Según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), entre enero y junio de 2020, bajó más de un 34% la sobrepoblación de presos de las cárceles del Servicio Penitenciario Federal.
Desde la PPN contaron que cuando el coronavirus comenzó a circular, diversos organismos internacionales de derechos humanos advirtieron a los países de todo el mundo sobre la necesidad de descomprimir las prisiones con el objetivo de solucionar los problemas de hacinamiento, que podrían generar grandes focos de contagios.
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) declaró que, en marzo de este año, se alojaban un total de 13.841 personas, cuando las cárceles federales tenían una capacidad para 12.694, por lo que el servicio se encontraba funcionando en un 109,04% de ocupación. En este contexto, Argentina decidió delegarle al Poder Judicial la facultad de solucionar la situación de superpoblación en las diversas cárceles del país.
Según una base de datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, con cifras oficiales del SPF, las medidas que se tomaron para descomprimir las cárceles impactaron de manera significativa en la población de cada uno de los establecimientos penitenciarios federales.
Para enero de este año, de 32 cárceles bajo la órbita del SPF, 19 contaban con exceso de población. Sin embargo, a fines de junio, solo ocho superaban la capacidad declarada, por lo que en seis meses bajó un 34,3% la superpoblación en estos complejos.
De este modo, mientras que en enero de 2020 las cárceles del SPF que se encontraban sobrepobladas registraban 1069 presos más de la capacidad permitida, en junio de este año habían 615 personas privadas de su libertad que excedían la capacidad de ocupación. Con respecto a estos números, Bernarda García, coordinadora del equipo de Estadística y Bases de Datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, dijo que “no se producía un descenso tan importante de población desde 2007”.
Motivos que llevaron al descenso de población en el SPF
Según explicaron desde la Procuración, una de las causas que llevó a la disminución poblacional en las cárceles, tuvo que ver con que cada juez y cada tribunal se encargó de revisar la situación de las personas privadas de su libertad que pertenecieran a los grupos de riesgo frente al virus y, sobre todo, de aquellas que estuvieran encarceladas por condenas cortas o que se encontraran detenidas, acusadas o condenadas por delitos no violentos.
Con el objetivo de reducir el riesgo de contagio por la sobrepoblación, se tomaron dos decisiones: por un lado, la concesión de arrestos domiciliarios, que se dio fuertemente durante los primeros meses del año y sobre todo en personas que estaban presas por delitos de drogas; y por el otro lado, la liberación de presos, que fueron personas que egresaron de las cárceles por libertades anticipadas.
El último Reporte Estadístico realizado por la PPN, que se refiere a la situación de la población privada de su libertad ante la emergencia sanitaria, señala que, entre el 12 de marzo y el 31 de octubre de este año, egresaron por lo menos 3986 personas, de las 32 cárceles que responden al sistema federal.
En cuanto a las medidas, García aseguró que “la liberación no fue masiva, en el único caso que sí se produjo un aumento muy fuerte fue en el caso de los arrestos domiciliarios, que son otra forma de pena alternativa a la prisión”.
Además, la coordinadora contó que la baja más fuerte de personas alojadas se dio durante los primeros meses del año y que, para fines de abril, se informó que ya no había sobreocupación general. Lo que ocurrió, fue que en ese mes la Justicia contrajo de forma considerable la concesión de arrestos domiciliarios.
Sin embargo, la Procuración advierte que la disminución de la población carcelaria no solo se debe a las primeras dos medidas. El 20 de marzo de 2020, la Dirección General de Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal estableció una disposición que prohibía el ingreso de nuevos presos al SPF.
Según explicó García, esto llevó a que se detenga a muchas personas en otros centros no penitenciarios que dependen de otras fuerzas de seguridad. Desde la PPN, pudieron obtener solo los datos que explican lo que ocurrió en los destacamentos y los centros no penitenciarios de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que aseguran que “hay una cifra oculta que no nos permite sostener claramente qué es lo que pasó con el encarcelamiento en pandemia”.
