En el país, la problemática está tipificada por la ley y tiene mecanismos específicos de denuncia. Sin embargo, cada caso que llega a la Justicia expone la misma grieta: la distancia entre la normativa y la realidad.
Hace más de dos décadas, Argentina dio un paso clave en materia de infancia al sancionar la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La norma, aprobada en 2005, vino a redefinir las obligaciones del Estado y de todos los actores sociales frente a la vulneración de derechos.
La norma obliga a cualquier agente público a recibir y tramitar de forma gratuita una denuncia por vulneración de derechos. Las vías para hacerlo son múltiples: comisarías, fiscalías, hospitales o la línea 102, gratuita y disponible en todo el país. Docentes, médicos y funcionarios tienen además la obligación legal de notificar cualquier sospecha de maltrato. No hacerlo puede derivar en suspensiones, pérdida de licencia o juicio por mal desempeño.
La arquitectura del sistema: quiénes deben proteger
La ley no solo definió derechos; también diseñó el andamiaje institucional para garantizarlos. En el nivel nacional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) es el organismo especializado que diseña normas, elabora el Plan Nacional de Acción y supervisa instituciones públicas y privadas. Junto a ella funciona el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF), que articula las políticas públicas entre la Nación y cada provincia.
La ley también creó la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con facultades para recibir denuncias, interponer acciones judiciales y requerir el auxilio de la fuerza pública. En los niveles provincial y municipal, cada jurisdicción determina su propio órgano de aplicación y puede coordinar con organizaciones no gubernamentales que trabajen en la promoción y protección de derechos de la infancia.
Argentina no cuenta con un registro federal unificado de maltrato infantil, y la mayoría de las provincias no publica estadísticas anuales detalladas. Mendoza es la excepción, pues su Programa Provincial lleva casi tres décadas de funcionamiento y mantiene el registro más sostenido y público del país.
Sus números de 2025 son contundentes: casi 13 casos por día, el 45% por violencia física y el 33% por abuso sexual. A nivel nacional, 4 de cada 10 chicos afirma haber recibido maltratos en su casa o la de un familiar, y 7 de cada 10 dice haberlos sufrido a manos de alguien de su círculo íntimo.
Según datos del Programa Provincial de Prevención y Atención Integral del Maltrato a la Niñez y Adolescencia (PPMI) del Gobierno de Mendoza
Caso Ángel López y la negligencia de la Justicia
El niño tenía 4 años cuando ingresó al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. La autopsia reveló 22 golpes internos en la cabeza, lesiones que no correspondían al día de su muerte y que evidenciaban un patrón de maltrato sistemático.
Ángel había vivido desde su nacimiento con su padre, Luis López, y la pareja de él, Lorena Andrade, quien era la única figura materna que el niño conocía. Su madre biológica, Mariela Altamirano, lo había abandonado de bebé y reapareció en 2025 para reclamar la custodia.
El juez Pablo José Pérez, basándose en informes de la asesora de familia Verónica Roldán y la psicóloga Jennifer Leiva, resolvió otorgarle la tenencia a Altamirano. La decisión se tomó pese a que la madre ya tenía antecedentes de maltrato y le habían quitado la tenencia de otro hijo, y sin que las profesionales realizaran el informe ambiental de la vivienda donde habitaría el niño.
La maestra de Ángel había alertado sobre cambios conductuales drásticos, pero la falta de un sistema interdisciplinario impidió que esa información llegara a tiempo a la Justicia. Tras la muerte del niño, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut intervino al equipo técnico del juzgado, y las psicólogas fueron denunciadas penalmente por violación de deberes de funcionario público e informe falso.
El caso Lucio Dupuy y una nueva ley
Corría noviembre de 2021 y el país comenzaba a reponerse de la pesadilla de la pandemia, cuando el Covid-19 cedió su protagonismo en los medios ante un caso fatal de abuso infantil.
Lucio Dupuy tenía 5 años y vivía en Santa Rosa, La Pampa. Murió el 26 de noviembre a causa de los golpes y el abuso sexual perpetrados por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ella, Abigail Páez. Su cuerpo tenía fracturas, mordidas y quemaduras de cigarrillo… lesiones antiguas sobre lesiones recientes. Había sido llevado al hospital varias veces. Ambas fueron condenadas a prisión perpetua.
En mayo de 2023 se promulgó la Ley Lucio, con el objetivo de prevenir y detectar tempranamente situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.
La norma establece tres herramientas concretas:
- Capacitación obligatoria y permanente para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado.
- Reserva de identidad para proteger la integridad de quienes se animen a denunciar.
- Campañas nacionales de concientización semestrales en medios y redes sociales.
Dos años después, el caso de Ángel López demostró que, si bien la ley existe, el sistema que debe aplicarla sigue fallando en la detección temprana.
