El asesinato de Cabezas es uno de los casos que más ha conmovido a la sociedad argentina y que ha dejado una huella imborrable en el periodismo. El próximo 25 de enero se cumplen 20 años del trágico episodio y nuevamente se vuelve a reflexionar sobre el rol de la libertad de expresión en la Argentina y en el mundo.

Existen muchas maneras de identificar a los profesionales que transitan el periodismo todos los días. Los periodistas, reconocidos por su tarea de informar los acontecimientos que tienen lugar en sociedad. Usualmente se suele confundir la tarea que ejercen los fotógrafos y los fotoperiodistas. Lo cierto es que se trata de diferencias sutiles pero que presentan cierta complejidad a la hora de definir el trabajo de cada uno. La diferencia fundamental recae en que la meta del fotoperiodismo es transmitir, a través de imágenes, de forma objetiva e instantánea; mientras que la fotografía tiene una mirada más interpretativa y elaborada a nivel artístico. José Luís Cabezas es definido como reportero gráfico, una tarea que se vincula directamente con el fotoperiodismo, con la capacidad de captar el momento justo para contar una historia.

Hasta el día de hoy, los colegas de José Luís Cabezas lo recuerdan a diario. ¿Es necesario exponer la vida del periodista por una nota? A esto respondió Eduardo Lerke, reportero gráfico de la revista Noticias, quien además de ser amigo y colega de Cabezas, fue uno de los que estuvo con él la noche anterior a su asesinato. “No evaluas tampoco, sino no harías este trabajo, me hubiera dedicado a algo que me hubiese permitido algo más holgadamente y menos estrés.” Y agregó: “la integridad física siempre está en juego pero no solamente hay que ir  a estallidos de bombas ni atentados terroristas ni corridas en las marchas, lo tenes a la salida de una cancha.”

Además agrega que con todo el caso “queda al descubierto toda esa pirotecnia que se generó alrededor, o sea, empezar a ver a Yabrán, hablar el tema de la policía, las reformas que estaba haciendo Duhalde con la nueva policía, la vieja policía…”

Eduardo Lerke y otros tantos fotógrafos argentinos están nucleados en la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA) que los respalda como profesionales. Su presidente Ezequiel Torres, opina sobre el impacto que generó la muerte de Cabezas y el tema de hacer pública la autoría de las fotos. “Nunca pensamos que por el asesinato de José Luis no teníamos que identificarnos. Lo que sucedió fue lo contrario, es como un… acá estamos, somos nosotros.” Y agrega: “siempre se siente eso de que podes quedar expuesto, pero bueno es parte. Somos conscientes.”

Actualmente uno de los lugares que presenta más riesgos para ejercer el periodismo es México, donde la Organización de Reporteros Sin Fronteras (R.S.F) lo posiciona como el séptimo país más peligroso a escala mundial. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, desde el año 2000 hasta la actualidad se registraron, 118 asesinatos y más de 20 desapariciones sin esclarecer. La mayoría de los casos están vinculados a periodistas que investigan  los carteles de droga con mayor poder en México, que hacen de la violencia a periodistas su principal estrategia para proteger sus negocios.

Esta misma organización se refiere a Venezuela como otro de los países donde actualmente predomina la censura y las presiones a periodistas. Desde hace unos años, existe en el país una grave agitación social frente a la crisis económica. Las medidas de censura que ha tomado el gobierno de Maduro contra los medios venezolanos atentan directamente contra la libertad de prensa y además, hay innumerables obstáculos en el acceso a la información pública. Esto evidentemente repercute en la sociedad y deja a los periodistas y profesionales de los medios desprovistos de protección frente a ataques, robos e intimidación en la vía pública.

Frente a estos hechos, es usual que los periodistas terminen autocensurándose. Algo lamentablemente comprensible pero que genera un mayor grado de impunidad, involucra un avasallamiento de los derechos humanos y pone en jaque a los sistemas democráticos de los países donde la situación es crítica.

