Las asociaciones civiles alertan sobre el aumento de los delitos informáticos durante la cuarentena, ya que aumenta el tiempo en que los usuarios se encuentran en las pantallas. Sin embargo, advierten que algunos de estos delitos no se encuentran tipificados y que las estadísticas oficiales no reflejan la realidad.

El 2020 fue el año en donde más que nunca se utilizó Internet. El trabajo de manera remota, las videollamadas con seres queridos, las clases virtuales, el consumo de películas, series y obras de teatro por streaming. De un día para el otro, las personas se vieron obligadas a mudar todos los ámbitos de su vida al entorno digital. Las empresas e instituciones gubernamentales debieron transformar sus entornos de trabajo para poder habilitar a los empleados a que trabajen desde su casa. 

Más allá de los aciertos y desaciertos que supuso este cambio, lo cierto es que el pasaje de las actividades a la virtualidad también trajo dificultades que en tiempos previos a la pandemia eran poco usuales o que no eran percibidos como tales. Como los problemas de conexión a Internet y la falta de límites entre el tiempo dedicado a la jornada laboral y el tiempo dedicado al ocio. Pero otra cuestión que se originó hace años, que tuvo su auge en 2020 y que actualmente preocupa a las asociaciones civiles fueron los delitos informáticos.

“Según nuestras estadísticas fuera de la pandemia hay un aumento gradual de los delitos informáticos” – explica Luis Nocera, abogado y presidente de la Asociación Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen (AALCC) –  “Esto ocurre porque se utilizan cada vez más los medios informáticos para todo. Los delincuentes se adaptan a las metodologías de los delitos”. 

Nocera advierte que su organización recibía, antes de la pandemia, entre unas 200 y 300 llamadas por día, tanto de víctimas de delitos informáticos como de otras personas que consultan o buscan asesoramiento. Aunque todavía no tiene números propios, estima que durante la cuarentena este número se duplicó o triplicó.

Apenas una contravención

La Interpol elaboró un documento sobre los riesgos de ataques cibernéticos en la era de la pandemia. Dentro de los delitos que la organización considera que se incrementaron durante el 2020, se destacan los dominios maliciosos: los criminales aprovechan que muchas personas están buscando información sobre el COVID-19 para registrar dominios con palabras clave de búsqueda, y muchas de ellas son sospechosas de buscar extraer los datos del usuario. 

En estas páginas a los usuarios se les puede pedir que abran un archivo o que hagan click en un link con el objetivo de cometer phishing. A partir de estas acciones que realiza el usuario, el criminal logra acceder a la información personal de la persona y hasta puede derivar en suplantación de identidad. Esto ocurre también cuando el criminal se hace pasar por una entidad financiera o una empresa que se comunica a través de redes sociales en las que se busca tener acceso a las cuentas de la persona, sea para robar dinero o para vender los datos personales. 

Otro delito que los especialistas advierten que ocurrió durante la pandemia es el ransomware. En este caso, el autor tiene como objetivo a empresas e instituciones más que a las personas físicas, aunque estas últimas también pueden ser víctimas de esta modalidad de delito. Este delito, también conocido como “secuestro de datos”, consiste en restringir el acceso a la información o directamente al sistema operativo y exigir un pago para poder obtener el acceso. 

Nocera agrega un tercer accionar que también se incrementó durante la cuarentena: el hostigamiento digital o stalkeo, que puede llevar al cyberbullying. El abogado advierte que esto no es considerado un delito en Argentina, y que solo fue agregada como una contravención en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2018. “Tenemos muchos de estos casos ahora, sobre todo en lo vinculado con cuestiones de género. Es increíble la cantidad de denuncias de hostigamiento digital que recibimos”.

Grooming

La ONG Mamá en Línea es una organización no gubernamental que realiza jornadas de capacitación para niños, padres, funcionarios y maestros para concientizar sobre el grooming. La organización tuvo su origen cuando dos madres, de Buenos Aires y de Cipolletti, Río Negro, cayeron en la cuenta del vacío legal que existía en lo relacionado con este delito. Las hijas de ambas madres fueron víctimas de grooming, y decidieron fundar Mamá en Línea para tipificar el delito en el Código Penal y pedir políticas públicas de prevención.

En el grooming, un menor es contactado por un desconocido a través de plataformas digitales – ya sea redes sociales, juegos en línea, o cualquier red en donde se permita una comunicación – y se le pide imágenes íntimas del menor para luego chantajearlo. Este tipo de delito puede derivar en abuso sexual – cuando, por ejemplo, se arregla un encuentro cara a cara – e incluso la muerte, como ocurrió con Micaela Ortega. En 2015 Ortega apareció muerta en un descampado luego de haberse encontrado con un desconocido, a quien había conocido a través de Facebook. 

Un informe de Grooming Argentina, otra asociación que busca concientizar sobre este tipo de delito, revela que seis de cada diez menores hablan con desconocidos en internet. Y que tres de cada diez niños, niñas y adolescentes se encontraron personalmente con una persona que conocieron en internet. 

María Isabel Christensen, quien trabaja en Mamá en Línea, advierte que incorporar al grooming como un delito en el Código Penal de la Nación en 2013 no fue suficiente para la reducción de este tipo de delito. “Exigimos en el 2013 la campaña porque es fundamental la capacitación a cada ámbito en donde se genere este tipo de delito, como las comisarías, funcionarios públicos, instituciones educativas, los chicos, las familias. Todo ámbito debe tener la capacitación correspondiente para poder lograr una estadística. Todas las organizaciones que lanzan estadísticas son promedios generales.  En realidad hay una cifra negra, nadie sabe, porque no se lleva un estudio adelante como corresponde, y por las falencias, por el desconocimiento. Son números aproximados, no es una realidad”. 

