Alejado, casi escondido detrás de uno de los lugares más lujosos y caros de Argentina como es Puerto Madero, lindante con la Reserva Ecológica y próximo al Río de la Plata, se encuentra el barrio Rodrigo Bueno.
Los primeros habitantes del barrio se asentaron alrededor de los años 80, incluso antes de la aparición de la Reserva hubo un crecimiento exponencial de la población a partir de 2000. Hoy, según el último censo realizado por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), hay 563 viviendas en las que viven 996 familias con un total de 2.665 habitantes.
Más allá de estar a unos metros de uno de los distritos más desarrollados de la ciudad, en Rodrigo Bueno el 88% de las conexiones de agua son informales, el 99% de los hogares no tiene medidor de luz eléctrica y el 96% tiene gas de garrafa.
El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) llegó al barrio a instancias de un proceso judicial en el que el Gobierno solicitó una mesa de diálogo con los vecinos. En las reuniones se evaluó tanto la posibilidad de una reurbanización como de una relocalización.
Lucas Randle es coordinador del proyecto en el IVC y afirma: “Se terminó acordando la reurbanización en el lugar con un proceso participativo y a raíz de eso surgió la discusión de la ley 5798 que regula todo el proceso”.
Dicha ley estipula que el proyecto no sea sólo edificación y refacción de viviendas sino que incluya una integración del barrio a la ciudad. Por eso, desde el IVC aseguran que hablar sólo de urbanización no abarca la parte integral que incluye el enfoque multidisciplinario para mejorar la salud, educación, trabajo y desarrollo económico.
Las dudas persisten
Antes de que comience el proyecto, se estipulaba una mudanza del barrio a algunas cuadras de distancia. Pero los vecinos se pusieron firmes en distintas reuniones con funcionarios para evitar que esto suceda.
Blanca, que es una de las referentes del barrio, asegura que lograron convencer a los funcionarios: “La del barrio es gente laburante y nosotros queremos pagar todo esto por más que el 10% no quiere la urbanización, la mayoría queremos pagar nuestros impuestos, queremos pagar todo. No queremos vivir más gratis. Claramente le encantó eso al jefe de Gobierno”.
El proyecto es de 46 módulos habitacionales y la mudanza comienza a principios de junio, se estipula que para octubre ya se logre que las 612 viviendas estén ocupadas. Los edificios tendrán, en planta baja, locales comerciales que serán ocupados por los vecinos. Una vez que se hayan mudado cada propietario tendrá que pagar una cuota de alrededor del 20% de sus ingresos y para ello recibirán créditos blandos del IVC y el Banco Ciudad.
Hace tres años, Diego Armando González expuso la condición en la que estaba el barrio frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y eso fue un gran llamado de atención para el Gobierno. González es uno de los delegados del Rodrigo Bueno, trabaja en un carnicería y dirige una escuela de fútbol en el barrio. Asegura que la gente tiene “muchas dudas” porque después de “tantos años de de desilusiones” hasta que el proyecto no esté terminado por completo no van a poder estar tranquilos.
Pero en un proyecto de esta magnitud el final no consta solamente de la mudanza. Los vecinos van a vivir un cambio total de su forma de vida, van a pasar a formar parte de un consorcio con reglas claras, donde hay que pagar expensas y cumplir ciertos requisitos. Los residentes recibirán talleres de manejo de consorcios y también las familias tendrán un acompañamiento para ayudarlos en la adaptación.
Desde el IVC dicen que el proyecto termina cuando el barrio sea uno más de la ciudad sin ningún tipo de diferencia, con sus características particulares pero con los mismos derechos y obligaciones. Por eso, se debe considerar que este proceso lleva un largo tiempo, que no depende sólo de una obra y que sea cual sea el gobierno debe haber un acompañamiento integral para poder lograrlo.