En 2013, la Asamblea General de la ONU proclamó el 2 de noviembre el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas y denunció que, de los más de 800 periodistas asesinados en el mundo en la última década, solo el 10 por ciento de estos crímenes concluyeron con una condena. Esta es la primera resolución aprobada relativa a la seguridad de los periodistas que pone énfasis en que “la impunidad conduce a más violencia y se establece así un círculo vicioso” y donde se alienta a los Estados a “implementar medidas firmes para luchar contra la actual tendencia a la impunidad”.

A 3 años de la conmemoración de esta fecha, las cifras no son muy alentadoras. Según un informe de la UNESCO, desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2015 en el mundo han sido asesinados 827 periodistas. Pero lo más llamativo es que de esos 827, la UNESCO recibió información por parte de los Estados en 402 casos, menos de la mitad. De esta última cifra, solo 63 han sido resueltos, es decir, que un 16 por ciento de los casos de los que se recibió información se resolvieron y que representan tan solo el 8 por ciento del total de los registrados.

Según este informe, Latinoamérica ocupó el tercer lugar con 176 periodistas asesinados y los países más afectados fueron Brasil, México, Colombia, Honduras y Guatemala.

En Argentina, el presidente de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) Andrés D’Alessandro hace hincapié que al momento del asesinato de José Luís Cabezas, nuestro país se ubicó en el ranking de los países más graves para ejercer la profesión. Si bien actualmente Argentina no se encuentra en las primeras posiciones, sí está entre los países que no ofrecen garantías de protección sólidas para quienes viven de esta profesión.

D’Alessandro opinó sobre la conmoción que generó el caso Cabezas: “hubo una reacción muy fuerte de la sociedad obviamente motorizada por los periodistas y los medios, pero no del Estado.” Y agregó: “eso importa también para la justicia, porque si vos tenes uno o dos poderes del Estado que presionan porque haya justicia, bueno entonces la justicia también tiene que responder.”

Tanto ADEPA como FOPEA trabajan en conjunto elaborando informes donde se monitorea cualquier atentado contra la libertad de expresión de periodistas y medios en todo el país, e incluso exponen a los victimarios de esos ataques.

En octubre de 2016, el gobierno de Macri aprobó un “Protocolo de Protección” para periodistas, que será controlado y evaluado por el Ministerio de Seguridad, ADEPA y FOPEA y se centra en los periodistas que deciden investigar la corrupción, crímenes organizados, narcotráfico, trata de personas, entre otros. Esta medida se destina a proteger la libertad de prensa en estos casos y aquellos donde prevalece la autocensura de los periodistas.

Mariano Ure es investigador, profesor universitario e integra FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), una de las asociaciones sobre libertad de prensa que existen en el país. Con respecto al efecto del caso Cabezas opina que “marcó mucho la vida del periodismo en la Argentina, tuvo una cobertura muy grande y todavía sigue presente y lo que justamente nos marcó es esta recomendación: “No vale la pena poner en riesgo la vida del periodista por una noticia”.

Y aclara que en el caso de Cabezas: “el periodista no llegó a prever cuáles podían ser las consecuencias.” Por su parte, el código de ética de FOPEA, en uno de sus puntos, indica que no se tiene que invadir la privacidad de la otra persona pero que hay que tener en cuenta que la ética profesional depende de los límites y valores que uno tenga.

La ética periodística también se relaciona con el rol de los editores de los medios. Particularmente en el caso Cabezas, se cuestionó cuál era el grado de responsabilidad que tenían los editores por publicar la foto desencadenó su asesinato. Edi Zunino, periodista y actual Jefe de Redacción de la revista Noticias, reflexiona y opina que “después de José Luís, lo que pasamos a tener es un muerto, o sea, la sensación carnal de que por ejercer nuestra profesión podías terminar como terminó José Luís y eso contextualiza la labor de una manera totalmente distinta”. Con respecto al punto de vista ético opina que “ la ética periodística, la deontología periodística parte de un principio básico de quien es el verdadero protagonista o sujeto del proceso de información o de comunicación. Es la sociedad, es el público, es la gente, son las personas”. Y agrega: “entonces yo creo que nuestro manual de ética, nuestros principios éticos tienen que partir y nutrirse de ese objetivo, más allá de cuestiones íntimas, personales, filosóficas, religiosas…”

Las numerosas marchas y movilizaciones sociales que se generaron a partir del caso Cabezas involucraron a Zunino y otros periodistas en su rol profesional. “Era una situación que nos involucraba por todos lados, por la mente, por el corazón, por el físico, por los afectos, por todas partes”. Pero también señala que “ahí estaba el peor enemigo porque si uno se deja llevar más por afectos o la parcialidad, o su conclusión pasa más por el estómago que por la razón, puede terminar haciéndole llegar al público información de no muy buena calidad. Eso sería un problema ético.”

