El 1 de marzo de 2022 en el discurso de apertura de las sesiones legislativas, el presidente Alberto Fernndez anunció que enviará al Congreso una nueva ley de discapacidad para reemplazar a la actual que fue hecha durante la última dictadura militar.

La actual ley 22.431 fue promulgada en 1981 por Jorge Rafael Videla bajo el paradigma del modelo médico en donde se considera a la persona con discapacidad una persona enferma y que había  que rehabilitarla. El foco de la decisión de la persona en su vida diaria estaba en un médico y no en el de la persona o en el de un familiar.

Con esta ley, se buscaba generar un sistema de protección integral para las personas con discapacidad para buscar que tengan tanto atención médica, educación y seguridad social. A su vez se buscaba generar estímulos en las personas para intentar neutralizar las desventajas que tenían para así podían desempeñarse en la sociedad. 

Qué implica la ley actual

La ley definía a la persona con discapacidad como “toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral”.

El ministerio de Desarrollo Social era el ministerio que organizaba y reunía toda la información, desarrollaba los planes de apoyo y coordinación de actividades para estas personas. Esto en la actualidad es llevado a cabo por el ministerio de Salud de la Nación. A su vez la ley establece que el estado nacional tiene la obligación de tener al menos un cupo de 4% para personas con discapacidad que tengan idoneidad para el cargo y para establecer reservas de puestos de trabajo para que sean exclusivamente ocupado por ellos.

Si bien esta ley sufrió modificaciones al correr de los años, nunca se actualizó al  paradigma del modelo social de la discapacidad que fue establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha convención fue aprobada en la Asamblea General de Naciones  Unidas en 2006 aunque recién en el 2008 fue aprobada en Argentina.

El modelo social de la discapacidad dice que la persona es un sujeto de derecho y que las dificultades son generadas por las barreras  actitudinales que se instalan en la sociedad. La principal diferencia con el anterior modelo es que  en el viejo modelo se habla de un asistente domiciliario en donde la persona no saldría de la casa mientras que en el actual modelo se habla de un asistente personal para que la persona pueda hacer lo que quiera, la decisión recae en la persona no en el asistente. 

Actualmente en la Argentina según la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), hay 5 millones de personas con algún tipo de discapacidad de las cuales un 55% son hombres y un 45% son mujeres. De este universo, se estima que casi un 80% se encuentra desempleado. 

Fernando Galarraga, director ejecutivo de ANDIS, dice que “lo que se impulsa es una ley que nazca en democracia y que pueda reemplazar la actual ley 22.431 nacida en un gobierno de facto para así saldar una deuda de la democracia para el colectivo de las personas con discapacidad”.  

La discapacidad  evolucionó mucho a nivel mundial por lo que la ley Argentina quedó desactualizada desactualizada en cuanto a su contenido. “Además de la parte simbólica de lo que significa reemplazar una ley de la dictadura por una democrática, esta ley busca que se refleje el paradigma social que fue instaurado por la Convención y que instaure las responsabilidades del estado y la sociedad para derribar barreras y garantizar derechos”, sostuvo Galarraga.

Gabriela Troiano, ex diputada nacional del Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires  y vicepresidenta de la Comisión de la discapacidad, sostiene que “es necesaria una nueva ley para actualizar al nuevo modelo pero es fundamental que al momento de pensar esta ley se consulte a la persona con discapacidad para establecer cuál es la necesidad de esas personas”.

Las  barreras actitudinales son la principal dificultad que sufren la gente con discapacidad y es una de las causas de su exclusión en la sociedad. El no valorar a la persona con discapacidad como sujeto de derecho y pensarlo como un sujeto de asistencia  es el claro ejemplo de ello y en cierta forma un tipo de discriminacion hacia ellas.“Para evitar esto, desde el primer momento en el que se diseña una política pública se tiene que tener en cuenta que hay personas con discapacidad y personas sin discapacidad para así lograr medidas inclusivas”, detalló, Troiano.

A medida que se vayan eliminando esas barreras las personas con discapacidad van a poder vivir de forma más autónoma e independiente. Si bien las principales son actitudinales, también hay barreras físicas y comunicacionales. Para esta independencia y autonomía, es importante la parte económica como fue mencionado anteriormente casi el 80% de las personas con discapacidad en la Argentina son desempleados. “En muchos lados, el estado no cumple con la ley del 4% de cupo laboral en el estado y cuando lo cumple los sueldos son menores”, sentenció Troiano.

Galarraga coincide con la importancia de ir rompiendo esas barreras actitudinales que se encuentran en la sociedad y dice que “para promover la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad aspiran a que la ley plasme cómo deben garantizarse esos derechos y establecer mecanismos y dispositivos de protección de los mismos”.

Susana Steyerer, coordinadora del Programa de Mentorinc de la Usina una asociación civil sin fines de lucro que está focalizado en liderazgo inclusivo y acciones para la inclusión laboral, comparte la visión de Galarraga y Troiano sobre que “la clave está en ir venciendo esos preconceptos que se encuentran en la sociedad y así generar más oportunidades”. Según la especialista, “la sociedad no se encuentra preparada para incluir a la gente con discapacidad debido a la existencia de estas barreras actitudinales”.

Steyerer, sostiene que “es necesario que se cree una nueva ley para actualizar al paradigma actual el cual busca maximizar las oportunidades de las personas con discapacidad explotando su autonomía e independencia”. Desde su perspectiva, la ley actual  establece muchos mecanismos de tutela de las personas y decide qué hacer con esas personas, algo que no es compatible con el modelo actual y uno de los principales cambios que trae la nueva ley.

“Si la sociedad empieza a valorar y a tratar  a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho,es un buen primer paso para ir poco a poco rompiendo esas barreras actitudinales”, sostuvo Steyerer.  Desde su visión, lo primero que tiene que hacer el estado para desarrollar políticas inclusivas para personas con discapacidad es que estas políticas sean transversales y de una acción en conjunto de todos los ministerios ya que tienen que tener un abordaje interdisciplinario.

Consultado sobre cuándo el Gobierno espera que el proyecto de ley ingrese en el congreso, Galarraga mencionó  que se buscará que “la ley ingrese al congreso en el mes de julio luego del proceso de consulta abierto que dura hasta finales de mayo”.