Producto de la pandemia y las condiciones socio económicas de muchos argentinos, las tomas de terrenos volvieron a estar presente en la agenda de los medios. Si bien la toma con más resonancia fue la de Guernica en la provincia de Buenos Aires -en la que había mas de 3 mil familias involucradas-, las tomas se fueron repitiendo en otras zonas del país como en la provincia de Córdoba y en Río Negro.

Como consecuencia, el tema del déficit habitacional en Argentina volvió instalarse en la sociedad. ¿El estado es responsable sobre la actual situación habitacional? ¿Cómo fueron los últimos presupuestos en materia de vivienda?

Según datos del gobierno argentino actualmente hay un déficit habitacional cercano a las 3,8 millones de hogares al mes de septiembre de 2020.

Cuando hablamos de déficit habitacional nos referimos a las necesidades habitacionales insatisfechas dentro de una determinada población. Estos 3,8 millones de hogares sufren una necesidad habitacional si tomamos en cuenta el déficit cuantitativo (necesidad de un nuevo hogar) como el déficit cualitativo (falta de servicios básicos, hogares construidos con materiales débiles).

En los últimos años hubo un aumento del déficit habitacional en la Argentina que está directamente relacionada con el recorte presupuestario. Si tomamos como punto de partida el 2001, 2.600.000 de hogares tenían necesidades habitacionales insatisfechas según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Para 2010, el número aumentó a 3 millones de los cuales dos millones necesitaban mejorar o completar su vivienda y un millón requería una vivienda nueva de acuerdo al último censo nacional.

Paulatinamente el número fue avanzando, a 3,5 millones en 2018 de acuerdo a la Secretaría de Vivienda y, en 2020, llegó a la cifra de 3,8 millones de familias de acuerdo a la Asociación civil por la igualdad y a justicia( ACIJ).

A nivel nacional, el derecho al acceso a la vivienda digna es reconocido en el artículo 14 de la Constitución. En este sentido, en 2013 se creó la ley 14.449 que se refiere al Acceso Justo al Hábitat en la provincia de Buenos Aires. La ley tenía por objetivo la promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable en la Provincia de Buenos Aires. La ley busca producir suelo urbano, facilitar la regulación urbana de barrios informales, atender las necesidades diversas sobre la demanda habitacional y generar nuevos recursos que busquen reducir las expectativas especulativas del valor del suelo.

Para cumplir con estos objetivos, se crearon ciertos instrumentos financieros, impositivos, de gestión de suelo, de planificación urbana y de redistribución de la renta. La ley fija responsabilidad conjuntas tanto para la provincia como para los municipios para la construcción de viviendas, urbanización de las villas, provisión de infraestructura y la generación de suelo urbano.

Leandro Vera, sociólogo y magíster en desarrollo urbano e investigador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), afirma que ya sea por omisión o acción “el estado es claro responsable de la actual situación habitacional”. Si bien la situación se agravó ahora, este es un tema persistente en el último tiempo de la Argentina ya que por más de que hayan pasado gobiernos el problema siguió incrementándose y el estado no encontró solución alguna. Según Vera, “el último programa habitacional que abordó el tema de manera completa , fue el programa habitacional de (Juan Domingo) Perón en los años 50”.

Si bien a fines de 2019, se creó el Ministerio de Vivienda y Hábitat lo que fue muy auspicioso para enfrentar este conflicto histórico en Argentina ya que por primera vez iba a haber una cierta lógica e hilo entre las políticas de construcción de viviendas y la urbanización de barrios populares, este ministerio fue uno el que menos actividad tuvo en lo que va del año. De hecho, hasta septiembre, la cartera que conducía por María Eugenia Bielsa , solo ejecutó un 31% del presupuesto proyecto para este año. Vera sostuvo que “no se sabe cual es la política habitacional de este gobierno” y que el ministerio “se vio debilitado luego del paso de la secretaría de barrios populares al Ministerio del Desarrollo Social”.

