Por Florencia Rodríguez Altube y María Victoria Fontenla.- Demandan al Ministerio de Educación de la Nación para que se ordene la producción de información básica y adecuada respecto de la trayectoria educativa de quienes asisten a escuelas especiales y sobre los alumnos con discapacidad en establecimientos comunes. Desde el Estado admiten “fallas metodológicas”.
“Para el Ministerio de Educación, las personas con discapacidad no son considerados alumnos en un país donde la primaria y secundaria es obligatoria”, sostiene Javier Speroni, directivo de Asociación Síndrome de Down Argentina (ASDRA) y miembro de Grupo Art. 24.
Junto a otras organizaciones de y para personas con discapacidad, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), interpusieron un amparo colectivo a la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE) por no producir, desde el año 2013, la misma información para las escuelas comunes que para aquellas especiales. Ni tampoco información sobre la trayectoria de alumnos discapacitados en establecimientos normales.
“Lo que nosotros sostenemos es que la información se está generando de manera discriminatoria”, plantea Malena Galeazzi, abogada y coordinadora de Discapacidad y Derechos Humanos de ACIJ. Y continua: “Es una desinformación absoluta porque directamente no están contestadas las mismas preguntas en un cuadernillo que en el otro. Entonces, desde la propia comparación de los cuadernillos, hay una forma de discriminatoria de generar información, como si no importase lo que pasa en las escuelas especiales”.
Según comenta Galeazzi respecto a la cantidad de alumnos discapacitados en escuelas comunes, el Estado “asume que para captar ese dato tienen problemas metodológicos”. El Otro, El Mismo se comunicó con el Ministerio de Educación y no obtuvo respuestas.
Algunos de los datos básicos que no se producen, refieren a la deserción escolar, repitencia, egresados según título y plan de estudio de nivel, y asistencia jornada completa. A su vez, el organismo desconoce la cantidad de chicos con discapacidad que asisten a escuelas comunes.
De acuerdo con las últimas estadísticas de la DiNIECE (2013), en Argentina hay 99.341 estudiantes matriculados en escuelas especiales. Por lo tanto, no contar con datos básicos de trayectoria, relega a la invisibilidad la situación de casi 100 mil chicos. Speroni explica que “es alarmante e indigna la situación educativa para las personas con discapacidad”. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) cuenta con jerarquía constitucional desde 2014. Con su accionar, el Estado estaría violando la Constitución al no garantizar los derechos que allí se expresan.
A nivel de política pública, se necesita información fuerte, cierta y estadísticas para garantizar la igualdad educativa. “En realidad este tema de la información, por el cual iniciamos el amparo, evidencia como la punta de un iceberg. O sea, es algo bien claro y bien nítido respecto de una situación grave que es que el sistema está fallando”, concluye Galeazzi.
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