La cuenca del río Santa Cruz en la Patagonia argentina reactivó recientemente su proyecto de complejo de represas, y las variables que se ponen en juego en la iniciativa van más allá de un contrato geopolítico con China.
En la Argentina, los glaciares son motivo de atractivo turístico y de grandes ingresos económicos a nivel regional y nacional. También tienen una gran importancia por ser “reservas hídricas estratégicas” de nuestro país y Patrimonio de la Humanidad según la Unesco. Sin embargo, organizaciones medioambientales advierten que parte del territorio glaciar hoy es blanco de posibles violaciones a la ley de protección de esas áreas y exigen la aplicación de medidas precautorias.
El riesgo de las diversas actividades humanas, como la minería o las mega represas produjo un quiebre en la importancia de políticas de protección de los glaciares. Por esto, para garantizar la disponibilidad del agua como recurso se la ha contemplado dentro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU.
En 2010 se promulgó la ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial – ley 26.639 – la cual les dio el carácter de bienes de interés público y la denominación de reservas de recursos hídricos para una gran cantidad de finalidades, como el consumo humano y la recarga de cuencas hidrográficas.
Andes del Sur: el centro de los debates
En Argentina, la región de los Andes del Sur de la Patagonia representa un 15% del número total de glaciares, y cuenta con el 59% de la superficie de hielo de la Cordillera. Sin embargo, la problemática de intereses opuestos que enfrenta esta región se centra en la cuenca hidrográfica del río Santa Cruz. Este territorio, que resguarda el 53% de hielo de todo el país, se convirtió en el foco de posibles violaciones a la ley de glaciares.
Para la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la instalación de represas en las proximidades de la cuenca del río Santa Cruz podría afectar el ciclo natural de los glaciares. En sus comunicados la organización sostienen que, al modificar los valles de inundación y niveles del lago, se iría contra la Ley de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial” y su finalidad. La problemática habría dejado afuera varias cuestiones de evaluación de impacto al ambiente.
Punto Convergente intentó obtener una entrevista con FARN para poder ampliar la información sobre este punto pero, hasta el momento de esta publicación, no se obtuvo respuesta.
Represas en Santa Cruz, un enfrentamiento de larga data
Tras iniciarse la primera licitación en 2007, el complejo de represas, ex Cóndor Cliff–La Barrancosa y actual Kirchner–Cepernic, se reactivó a partir del ascenso de Alberto Fernández a la presidencia. En 2020, el Ministerio de Economía decidió ampliar el presupuesto de estas obras hidroeléctricas. Se otorgaron $4.118 millones sumados a los más de $8.021 millones con los que ya contaban. El trabajo en las represas de Santa Cruz, con inauguración aparente en 2023, ocupa un rol central en relación geopolítica con China, principal impulsor financiero del proyecto.
Durante 2016, en plena gestión de Mauricio Macri, un fallo de la Corte Suprema de Justicia imposibilitó la continuación del proyecto de represas. La Evaluación de Impacto Ambiental por parte del Ministerio de Energía, y prevista por la Ley General del Ambiente, generó polémica. Esto se debió a que EBISA, fusionada a ENARSA en noviembre de 2017 para luego conformar IEASA, también lo evaluaba. Incluso la preocupación se extendió por la posible amenaza hacia la especie macá tobiano, ave endémica de la Patagonia.
Tiempo después, la construcción de las represas se reanudó con la confirmación de Alejandro Sruoga, por entonces secretario de Energía Eléctrica de Santa Cruz. El funcionario sostuvo: “Bien hecha, esta obra es positiva. Tiene mínimo impacto en el ambiente y un alto impacto económico en la provincia”. Esto demostró el visto bueno a los cambios del informe de Impacto Ambiental al reducir el número de turbinas debido a la potencia de megavatios.
La audiencia pública
Para muchos sectores vinculados a la sociedad civil (como FARN), todo esto se consideraba incumplimiento legal. Entonces en 2017 se realizó una Audiencia Pública por pedido de la Coalición de ONG (entre ellas Vida Silvestre y Aves Argentinas), y allí se enfrentaron posturas divergentes entre funcionarios públicos y representantes de organizaciones civiles. Sin embargo, las autoridades gubernamentales aprobaron el Estudio de Impacto Ambiental allí presentado.
Un informe técnico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) señaló que en principio no había problema con el glaciar Perito Moreno y que, según el ingeniero Ascencio Lara, parecía no existir acople. Respecto a esto, Cristian Fernández, abogado de Banco de Bosques, una de las ONG que conforman la coalición de ONG, cuenta: “Acá la discusión técnica era, si hay acople. Es decir, si el nivel de los espejos de agua llega al Lago Argentino hay afectación de los glaciares. Entonces ellos dijeron ‘acá no hay acople con el Lago Argentino’. Cuando asumió Macri dijo: ‘nosotros bajamos la cota, y como la bajamos, no hay acople’. Sin embargo, si hay retroceso de glaciares o precipitaciones abundantes, enseguida se genera un acople porque la naturaleza es impredecible”.
