Según UNICEF casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes en Argentina viven en la pobreza y son privados de sus derechos principales.

“Esto nos sobró de ayer”, dice Karen mientras termina la última galletita del paquete. Ella y Brenda, su hermana menor, se acercan todos los días a la avenida Paseo Colón para pedir dinero y conseguir el pan cotidiano. Bizcochitos, rodajas de pan, cualquier cosa viene bien cuando el hambre se impone. Karen y Brenda, a pesar de tener 11 y 8 años, no van al colegio, nunca tuvieron la posibilidad de usar un delantal o tener su propia cartuchera como otros niños.

Al igual que Karen y Brenda existen miles de chicos y chicas en la Argentina que viven en situaciones vulnerables. Según el informe que publicó el mes pasado UNICEF “Efectos de la situación económica en las niñas, niños y adolescentes de Argentina”, el 48% de los integrantes de estos dos grupos sufre al menos una privación en sus derechos básicos y fundamentales. La investigación indaga sobre los cambios del último año en las condiciones de vida de los hogares, el segundo cuatrimestre del 2017 contra el segundo del 2018.

Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF, explica: “Unicef hace estos informes en los países donde hay crisis. Queremos darle voz a los niños, sus familias y sus referentes porque ellos son los protagonistas, buscamos escuchar qué significa para ellos vivir esta situación compleja”.

A esta declaración se suma Carolina Aulicino, oficial de Políticas Sociales de UNICEF, quien declara, “expresarse es un derecho por eso visibilizamos y escuchamos lo que tienen para decir sobre la educación, la salud, sus entornos, sus barrios. Los chicos están al tanto de lo que hablan los mayores y eso les provoca angustia. Cuentan que no pueden jugar porque están recargados con tareas domésticas, de cuidado o porque tienen que salir a pedir plata. Lo que también se escucha en los relatos es estrés, malestar psicológico, aumento de la violencia, mayor incidencia del alcoholismo y drogadicción”.

“Queremos darle voz a los niños, sus familias y sus referentes porque ellos son los protagonistas, buscamos escuchar qué significa para ellos vivir esta situación compleja” (Carolina Aulicino).

El trabajo que no dignifica

Otros datos analizados por la organización que se encarga de promover los derechos de la infancia y la adolescencia, muestran que un 42% de los niños, niñas y adolescentes viven bajo la línea de pobreza y un 8,6 % vive en hogares que no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos.

Las situaciones económicas y sociales resultan un factor central a la hora de hablar sobre el ejercicio de derechos. UNICEF en su informe sobre el estado de la infancia en el 2005 declaró que justamente los niños y niñas que viven en la pobreza sufren la falta de recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide gozar de sus derechos y alcanzar su pleno potencial.

Un obstáculo común que tampoco les permite a los menores disfrutar al máximo sus derechos ni desarrollarse personalmente es el hecho de tener que salir a trabajar, lo cual en algunos casos tiene como resultado la deserción escolar. La Convención de los Derechos del Niño reconoce “el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad llevó a cabo junto al INDEC, a fines del 2017, una “Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes” con datos alarmantes: en el país hay casi un millón de chicos por debajo de los 18 años que se encuentran realizando actividades económicas, productivas o domésticas. Tanto en las zonas rurales como en el Noroeste y Nordeste argentino, las actividades se intensifican más que en las zonas urbanas.

Otro aspecto para remarcar son los actos de violencia que afectan a los niños y niñas. Más allá del daño y el dolor que provoca, la violencia quiebra el sentimiento de autoestima y hace mal a su desarrollo. La violencia contra los niños no discrimina, está presente en todas partes, en la familia, en la comunidad, en las instituciones y traspasa todos los sectores sociales. Los menores tienen derecho a recibir protección contra las agresiones ejercidas por cualquier persona de su entorno. Por esta razón, se considera fundamental poner en marcha políticas para limitar la violencia y fortalecer los marcos jurídicos y normativos que protegen a los niños frente a estas situaciones.