Aunque el dinero del presupuesto disponible por el ministerio no alcanza a cubrir el déficit que alcanza a un tercio de las familias argentinas, año a año los recursos destinados para esta problemática fueron disminuyendo. El presupuesto para los programas de vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y vivienda se redujo un 47% entre 2018 y 2019 y se proyecta una caída del 60% para el 2020, según un informe realizado por ACIJ.

En 2019, producto de los recortes del presupuesto, se produjo la eliminación del “Programa 10” del Ministerio de Obras Públicas, iniciativa que se encargaba de las actividades comunes a los programas de vivienda. Las actividades que se realizaba allí fueron tomadas por el  “Programa 37” (Infraestructura urbana) y el “Programa 38” (Acciones de vivienda y desarrollo urbano). Sin embargo , esto no provocó  ningún aumento en el presupuesto de los planes por lo que quedaron con los mismos recursos pero con más actividades para realizar.

Vera cree que las inversiones en las políticas públicas de vivienda están alejadas de las necesidades de la población ya que no es solo construir viviendas sino ver cómo la población puede llegar a ellas y mantenerlas.

“Hay una mirada muy pobre sobre el tema de déficit habitacional ya que no es algo que se soluciona sólo con construir viviendas sino que se necesita de un conjunto de políticas públicas a largo plazo”, sentenció el especialista.

Eduardo Reese, integrante de Habitar Argentina -colectivo de organizaciones e instituciones que busca generar un marco normativo para garantizar el derecho a la vivienda, tierra y hábitat digno para todos- participó de una charla de la Universidad  de General Sarmiento junto a Rosario Fassina integrante del programa del derecho a la ciudad de ACIJ y Fernanda Miño actual secretaria de integración socio urbana del Ministerio de Desarrollo Social. Reese afirmó que “la solución no es solamente construir más viviendas sino que hay que intervenir en el mercado inmobiliario y regular el mercado de suelo para darles verdaderas soluciones a la gente”.

Otra problemática se puede ver en las personas que alquilan su vivienda  que representan casi un 20% de la población argentina. Cabe recordar que el gobierno mediante un DNU prohibió los desalojos por incumplimiento de pago hasta el 31 de enero de 2021 y congeló las cuotas de los créditos hipotecarios UVA por la pandemia.

En cuanto al mercado de alquileres según el propio Vera es un mercado con una carente regulación por parte del estado por más de que existen normas básicas que todo alquiler debe cumplir. Para dar un ejemplo sobre la poca regulación que hay en el mercado inmobiliario en CABA, Vera mencionó que “en la Ciudad de Buenos Aires las regulaciones en el mercado inmobiliario las hace el propio colegio único de inmobiliarios de la ciudad”.

Vera propone dos iniciativas  para poder mejorar la situación de los alquileres mediante la un sistema hipotecario fuerte por parte del estado que permita a los habitantes lograr tener su vivienda propia a través de un crédito y no verse asfixiados por parte de la cuota del mismo y que el estado ponga en alquiler las viviendas vacías que posee.

Otro punto que no está regulado es el mercado del suelo “algo clave para que se garantice el derecho a la vivienda” según Vera. Con mercado del suelo, se refiere al costo de la tierra sin tener en cuenta la construcción de la vivienda. El suelo está formado tanto por el lote y por la localización. La localización no es solo la ubicación del lote sino que  también implica la accesibilidad  del mismo y el acceso a bienes y servicios definidos por la intervención pública. El precio del suelo muchas veces deja fuera del mercado a mucha gente. Hoy por hoy la vivienda sólo está garantizada para quien puede pagarla y no para toda la población”, sentenció Fassina. 

“Hoy por hoy es imposible acceder a tierras bien localizadas a precios accesibles. Uno de los grandes problemas es que el mercado está dolarizado”, sostuvo Vera. Esto impacta directamente en el acceso de las clases populares al mercado de suelo y las termina expulsando de las grandes ciudades. Fassina opinó que “actualmente los sectores medios y bajos de la sociedad son los que más problemas tienen para acceder a la vivienda ya que la vivienda se convirtió en un commodity y se alejó de su bien social”. Con respecto a esto Vera concluyó que “con un mercado dolarizado de tierras , más que nunca se necesita una regulación del mercado de acceso al suelo”.

