En Mendoza y Tucumán, dos comunidades indígenas comparten la lucha para preservar sus prácticas ancestral y reclamar por sus derechos sobre el territorio
Las distancias geográficas no impiden que existan preocupaciones compartidas. En Uspallata, Mendoza, y en el Valle Calchaquí, Tucumán, comunidades indígenas sostienen formas de organización y prácticas culturales que se transmiten de generación en generación.
En Mendoza, la Comunidad Huarpe Guaytamari está ubicada en la zona de San Alberto, Uspallata, y trabaja desde hace décadas en la recuperación y transmisión de su cultura. En el Valle Calchaquí, Amaicha del Valle mantiene una forma de organización indígena que, según explica Eduardo Nieva, integrante de la comunidad, nunca interrumpió su gobierno ancestral.
Desde contextos diferentes, Liliana Herrera, integrante de la Comunidad Huarpe Guaytamari, y Eduardo Nieva, representante de Amaicha del Valle, describen las principales problemáticas que atraviesan a sus pueblos y los desafíos que enfrentan en el presente.
La tierra como punto de partida
Para Nieva, una de las principales preocupaciones de Amaicha es la seguridad jurídica del territorio. La comunidad se reconoce como preexistente al Estado argentino y cuenta con una cédula real otorgada por la Corona española en 1716, posteriormente protocolizada en 1892. Actualmente posee 52.802 hectáreas bajo propiedad comunitaria, aunque todavía reclama la recuperación de parte del territorio reconocido históricamente.
“Una de las preocupaciones mayores es recuperar y dar seguridad jurídica al territorio, principalmente, y eso es un problema de todos los pueblos indígenas en América Latina”, explica Nieva.
En Guaytamari, la cuestión territorial está atravesada por el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino S.A., destinado a la extracción de cobre y oro y ubicado a unos 25 kilómetros de la comunidad. Herrera advierte sobre los posibles efectos de la iniciativa sobre el ambiente y el territorio indígena.
“Este proyecto minero afectará también toda la biodiversidad, el patrimonio inmaterial de los pueblos indígenas y el agua, que es un derecho humano”, sostiene Herrera.
El área donde se pretende desarrollar la iniciativa comprende el Qhapac Ñan, camino ancestral declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2014.
En ambos casos, la defensa territorial aparece vinculada con una discusión más amplia: quién decide sobre los territorios indígenas y qué lugar tienen las comunidades en esas decisiones.
Cuando el Estado y las comunidades se encuentran
La relación con los gobiernos locales presenta distintas dificultades.En Amaicha existe una particularidad: conviven dos estructuras de gobierno. Por un lado, el gobierno ancestral de la comunidad; por otro, un gobierno local que representa al gobierno provincial a través de un delegado comunal. Según Nieva, la convivencia entre ambas estructuras generó históricamente diferencias, debido a que responden a lógicas e intereses diferentes.
“Siempre hubo un gobierno indígena”, explica. Y agrega: «Ojalá que algún día se resuelva ese problema y que quede solamente un gobierno indígena”.
Durante los doce años en los que se desempeñó como cacique, Nieva impulsó iniciativas vinculadas con el autodesarrollo, la economía propia y la soberanía alimentaria. Una de ellas fue la creación de una bodega comunitaria de 50.000 litros, que continúa en funcionamiento.
Para Nieva, estas experiencias también muestran otras formas posibles de organización económica. “El mundo tiene un problema de distribución y la economía comunitaria indígena un poco resuelve esa desigualdad que hay en el otro sistema. En un sistema comunitario se hace más equitativo”, sostiene.
En Mendoza, la relación de Guaytamari con el Estado también combina conflicto y diálogo. En 2025, la comunidad cuestionó el protocolo elaborado para proyectos mineros por la falta de participación de los pueblos indígenas en su elaboración y presentó un reclamo administrativo. La provincia abrió un proceso de revisión que incluyó mesas de diálogo intercultural y la participación de comunidades indígenas. En julio de 2026, Mendoza aprobó una nueva versión del protocolo, que incorporó modificaciones surgidas de esas instancias.
