En 2004, Martín Alonso trabajaba en la empresa Nike, pero estaba interesado en formar su propio emprendimiento. Sin embargo, no encontraba una forma innovadora de negocios que lo impulsara. Hasta que un día le llamó la atención una forma de producir ropa orgánica.

“Investigué el mercado y vi que no había nada en la Argentina- recuerda Martín-. Lo vi como una lindo oportunidad de negocio”. Y así creó Stay True, la primera marca textil argentina que produce prendas de algodón de manera sustentable.

En la actualidad, Stay True es una de las 65 empresas B certificadas de la Argentina. Este tipo de empresas buscan solucionar problemas sociales y ambientales a partir de la actividad económica que llevan a cabo.

En el caso de la empresa de Alonso, utilizan el método biodinámico para extraer el algodón sin utilizar pesticidas ni fertilizantes. “La producción biodinámica regenera la tierra a diferencia a otras, pero después al tacto es igual a cualquier otra remera de algodón”, explica Alonso.

De la mano del comercio justo, “una forma diferente de trabajar con los proveedores y la comunidad”, se puso en contacto con cinco familias de la Comunidad Qom en Chaco: él les proveía de los materiales, y ellos plantaban y cosechaban el algodón de la forma en que lo hacían sus ancestros. Con parte de las ganancias, no solo ayuda a esas familias, sino que compra alimentos y los reparte a distintos comedores de la Ciudad de Buenos Aires.

“Notamos que los productos que el gobierno de la Ciudad les daba a los comedores comida que no era fresca -explica Alonso-, entonces decidimos destinar una parte de las ganancias para llevar alimentos orgánicos y lácteos a los comedores”.

Ser sustentable, más allá de las ganancias

El fin de las empresas B  no es sólo ganar dinero para obtener ganancias para su propio rédito, sino usarlo para ayudar a otros. El objetivo es causar un impacto positivo en el medio ambiente y en la comunidad.

También se las llama empresas de triple impacto porque buscan sustentabilidad económica, social y ecológica. Varían en sus actividades, pero no en su propósito. Algunas son consultoras, otras crean distintos productos o contenidos; sin embargo, todos se comprometen hacer un cambio positivo en la sociedad y en medio ambiente.

Empresas B en Latino América

Sistema B es la organización que les otorga un certificado a las empresas que buscan tener este triple impacto. Este movimiento surgió en Estado Unidos en el 2006 con un grupo de emprendedores que buscaban hacer un cambio para hacer lo mejor para el mundo, no solo para las corporaciones. Así, formaron una organización privada sin fines de lucro que controle este tipo de empresas y les faciliten beneficios.

En 2013 el movimiento salió de las fronteras norteamericanas y se formó una organización de empresas B Latinoamericanas  en Argentina, Colombia y en Chile. A partir de 2018, empezaron a otorgar estos certificados en 13 países latinoamericanos y hay en total 400 empresas certificadas desde 2010.

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En el 2017 se registraron 65 empresas B certificadas en la Argentina. Es el tercer país de Latino América con mayor cantidad de empresas de triple impacto, superada por Chile (105) y Brasil (89). Sin embargo, es número mucho menor en comparación a Estado Unidos (2.411), y el resto de los países tienen en proporción muchas menos empresas certificadas.

¿Por qué ocurre esto? Una de las razones puede ser la evaluación por la que deben pasar los aspirantes para este tipo de certificación. Tienen que pasar por distintas etapas en las cuales deben sumar por lo menos 80 puntos para pasar a la siguiente ronda. Se realizan entrevistas y hay que presentar documentación para demostrar el impacto que hace la empresa es positivo a la sociedad y/o al medio ambiente. Al final, si aprueban sus empresas, deben firmar el Acuerdo para Empresas B Certificadas , para que se comprometan con la causa de Sistema B: hacer lo posible para mejorar el mundo.

Por otro lado, uno de los requisitos para poder mantener este tipo de certificación es que todas las empresas deben pagar una cuota anual en proporción a la facturación anual para mantener la certificación. El pago se debe hacer en dólares y se acuerda el a partir de los documentos que se le entregan a la organización en el período de prueba. La cuota mínima es de US$500 para los que facturan entre $0 y $499,999, y de ahí aumentan las tarifas. Este tipo de costo puede llegar a ser muy elevado para este tipo de empresas, ya que en su mayoría son start-ups y el cambio monetario que tiene la moneda de su país con el dólar puede que no sea muy favorable.

Según un reporte de Sistema B de 2017, 64 empresas decidieron no renovar su certificación y el motivo principal de deserción fueron los problemas financieros y hasta el cierre de algunas empresas.

Legislación en la Argentina

En 2017, el presidente Mauricio Macri anunció el proyecto de Ley BIC para crear un tipo societario para las empresas B: las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo. Este proyecto fue redactado por Abogados B y organizado por Servicios B.  Obtuvo media sanción, pero todavía espera para pasar por la Cámara de Senadores. ¿Por qué no se aprobó?

María Ximena Pérez Dirroco, gerente de Servicios Legales en KPMG, escribió un artículo al respecto, donde le atribuye esta traba a la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, sancionada en 2017.  A partir de la ley se creó un tipo societario nuevo: las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS).

“Te dan más facilidades porque salen en un plazo más rápido- explica Pérez Dirroco-. Se supone que es más sencillo, que lo puede hacer el emprendedor sin contratar a un abogado, es solo llenar cosas a través de una página web”.

Esto permitió en lo legal flexibilizar no solo los tiempos para inscribir una empresa, sino también la descripción de las actividades de las empresas BIC. “Le buscaron la vuelta para que la IGJ las recepte, porque lo que te dice la Ley de Sociedades es que los socios tienen que obtener beneficios -alega Pérez Dirroco-. Esos beneficios pueden no ser solo peculiarios, pueden ser beneficios a la comunidad y al medio ambiente. Ya no tienen problema con que el objeto incluya esas actividades”. Además, los plazos para inscribir cualquier tipo de sociedad se acortaron. Por lo tanto, uno puede inscribir una empresa B bajo un tipo societario (SAS, SRL, SA) y luego especificar en el objeto la causa a la que se compromete.

Lo único que Pérez Dirroco rescata de la iniciativa es el control que el Estado tendría sobre las empresas. “Lo que no tiene ninguna ley, ni siquiera siendo SAS, es este tema que plantea la Ley de BIC, que el directorio se vea obligado a mostrar un informe sobre las cuestiones que repercutieron de forma favorable en el medio ambiente y en la comunidad”. Sin embargo, las empresas B certificadas están obligadas a hacer informes de transparencia para mantener su certificación, y no hay nada en la ley que los prohíba hacerlo.

Por otro lado, la gerente de Servicios Legales en KPMG destaca que, con la aprobación de este proyecto, las empresas B tendrían más reconocimiento.

“Se trata más de una visibilidad política, de ponerlas en la mira y darles más publicidad- observa Pérez Dirroco-. Pero a nivel legal no veo que tengan un impedimento porque tampoco plantea algún tipo de beneficio impositivo para este tipo de empresas”.