A los hechos de violencia familiar se suman los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de abuso sexual, en su mayoría mujeres. De acuerdo a las estadísticas en base a los llamados recibidos por las líneas telefónicas del programa “Las víctimas contra la violencia” de las 3.230 llamadas efectuadas entre el 2017 y 2018, el 61,5 % corresponden a estos dos grupos y dentro de aquellas el 61,2 % son del género femenino. Por lo general, los abusos tienen lugar en el ámbito privado (53%) y los agresores son en el 75% de los casos un familiar de los que el 40% es el padre y el 16% un padrastro.

Una dieta insuficiente

En cuanto a la nutrición, la harina y el azúcar componen de forma casi exclusiva la alimentación y la dieta de las familias en los sectores vulnerables. Con el aumento de los precios, cada vez se hace más difícil adquirir alimentos ricos en proteínas y nutrientes como la carne, la fruta y los lácteos, y como consecuencia de esto baja la calidad de aquello que se consume. En algunos hogares, la canasta de alimentos depende de los bolsones y cajas de alimentos o apoyos alimentarios gubernamentales. Sin embargo, puede ocurrir que estas ayudas no cubran totalmente las necesidades alimentarias o directamente que las familias vayan a buscar comida a los basureros.

Al hablar sobre la salud, UNICEF en su informe “Efectos de la situación económica en las niñas, niños y adolescentes de Argentina” señaló una disminución de la capacidad de cobertura estatal debido a los recortes en el gasto público y la reducción del personal de salud. Además, “hay un colapso por el aumento de la demanda y la falta de herramientas de intervención por el recorte en la cantidad de medicamentos, provisión de vacunas gratuitas, mantenimiento de los equipos de instrumental médico”. Las grandes brechas entre los hogares más pobres y los más ricos inciden en gran parte en la salud: la limitación de recursos financieros y el capital cultural dificulta la superación de los obstáculos geográficos, informativos y organizativos que separan a los servicios de salud de los beneficiarios.

“La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”, así lo establece la Ley de Educación Nacional 26.206 aprobada por el Congreso Nacional en diciembre del 2006. Si bien el sistema de educación argentino expandió su cobertura, los avances no alcanzan a todos los grupos de población por igual. También en este caso las diferencias entre las provincias son amplias y la probabilidad de acceder al sistema educativo disminuye entre las niñas y los niños que residen en los hogares más pobres.

“Invertir recursos para ayudar a que los niños, niñas y adolescentes sobrevivan y desarrollen plenamente y desarrollen plenamente su potencial, es ante todo, un imperativo moral y un derecho”, subraya UNICEF y recomienda expandir el gasto público, reforzar las políticas públicas y los sistemas de protección social.

Para Fernanda Paredes, oficial de Políticas Sociales de la organización, resulta primordial hacer hincapié en los derechos y políticas para los niños y adolescentes. “La infancia es un momento que no se recupera. La inversión en el gasto público debe priorizar a los niños, los servicios de salud y educación, los dispositivos de protección social. Es imposible pensar en una sociedad democrática cuando la mitad de los chicos tiene sus derechos vulnerados”.

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Como en 2001

“Mientras nosotros nos morimos de hambre, ustedes se sientan y no hacen nada”. Esa fue la frase con la que entre lágrimas Mateo, un niño de 8 años, enfrentó al Concejo Deliberante de Concepción durante una audiencia pública el miércoles 4 de abril. El video se viralizó por las redes y el hecho no tardó en llegar a los noticieros de todo el país. El pequeño había decidido acompañar a su madre que junto con otros vecinos reclamaron que no les alcanzaba para pagar los altos costos de las boletas de luz. Analía, la madre de Mateo, contó la situación de la familia: “No tenemos ni para comer y debemos pagar una factura de $1.300 cuando antes no pasaba de $300. Con los chicos vivimos con lo que conseguimos en un basural. Ellos tienen que hacer algo por nosotros. Tengo que darles de comer a mis hijos y no quiero que me corten la luz”.