Si bien hubo una serie de modificaciones de esta disposición en los últimos meses y empezaron a ingresar más detenidos a las cárceles del SPF, García explicó que: “lo que nosotros seguimos viendo es que todos los centros no penitenciarios, las alcaldías de la policía de la ciudad y las comisarías vecinales están todas colapsadas, porque los traslados son mucho más contenidos, se hacen en una cantidad mucho menor a cómo se realizaban en tiempos pre-pandémicos”.
La procuración detectó que al 30 de noviembre de 2020 se encontraban, por lo menos, 462 personas alojadas en espacios de detención sólo de la policía de CABA. De ese total, 234 se encontraban en alcaldías y 228 en comisarías vecinales de la policía de la ciudad. Cabe destacar, que las alcaldías disponen de 130 plazas como capacidad máxima operativa, por lo que estos establecimientos también se encuentran sobreocupados.
El SPF en estado “crítico”
Aunque los datos pueden llevar a pensar que la situación poblacional en las cárceles federales mejoró considerablemente, la realidad es otra, ya que en noviembre de este año, el Servicio Penitenciario Federal se encontraba funcionando al 95% de ocupación, lo que hace que desde la Procuración señalen a la situación como “crítica”.
Si bien la cantidad de personas alojadas está por superar el 100% de las plazas disponibles, la situación se torna todavía más grave cuando se comprende cuál es el criterio que utiliza el SPF a la hora de referirse a la capacidad de alojamiento que poseen las prisiones. “El SPF entiende que una plaza de alojamiento se define por el agregado de una cama o un colchón”, contó García.
Esta determinación, sobre lo que consideran como una plaza disponible, va en contra de las recomendaciones definidas por distintos organismos de Derechos Humanos y cortes internacionales. En Argentina, un documento de la PPN define los estándares sobre condiciones materiales para establecimientos penitenciarios y establece que: las celdas individuales tienen que poseer como mínimo una superficie de seis metros cuadrados considerado como “espacio vital mínimo”, más dos metros cuadrados para el anexo sanitario, por lo que la celda tiene que tener un total de superficie mínima de 8 metros cuadrados.
Además de la violación del espacio vital mínimo que le corresponde a cada preso, Garcia asegura que “el servicio está permanentemente manipulando las cifras” y que los establecimientos del SPF “no garantizan los derechos básicos que las personas privadas de su libertad tienen previstos constitucionalmente”. Con esto, se refirió a la falta de espacios educativos y de trabajo para cada uno de los presos y, por sobre todas las cosas, al acceso a la salud.
Punto Convergente intentó conversar con el SPF, pero no se logró coordinar una entrevista con las autoridades para profundizar sobre estos puntos.
Una solución a la superpoblación
Ante el exceso poblacional en los establecimientos del SPF, la PPN sostiene que “la construcción de más cárceles lo que hace es brindar una solución casi momentánea o de corto plazo y pospone el problema para más adelante”. Es por eso que lo que proponen es hacer un análisis y una revisión sobre quienes son las personas que hoy están siendo privadas de su libertad.
Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), el delito predominante por el cual las personas están presas es el de drogas y quienes son encarceladas pertenecen a los eslabones más bajos de la cadena del narcotráfico. En este sentido, García plantea que se deben “encauzar los esfuerzos en los altos mandos de estas complejas redes de narcotráfico y pensar en penas alternativas para las personas de los eslabones bajos, porque sino lo que tenemos son prisiones colmadas de presos y presas que no revisten un peligro en términos sociales”.
El estado de las cárceles en Argentina es un debate que se arrastra desde hace años y que no logra generar consenso. Se ha vuelto evidente que la infraestructura de los establecimientos federales no da abasto y que se debe encontrar la manera de cambiar un sistema que termina siendo ineficaz y que atenta contra los derechos de las personas privadas de su libertad.
