La resistencia de los taxistas de todo el mundo contra Uber es la punta del iceberg de un fenómeno imparable. Representa el choque entre el sector tradicional de un negocio y nuevos servicios brindados mediante la tecnología y desarrollados por empresas de otro país.

El gran desafío es actualizar las reglamentaciones para beneficiar a la mayor cantidad de gente posible y, al mismo tiempo, darle un marco a los nuevos negocios. El ejemplo sería que los ciudadanos puedan acceder a las comodidades de Uber sin generar desempleo de taxistas.

En 2014 se estableció el “impuesto Netflix” que buscaba cobrarle un tributo a una empresa que no necesariamente tenía servidores en Argentina. El ingobernable Internet empezaba a hacer de las suyas. Desde aquel entonces, la Ciudad de Buenos Aires cobra un 3% de los Ingresos Brutos por cada suscriptor. Se especuló con que eso significaría un aumento de precio, lo cual terminaría perjudicando al usuario. Finalmente, Netflix aceptó pagar esos 2$ de cada abonado sin modificar la tarifa. Más allá del monto, el debate es más profundo: ¿cómo regular servicios que se brindan a través de Internet?

Las industrias de diferentes países sucumbieron con la llegada de estas nuevas plataformas, muchas de ellas desarrolladas como “economías colaborativas”. Sucedió con la hotelería y los 11 millones de usuarios que se alojaron utilizando Airbnb en todo el mundo. También entraron en crisis los medios tradicionales de comunicación ante la aparición de servicios ondemand y las discográficas, con Spotify. Sin embargo, el reclamo más difundido fue el de los taxistas.

En la ciudad de Buenos Aires se consideró ilegal el uso de Uber porque se estaba realizando una “actividad lucrativa en la vía pública”. La negociación promete ser extensa. “En todo caso lo lucrativo es de los choferes, entonces el problema ya no es que la plata se va a Estados Unidos como dicen algunos”, dice Santiago Gini, abogado especialista en Internet y Telecomunicaciones. En México, el conflicto se resolvió cobrándole un tributo a la empresa del 1,5% por cada viaje realizado.

Otra de las críticas a Uber es que los choferes pasarían a depender de una empresa extranjera que determina las tarifas y que no los considera empleados (por ejemplo, sin sindicato y sin vacaciones pagas). Algunos lo llaman “capitalismo de plataformas” donde el beneficio de dos desconocidos por brindar y recibir un servicio de bajo costo le deja un porcentaje a la empresa intermediaria.

A diferencia de los hoteles o de los canales de televisión, Uber compite con un sector más vulnerable y de mayor peso político. “Los taxistas tienen un mercado monopólico donde deciden el precio y hasta quiénes tienen la licencia. La respuesta no debería ser que Uber se vuelva un taxi, sino que el taxi se adapte”, dice Federico González Rouco, especialista en Economía Social.

La adaptación parece ser la clave de las regulaciones. El avance tecnológico es tan grande que en 20 años van a desaparecer casi la mitad de los trabajos actuales, según un estudio de la Universidad de Oxford. Eso no significa más gente en la calle y el reemplazo del hombre por máquinas. “Estados Unidos y Japón son los de mayor tecnología y tienen un desempleo muy bajo –dice González Rouco, y agrega: “El correo en Japón factura más hoy por las encomiendas, brinda un servicio mejor y prácticamente no se mandan cartas”.

“Lo que debería pasar es que el Estado apoye lo nacional para que se desarrolle y eso mismo lo logre en el exterior”, dice Santiago Gini. En 2014, la exportación de software fue mayor a la de carne en facturación y la cantidad de empleados de la industria superó a la automotriz, según estadísticas oficiales.

La tarifa más económica que se paga en cualquiera de estas nuevas plataformas en relación al mercado tradicional, “libera el consumo y ese ahorro podría generar más empleo en otro sector”, según González Rouco. Ante la complejidad del asunto y el riesgo de los análisis sectoriales, la peor recomendación para las regulaciones es centrarse en los cortes de calle de los taxistas.