En cuanto al suelo urbano, el estado argentino lanzó un Plan Nacional de Suelo Urbano mediante el cual se busca relacionar la política suelo con el desarrollo territorial para así lograr soluciones en materia de vivienda. El principal objetivo de este plan está en la regulación del mercado de suelo para así generar soluciones para aquellas personas que no pueden acceder al suelo y generar las condiciones para que puedan acceder en todo el país. Este plan se acopla con el Plan Procrear que otorga créditos para la construcción de viviendas. Vera cree que “este plan es sin dudas un avance pero todavía hace falta más planes para resolver la problemática”.

Este plan está dividido en 4 temáticas: Programa Nacional de Producción de Suelo, Programa Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica, Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo y el Observatorio Nacional de Acceso al Suelo. Mediante el primer programa se buscará generar lotes con servicios para ampliar el acceso al suelo urbanizado y la promoción de banco de tierras a nivel municipal. En diálogo con Página 12, Juan Ignacio Duarte, director Nacional de Políticas de Suelo en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitar, sostuvo que mediante el Plan Nacional de Suelo Urbano “se busca aumentar la oferta de suelo urbanizado de calidad, que al venderlo a valores por debajo de los valores del mercado , permite el acceso de familias que hoy en día no pueden acceder porque un terreno en el mercado tiene un valor muy alto para los ingresos de las familias”.

En cuanto al segundo programa, lo que fomenta la capacitación de los funcionarios en materia de vivienda para así mejorar sus conocimientos en estas áreas. La Mesa Intersectorial va a generar un ámbito de debate entre el sector privado y público y organizaciones civiles y el Observatorio será un lugar de seguimiento y análisis de los datos sobre el acceso al suelo en toda la Argentina. Duarte dijo que “el estado no planea ganar dinero con la producción sino recuperar lo invertido “ y que “la familia se beneficia porque va a haber una mayor oferta de suelo urbanizado”.

Los que pueden acceder a solicitar financiamiento en el Programa de Producción de Suelo son los organismos municipales o provinciales responsables de la ejecución de proyectos urbanísticos y habitacionales e instituciones públicas financieras municipales o provinciales y fondos fiduciarios del sector público provincial o municipal.

Argentina construye: Empezar a reparar una deuda histórica

En el primer semestre de 2020, se lanzó  un proyecto que se llama Argentina Construye  por parte del estado nacional. Este proyecto significa una inversión de 29.000 millones de pesos y las obras son articuladas por las provincias, municipios y organizaciones de la comunidad y estarán destinadas principalmente para los sectores populares y en un segundo orden para los sectores medios. Una parte del proyecto se llevará a cabo durante este año y la siguiente durante 2021.

Esta inversión por parte del estado nacional permitirá la posibilidad de la construcción de 5.500 nuevas viviendas, la refacción de 42.900 unidades habitacionales, la entrega de 200.00 créditos y la generación de 2.000 lotes urbanos con servicios disponibles para la construcción de viviendas, según se especifica en la página. Todo esto se suma a las 30.000 viviendas que el gobierno nacional ya tiene en diferentes niveles de avance y espera entregarlas en un futuro.

Mediante créditos se buscará mejorar la instalación del gas a red en los domicilios y dotar de infraestructura sanitaria y conexiones a redes formales de distintos tipos en las viviendas deficitarias.

En cuanto al presupuesto 2021 se prevé asignar al Ministerio de Desarrollo territorial y Hábitat, un total de 119.023.372.791 pesos lo que va a representar un aumento del 135% en relación al presupuesto de este ministerio en el 2020. El presupuesto destinado para barrios populares en 2021 será 12 veces más que el presupuesto 2020 destinado para ese fin.

A su vez, en el presupuesto 2021, los “Programas 38 y 37” son eliminados y van a ser reemplazados por el “Programa 39: Planificación y Desarrollo Territorial” , “Programa 40: Producción Integral y Acceso al Hábitat” y el “Programa 41: Acciones de Abordaje Integral para Mejorar el Hábitat en Barrios Populares y Comunidades con Necesidades Básicas Insatisfechas”.