Sin embargo, el reclamo de Guaytamari continuó: en septiembre de 2026, la comunidad volvió a cuestionar las resoluciones que regulan el procedimiento y presentó un nuevo reclamo administrativo.
Pero no todos los vínculos institucionales son conflictivos. Herrera cuenta que existe una relación positiva con el área de Cultura y Patrimonio, con la que conformaron una Mesa Indígena de Diálogo Intercultural para trabajar, entre otros temas, la restitución de restos de sus antepasados.
Para Nieva, el desafío requiere políticas públicas que contemplen las particularidades de los pueblos indígenas: “Argentina le hace falta una política pública efectiva, de buena fe, de un buen diálogo con los pueblos indígenas, respetuosa de su diversidad cultural, de esa riqueza de la diversidad cultural, para que realmente pueda ser efectivo una política en ese sentido”.
El agua, un recurso que también es identidad
En Amaicha, el agua aparece como una preocupación histórica. “El agua para la comunidad es esencial desde siempre”, sostiene Nieva. La escasez de este recurso forma parte de la vida en el Valle Calchaquí y también de su memoria cultural: la comunidad realizaba una danza vinculada a la lluvia. Para Nieva, la situación requiere mayores inversiones y políticas públicas tanto nacionales como provinciales.
En Guaytamari, el agua también aparece vinculada a la defensa territorial. Herrera señala que el proyecto minero cuestionado por la comunidad podría afectar este recurso, al que define como un derecho humano.
Salud, educación y lengua: las otras deudas
Las dificultades tampoco se limitan al territorio. En Guaytamari, Herrera identifica la Educación Intercultural Bilingüe y la salud indígena como dos cuestiones que todavía considera pendientes a nivel local. La comunidad ha participado en distintas instancias para reclamar el cumplimiento de estos derechos, aunque sostiene que aún no se implementan.
La preservación de la lengua forma parte de ese mismo desafío. La comunidad huarpe trabaja desde hace décadas en la revitalización del Millcayac, a través de libros y talleres. Las nuevas generaciones también participan: jóvenes de la comunidad desarrollaron una aplicación para computadora y teléfono basada en el libro Millcayac Mayena.
La lengua, entonces, no aparece solamente como una herramienta de comunicación. Es también una forma de preservar una memoria y transmitir una identidad.
Construir comunidad
Frente a estas dificultades, ambas comunidades desarrollan actividades que buscan fortalecer sus propias identidades.
Guaytamari organiza charlas, conversatorios y actividades educativas sobre derechos humanos de los pueblos indígenas. También promueve ceremonias y rogativas vinculadas con su cosmovisión y espiritualidad. Cuenta, además, con el Centro Cultural Guaytamari, donde desarrolla actividades vinculadas al turismo con identidad.
La comunidad también fue parte de la creación de organizaciones indígenas y de iniciativas vinculadas con la comunicación. Entre ellas, la productora audiovisual indígena Raíces Ancestrales, orientada a producir contenidos desde una perspectiva de comunicación con identidad.
“Promovemos la cosmovisión y espiritualidad originaria, a través de rogativas, ceremonias”, explica Herrera.
En Amaicha, Nieva pone el foco en el autodesarrollo como una herramienta para fortalecer la autonomía de la comunidad. La bodega comunitaria de 50.000 litros es uno de los proyectos que menciona como ejemplo de una economía propia.
Estas experiencias permiten pensar otras formas de organización económica: “En un sistema comunitario se hace más equitativo”.
¿Comunidad o Qomunidad?
La forma de nombrarse también forma parte de la construcción de una identidad. El concepto de “Qomunidad” propone pensar a las comunidades indígenas no solo como espacios de pertenencia, sino también desde sus propias formas de organización, sus vínculos y sus modos de entender la vida colectiva.
Más allá de las diferencias entre Guaytamari y Amaicha, las voces de Liliana Claudia Herrera y Eduardo Nieva muestran que las problemáticas de los pueblos indígenas no pueden reducirse a una sola cuestión. La tierra, el agua, la salud, la educación, la lengua y la autonomía forman parte de una misma discusión: cómo sostener una identidad y una forma de vida mientras se reclama el reconocimiento efectivo de derechos.