De todos modos, al parecer el informe de IANIGLA no ha sido tan exhaustivo. “No se tuvo en cuenta la interacción de las represas con el resto de los glaciares del campo de hielo patagónico sur, solo con el Perito Moreno. Lo que sí se advirtió es la importancia de un estudio del impacto de los glaciares sobre las represas, es decir, si las infraestructuras aguantan frente a la acción de los glaciares“, aclara Fernández.
La situación durante la pandemia
No fue hasta octubre de 2020 que la Corte Suprema oyó los reclamos de las ONG, y pidió que estas emitieran sus posturas al respecto. Siete meses pasaron hasta que se recibió el informe de la Administración de Parques Nacionales (APN) y la del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). No obstante, aún no hay respuesta del IANIGLA. Fernández asegura que “hoy se espera la respuesta, hubo otras contundentes de APN diciendo ‘esto va a poner en jaque la supervivencia del macá tobiano’ e INPRES diciendo ‘acá hay una falla activa en el río Bote y esto obliga a estudiar todas las fallas geológicas del río Santa Cruz’”.
Desde Banco de Bosques y las demás ONG, se denunció un acuerdo firmado entre IANIGLA y IEASA (ex ENARSA), empresa pública argentina del sector petrolero y energético creada por la administración de Néstor Kirchner. Además, durante la última audición, la coalición hizo hincapié en la urgencia de esta situación en materia judicial. “Que se presuma que lo que nosotros decimos en la afectación de los glaciares es válido. De lo contrario el IANIGLA hubiera salido a refutarlo en esos siete meses. ¿Qué hay que esperar? ¿Dos o tres años a que se termine la represa?”, argumenta el abogado de Banco de Bosques.
El principio precautorio no impide el avance
El APN, por su lado, evidenció que el Plan de Gestión Ambiental fue suspendido por la pandemia, pero que, de todos modos, las obras continuaron sin la información científica sobre riesgos ambientales. Por esto mismo, las organizaciones ambientales ahora buscan la aplicación del principio precautorio de la Ley General del Ambiente. Este establece que en caso de existir “peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Otra de las cuestiones que preocupan son las irregularidades en el tendido eléctrico, denunciadas en el Estudio de Impacto Ambiental, en 2017. Fernández remarca que la energía no se destinará a Santa Cruz, sino a Buenos Aires: “Se va a construir un tendido de 170km que te une la represa con el sistema interconectado nacional y ahí se transporta hasta acá. Imaginate la energía que se pierde en todo el camino, es una locura, no tiene sentido”.
Por lo pronto, la medida cautelar fue rechazada en primera instancia y ahora está en Cámara de Apelaciones: “La Jorge Cepernic está más avanzada, pero la Kirchner está bastante detenida por estos deslizamientos geológicos. Lo que quieren hacer es implantar una pared de hormigón sobre algo que es una morrena, la roca que quedó después de que el glaciar retrocediera” agrega el abogado, quien remarca que en el Estudio de Impacto Ambiental se reconoce que pueden existir deslizamientos en la zona.
Interrogantes hacia el futuro
La pregunta que persiste es si existen otras alternativas que permitan producir energía en la Patagonia sin afectar la vida del último río glaciario libre. Según la revista Pulso Ambiental, las represas hidroeléctricas representan varias dificultades en torno a la biodiversidad y el cuidado del agua. También influyen en la emisión de gases de efecto invernadero, el impacto hídrico y terrestre, o la amenaza latente a especies en extinción. Otro conflicto visible es la inundación de áreas estratégicas de mitigación que ponen en riesgo la preservación de glaciares.
Más allá de cualquier disputa política o económica, los glaciares son una fuente esencial para la conservación del agua. Las cuencas funcionan como fortalezas que comprenden tanto glaciares como ríos y lagos, e infinitas especies. La variedad de climas y elevaciones transforman las regiones y posibilita que en cada una de ellas florezcan diferentes actividades. Este es el caso de Santa Cruz, provincia atravesada por el turismo y la hidroenergía. Por eso, el primer paso es generar conciencia social sobre temáticas ambientales, así la promesa de futuro que involucra a todos perdurará en el tiempo.
“Si la obra se concluye y se ocasionan los daños que se vienen denunciando, sobre los cuales tenemos informes técnicos que lo advierten, va a ser algo terrible. Si se extingue una especie endémica, eso es irrecuperable. Se pueden ofrecer medidas de mitigación, pero eso no se recupera. Por la construcción de una obra inviable, que carece de sentido y que se podría hacer en cualquier otro lugar, se van a destruir glaciares, que son recursos estratégicos de agua, patrimonio de la humanidad y centro de turismo”, concluye Fernández.
