conocer, a través del Ministro de Economía, Martín Guzmán, que del Presupuesto 2022 “se destinarán $ 1.212 millones al Fondo de Bosques Nativos, según el proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional al Congreso, lo que representa un 3% del monto que debería asignársele por Ley, unos $ 40 mil millones”; así lo asume el periodista José Giménez.

Para comparar la situación de financiamiento, el Director de Fundación Vida Silvestre aportó datos acerca de las medidas y propuestas del Gobierno. Trae a la luz dichos del presidente de la nación, Alberto Fernández, quien expuso en su discurso de la COP26 que se tomarían “medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como delito ambiental”.

Jaramillo, junto a los expertos consultados, coincidieron en que, por el momento, estas declaraciones no se tradujeron en acciones gubernamentales concretas.

Además, Fernández dijo que se enviaría un nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, -algo que hasta el momento tampoco sucedió- cuestión que las organizaciones de protección ambiental consideran innecesaria, ya que creen que además de establecer una clasificación de delitos ambientales, debe ser correcta implementar la ley.

En sintonía, Ezcurra expresó que “no es necesario modificar ninguna ley; leyes sobran, falta cumplirlas”, mientras que su colega Cruz asume que la Ley de Bosques con las recategorizaciones prediales, ha sido socavada; la falta de presupuesto asignado, hace que las provincias tengan más excusas para cumplimentar los controles. Los desmontes ilegales continúan, como así también la tala de bosques”. Sin embargo, repara en que “se están gestando muchos movimientos de autoconvocados y jóvenes en defensa del monte”.

En cuanto a las reacciones sobre la asignación del Presupuesto 2022, según lo proyectado para la Ley de Bosques, se está pensando que $25 pesos al año -o $2 por mes- son suficientes para proteger una hectárea de bosque nativo. Jaramillo afirma que: “El presupuesto estipulado corresponde apenas al 3% de lo que debiera destinarse para la protección de nuestros bosques, si la ley se cumpliera correctamente. Si bien el monto en pesos es el mismo que se asignó en el 2021, el porcentaje disminuye en comparación al presupuesto anterior y se trata del más bajo desde la implementación de la Ley 26.331 en el año 2009”.