El proyecto propone una serie de recortes drásticos que afectan sectores clave como la educación, las provincias y la administración pública, con el objetivo de alcanzar el déficit cero.
La aprobación del Presupuesto 2025 se ha convertido en un tema crucial para el gobierno de Javier Milei, ya que la Argentina no puede operar sin un plan fiscal aprobado por el Congreso. Sectores clave, como la educación, las jubilaciones y la obra pública, necesitan certeza sobre los fondos disponibles.
El retraso en la votación se debe a factores políticos y económicos. En 2024, el Gobierno decidió prorrogar el Presupuesto 2023 debido a la inestabilidad económica y tensiones políticas, lo que impidió la preparación de un nuevo presupuesto en el tiempo esperado. Aunque este tipo de prórrogas no es raro, en este caso se extendió más debido a la necesidad de que el nuevo Gobierno implemente su estrategia de déficit cero antes de presentar un nuevo plan.
Durante la presentación del proyecto, Milei destacó que la iniciativa tiene una metodología diseñada para blindar el equilibrio fiscal, asegurando que el sector público nacional mantendrá un resultado financiero equilibrado, independientemente del escenario económico.
En un contexto de altos niveles de deuda y déficit fiscal, el oficialismo incluyó reformas estructurales profundas, priorizando la reducción del gasto público y estableciendo una regla fiscal estricta para garantizar el equilibrio financiero.
El debate en el Congreso ha estado marcado por tensiones políticas. La oposición cuestionó varias de las propuestas del gobierno, lo que prolongó el proceso de discusión y votación. Sin embargo, Milei finalmente presentó el presupuesto en septiembre de 2024, con un enfoque en el control del gasto y la estabilidad macroeconómica.
Presupuesto 2025: estos son los 3 aspectos claves a tener en cuenta
En primer lugar, el oficialismo propuso la reducción drástica del gasto público. Con el objetivo de alcanzar el déficit cero, Milei plantea una reducción significativa del tamaño del Estado. Esta política busca revertir décadas de malas prácticas fiscales, asegurando un resultado financiero equilibrado o superavitario a partir de 2025.
El presupuesto total para la administración pública es de $117.554.748.535.461, lo que representa un aumento nominal del 32,8% con respecto al ejercicio 2024, cuando el gasto alcanzó los $88,5 billones. Ajustado por inflación, el aumento real estimado sería de aproximadamente 4,2%. Sin embargo, las proyecciones de la Dirección de Análisis Fiscal sugieren que este número podría ser irreal, con una inflación pronosticada para 2025 del 18,2% anual.
En segundo lugar, habrá un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares que no solo afecta al gobierno nacional, sino también a las provincias, lo que ha generado tensión con los gobernadores. Cada provincia deberá reducir su gasto de manera significativa para cumplir con este ajuste.
En último lugar, el Gobierno estableció una “regla fiscal inquebrantable” que prohíbe aumentar el gasto público sin reducir una partida equivalente. Además, cualquier mejora en la recaudación será utilizada para reducir impuestos, implicando una reestructuración drástica de las políticas fiscales tradicionales.
El presupuesto total para la administración pública es de $117.554.748.535.461, lo que representa un aumento nominal del 32,8% con respecto al ejercicio 2024, cuando el gasto alcanzó los $88,5 billones. Ajustado por inflación, el aumento real estimado sería de aproximadamente 4,2%
Universidades nacionales y educación: qué va a pasar ahora
En las últimas semanas, el Gobierno enfrentó críticas y protestas por los recortes en la educación pública por el veto de Milei a la Ley de Financiamiento universitario y el presupuesto destinado para el 2025.
Según el artículo 17 del presupuesto, se establece un monto de $3.804.260.408.806 para financiar las universidades nacionales. Esta cifra representa un aumento con respecto al presupuesto asignado en 2024, que fue de $2.925.348.152.342.
En esta línea, el mismo artículo otorga al Ministerio de Capital Humano la facultad de interrumpir las transferencias de fondos si las universidades no envían la información solicitada en tiempo y forma.
Por último, el artículo 27 suspende el cumplimiento del artículo 9 de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional, que asegura una inversión mínima del 6% del PBI en educación.