Edi Zunino también se refiere a los casos de periodistas asesinados en el mundo. “Se acostumbraron en México y en Colombia… o sea, la desgracia cuando se repite infinitamente en el tiempo termina generando como cualquier estímulo, costumbre. Se pierde la novedad, se pierde la sorpresa, matan a otro periodista y hay un momento en el que es uno más”.

El asesinato de Cabezas fue el primero desde que se había recuperado la democracia en nuestro país. Para él, “Cabezas se convirtió en un hito, se convirtió en una bandera. A nosotros nos pasaba que mucha gente te hablaba de José Luis como si lo hubieran conocido, como si hubieran ido a la escuela juntos o como si hubiera estado en el barrio, o como si hubieran trabajado en un medio. No se había convertido en José Luis, se había convertido en Cabezas, se había convertido en alguien familiar desde esa muerte”.

La participación activa que tuvo Gabriel Michi en el caso Cabezas, por ser su amigo y compañero ese verano, además de haberlo visto horas antes de su asesinato, provocó que algunas de sus decisiones fueran cuestionadas. “Yo estaba muy comprometido y siempre quería que la noticia fuese tapa y bueno, hubo un momento donde dejó de ser tapa. Siempre había notas sobre el caso, pero yo a veces me peleaba con la revista diciendo ‘No, tiene que seguir en la tapa’ o incluso había algunos colegas de la revista que tenían una mirada crítica con respecto al tema, que nosotros seamos los que convocamos a las marchas, porque decían que el periodismo no estaba para eso”.

Además sostiene “yo me mantuve en mi postura que era seguir investigando y voy a seguir haciendo la convocatoria porque realmente mi convencimiento era que si el tema desaparecía, iba a ser otro caso impune”.

Las cifras sobre asesinatos a periodistas y fotógrafos demuestran que el problema no se reduce a un solo lugar sino que es una situación que se mantiene arraigada en muchos países y que termina alentando la reiteración de estos hechos repudiables. La violencia hacia la libertad de expresión y de prensa es un tema que tendría que tomarse muy en serio y que cada uno de los países que contiene un alto número de casos sobre asesinatos y ataques a periodistas, le dediquen tiempo y políticas a proteger no solo sus derechos sino lo primordial, su vida.

Estos 20 años que se cumplen del asesinato de José Luís Cabezas demuestran que su trágico final no fue en vano. Los involucrados no previeron la magnitud que tomaría el caso y el tiempo que llevaría intacto el reclamo por justicia. El caso Cabezas no es un número más en nuestro país. Fue un contratiempo para muchos, fue un caso que puso a la impunidad como tema central y que terminó exhibiendo hasta dónde es capaz de llegar el poder de las imágenes y del periodismo. La sociedad y en especial, quienes trabajan como periodistas todos los días, esperan que cada 25 de enero se lo siga recordando.

José Luis Cabezas: su historia

José Luís Cabezas era reportero gráfico de la revista Noticias. En el verano de 1996, él y un equipo de periodistas fueron enviados a Pinamar a cubrir la temporada. En los 90 la costa argentina era un lugar atractivo para políticos, empresarios y figuras del espectáculo; también lo era para los periodistas y fotógrafos que cubrían exhaustivamente esos meses para conseguir una buena historia.

Desde hacía un tiempo, Cabezas y sus compañeros tenían contactos e información sobre el empresario Alfredo Yabrán, conocido por su estrecha relación con el gobierno de Menem y con una identidad que hasta ese entonces era desconocida. Una foto suya era algo realmente valioso para los medios. Estos buscaban descubrir el entramado político detrás de un empresario que un año atrás había sido acusado, por el Ministro de Economía Domingo Cavallo, de ser un líder mafioso que contaba con protección política y jurídica. Así, su nombre empezó a ganar popularidad y cierta mala fama. Una de las acusaciones principales vinculaba a sus empresas de transporte y seguridad al tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.