“La única realidad que tenemos es que hay un aumento de este tipo de delitos durante la cuarentena porque a mayor exposición que tienen los chicos frente a las pantallas, mayor es el riesgo de que lo contacten”, continúa Christensen. 

Los especialistas en ciberdelitos indican que en cuarentena se originó un nuevo tipo de accionar llamado “zoombombing”. Ocurre cuando se introduce material pornográfico, racista o antisemita en las videollamadas. El origen de la palabra hace referencia a la plataforma de videollamadas Zoom, pero suele ocurrir en otras plataformas como Google Meet o Skype.

La impotencia del Estado

El abogado Nocera entiende que el aumento significativo de los delitos informáticos durante la pandemia se debe a varios motivos. Por un lado, a una falta de campañas de prevención durante la cuarentena por parte del Estado sobre los cuidados de navegar por Internet. Esto no es solamente una tarea que debe realizar el sector público. “Debería regularizarse todo lo relacionado con la ciberseguridad de las empresas y los bancos. No hay una normativa que obligue a abrir la información de las empresas sobre quiénes son las personas encargadas ni cuántos incidentes se reportan en ese año. Tampoco hay nada que los obligue a denunciar, sobre todo en comercio electrónico, cuando un usuario denuncia una estafa” 

Aunque la Policía Federal Argentina cuenta con una División de Delitos Tecnológicos, el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación y que se encarga de recolectar información sobre hechos presuntamente delictuosos, no cuenta con una categoría en donde se contabilice a los delitos cibernéticos. Actualmente este tipo de delitos se carga en una categoría residual y no permite discriminarlos.

El Ministerio Público Fiscal de la Nación cuenta con estadísticas de denuncias que brindan un panorama más claro. Actualmente hay siete artículos del Código Penal de la Nación que aluden a distintos tipos de delitos informáticos, que fueron incorporados en el 2008 con la ley 26.388 como un complemento a artículos ya existentes en el Código. Mediante un pedido de acceso a la información se solicitó a esta entidad la cantidad de denuncias que se realizaron a las fiscalías de fuero federal en todos los distritos del país en el período comprendido entre el año 2010 y 2020 que hagan referencia a uno o más artículos de la ley 26.388.

Con esta ley se incorporaron al Código Penal de la Nación ciertos atributos a delitos ya existentes que permitían trasladarlos al mundo digital. Por ejemplo, el delito de abrir una correspondencia que no está dirigida a uno mismo ya era un delito, pero con la ley este artículo se modificó para que alcance también a la correspondencia por medios digitales. Otras figuras agregadas fueron el acceso indebido a sistema o dato informático de acceso restringido; el acceso a banco de datos personales; la estafa o defraudación mediante manipulación informática; y el daño informático, entre otros.

Aunque se ve un considerable aumento a lo largo de los años, llama la atención la baja cantidad de casos denunciados en comparación con la cantidad de casos que dicen recibir tanto la AALCC (Asociación Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen) como Mamá en Línea. Sin embargo, esto no sorprende a quienes se encuentran dentro de estas organizaciones. Nocera percibe que las asociaciones civiles vienen a sustituir el papel del Estado en esta problemática. 

Con estas estadísticas, Nocera declara: “Estos números son espantosos. Esto muestra que toda la cadena a lo que hace a las denuncias está mal armada”. El abogado observa que la Justicia no facilita el acceso al usuario a denunciar este tipo de delitos. No solo por la no tipificación de algunas acciones como delito – como ocurre con el hostigamiento digital o la suplantación de identidad – sino también por la falta de capacitación de los oficiales para tomar las denuncias. “Esto sucede mucho en el interior del país. No saben cómo tomar la denuncia, no tienen fiscalías especializadas [Solo hay en Ciudad de Buenos Aires, La Rioja y Córdoba]. Cuando la persona es víctima de un delito informático y quiere explicarlo o tienen que tomar el celular o la computadora como prueba, no saben hacerlo. Es una falta de capacitación y es un problema a nivel país: a nivel  nacional, provincial y municipal. No hay una coordinación entre ellos” explica.

Por otro lado, Mabe Christensen advierte sobre el rol del Estado en este tipo de delitos, en especial el grooming: “El Estado se debe hacer cargo de un delito como ese, tiene que hacer una campaña nacional masiva para llegar a cada uno de los 44 millones de argentinos, para que sepan qué es el grooming y cómo se puede prevenir. Para nosotros Mica [por Micaela Ortega] fue una patada en el pecho, fue decir que todo el camino que habíamos recorrido hasta 2015 no sirvió para nada. Si hubiera estado la campaña hoy no tendríamos a Micaela muerta”. 

Nocera advierte que la tendencia en crecimiento de los delitos informáticos se va a consolidar a futuro: “Si seguimos con la misma política de no darle importancia,  todo esto va a seguir aumentando. La cantidad de abusadores y de groomers que puede haber es bestial, cada vez se perfeccionan más.  Si no mejoramos al ritmo que nos está demandando y con la velocidad que se necesita para tratar esta temática, el futuro que yo veo es bastante malo”, concluye.