Luego de las PASO, los gastos de salud pasaron a ser el rubro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con la mayor inflación acumulada en los últimos doce meses.

Desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se indica que frente a un nivel general del 54,5%, los precios de salud avanzaron un 65,8% interanual. Dentro de este rubro, los productos de farmacia fueron los que más impulsaron ese promedio.

Según un informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), la mayoría de las personas de más de 60 años consumen entre 4 y 8 medicamentos, cuya suba de precios supera ampliamente el aumento del haber jubilatorio, lo que hace inevitable el impacto negativo en la economía y por ende en la salud.

“El medicamento es un bien social, y más allá de la incidencia en el presupuesto, es indispensable para mantener la calidad de vida”, asegura Gabriela Marinelli, asesora de la diputada por el Frente Renovador, Mirta Tundis.

A partir del mes de septiembre, la jubilación mínima es de $12.937,22; mientras que el haber máximo tiene un tope de $94.780,42.

Por lo menos dos mil pesos

“Al hacer los cálculos para armar una canasta básica de medicamentos, teniendo en cuenta las distintas coberturas, llegamos a la conclusión de que casi ningún jubilado gasta menos de dos mil pesos”, expone Marinelli.

“Es muy notorio cómo los jubilados recortan en medicamentos. Todos los productos de venta libre los quieren reemplazar por un té y cuando vienen con una receta que indica dos remedios se llevan solo uno”, explica la farmacéutica Karina Perrotta.

“Cuando les decimos que no pueden suspender el tratamiento te responden que no les alcanza la plata”.

Karina Perrotta, farmacéutica.

PAMI tiene cinco millones de afiliados entre jubilados, niños y discapacitados. Se han hecho negociaciones con los laboratorios y hoy los precios de PAMI están un 22% por debajo del PVP (precio de venta al público).

“Como farmacia no somos formadores de precios, sufrimos el aumento casi tanto como el consumidor”, se lamenta Perrotta. “Los convenios con obras sociales y prepagas la mayoría de las veces nos da pérdida. Su compromiso es con los jubilados y descuidan a las farmacias. Nosotros les entregamos los medicamentos con descuento a la gente pero, muchas veces, para cuando nos hacen el reintegro ese medicamento ya cuesta el doble”, expresa la farmacéutica.

La relación entre las farmacias, PAMI y laboratorios es compleja. Se habla de una “deuda atrasada” por problemas con la computación de notas de crédito, lo que puede derivar en que la farmacia no tenga el medicamento, no lo pueda reponer o esté desmotivada a venderlo vía PAMI.

“En definitiva, el problema radica en que la complejidad de este vínculo lleva a que el jubilado no tenga en la despensa de la farmacia el medicamento que necesita”, aclara la asesora de la diputada Tundis, y asevera: “Tenemos la firme intención de solucionarlo llamando a todos los actores para que colaboren con este sistema”.

Desde el entorno de la diputada por el Frente Renovador, Marinelli sostiene que “a diferencia de la gestión de Mauricio Macri, nosotros vamos a poner foco en la revalorización de los adultos mayores como las personas que formaron esta sociedad y la hicieron posible. Los consideramos con el respeto que merecen, no como un gasto”. El eje de la campaña de Tundis es dar total cobertura de medicamentos para enfermedades crónicas a los jubilados.

Expectativas por la nueva gestión

El titular del ANSES, Emilio Basavilbaso, escribió en su twitter: “Hoy el 48% de los jubilados cobra la mínima y es el porcentaje más bajo de los últimos años”.

Con respecto al comentario de Basavilbaso, Marinelli plantea que “ese porcentaje hay que mirarlo de cara al costo de vida. Un número me puede dar un guarismo N pero hay que contrastarlo con la realidad, ¿qué compro con la jubilación mínima?”.

“Los porcentajes se usan como un justificativo. Este gobierno suele exacerbar la medición de los resultados, es una forma de gestionar que está lejos de la realidad”, sentencia la asesora de Tundis.

Al aumento de medicamentos, el CEPA suma el impacto negativo de los aumentos tarifarios que perjudican tanto a las personas mayores como a las organizaciones que las nuclean, como los centros de jubilados y las federaciones. Según la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos mayores del país, ya son más de 1.000 centros de jubilados los que tuvieron que cerrar sus puertas por no poder costear las tarifas.