Ese febrero de 1996, Cabezas y su equipo se dirigieron al balneario Marbella en Pinamar. Allí hicieron guardia, monitoreando los movimientos de este hombre que se suponía era Alfredo Yabrán acompañado por su esposa. Entonces Cabezas tomó su cámara y sacó las primeras fotos. Durante esa semana exitosa, las fotos se enviaron a la redacción de Noticias. Los editores chequearon las imágenes y la revista publicó el 5 de marzo de 1996 la tapa donde aparecían Yabrán y su esposa caminando por la playa. La nota se tituló “Yabrán ataca de nuevo” y exponía una extensa investigación sobre los negocios oscuros del empresario vinculados a la corrupción del gobierno de turno.

La foto publicada causó un gran revuelo y Cabezas recibió ese año numerosas amenazas de muerte. Un año más tarde, el 25 de enero de 1997, fue secuestrado y asesinado. Su cuerpo, que estaba con las manos atadas a la espalda y dos heridas de bala en la cabeza, se encontró dentro de su auto incendiado en una cava en General Madariaga, a 11 kilómetros de Pinamar.

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En febrero de ese año fueron arrestados los primeros sospechosos del caso pero al no tener certezas fueron liberados. Meses más tarde, se detuvo a Gregorio Ríos, jefe de la custodia de Alfredo Yabrán por presunta participación en el asesinato. La Justicia investigó al empresario y su personal de seguridad y terminó determinando que Yabrán había sido el autor intelectual del crimen. Se encontró también que Ríos, el custodio, convocó a Gustavo Prellezo, jefe de un destacamento de policía de la zona, con quien planeó el secuestro. Estos a su vez contrataron  a una banda de la localidad de Los Hornos para participar a cambio de que se liberaran zonas para que hubiera menos control policial en Pinamar.

El 16 de mayo del 1998 el juez de la causa José Luis Macchi ordenó la detención de Yabrán por instigar el asesinato de Cabezas. A tan solo 4 días de esta resolución, el empresario se vio acorralado y terminó suicidándose.

En el 2000 la banda “Los Horneros” compuesta por Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Retana, al igual que Gregorio Ríos, Gustavo Prellezo y otros dos policías, fueron todos condenados a prisión perpetua. Hoy en día, sólo permanecen con condena Auge, quien tiene salidas transitorias de la cárcel y Luna que lo beneficiaron con 72 horas a la semana para trabajar y descansar en su casa de General Madariaga, aunque muchos -incluso el propio intendente- afirman que está en libertad. Retana, miembro de la banda, falleció en 2001 mientras cumplía su condena. Por otro lado, la cara más visible de la impunidad se refleja en la situación de Gregorio Ríos, el jefe de la custodia de Yabrán, quien goza de absoluta libertad. Lo mismo sucede con Prellezo, estuvo en prisión domiciliaria desde 2010. Se recibió de abogado y escribano y en diciembre de 2016 la justicia lo liberó por buena conducta.

Gabriel Michi es periodista y fue uno de los que estuvo junto a José Luís Cabezas los veranos de 1996 y 1997. Sobre los efectos del crimen de su amigo opina que “en la revista fue un impacto terrible, la variable muerte no estaba en ninguno de nosotros”. También se refiere a una de las tapas posteriores a la terrible noticia. “Hubo una tapa ni bien ocurrió el crimen que fue famosa, una tapa negra sin ningún título. Estuvo en tapa mucho tiempo.”

Hasta el día de hoy, los abogados y la familia de José Luís Cabezas siguen pidiendo el encarcelamiento de los culpables y el cumplimiento de la sentencia judicial, que ya tiene 16 años. Este caso tuvo una gran repercusión social que se materializó en multitudinarias marchas –con el lema “No se olviden de Cabezas”- encabezadas por periodistas y reporteros gráficos que reclamaron justicia y el esclarecimiento del crimen. Toda la investigación logró exhibir algunos hilos de la corrupción que había en el gobierno de turno y en la cúpula de la policía bonaerense, y terminó por convertir al caso Cabezas en el más icónico de la lucha por la libertad de expresión.