$ 1.253.817.281 fue el monto, en pesos, que gastó Juntos Por el Cambio durante la última campaña electoral, consagrando holgadamente a Patricia Bullrich como la candidata más cara de las elecciones presidenciales del 2023.
Haciendo un análisis simplista de los números presentados por la CNE (Cámara Nacional Electoral), la campaña de Juntos por el Cambio fue un fracaso en comparación a los demás partidos que compitieron en las elecciones generales. Javier Milei (La Libertad Avanza) y Sergio Massa (Unión por la Patria) fueron los dos candidatos que entraron al balotaje gastando $475.539.161 y $926.621.216 respectivamente.
Estos números provienen de los informes presentados por cada partido a la CNE, en los que se detalla el monto de ingresos y egresos durante la campaña, especificando quiénes fueron los aportantes del dinero y en qué lo gastó el partido.
Fuentes allegadas a la política afirman que “la construcción de un candidato cuesta mucho más que un millón de dólares”. Pablo Cecchi, director ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano (abocada a “despejar dudas sobre lo que es el proceso electoral en Argentina”), ratifica dicha afirmación: “Hay muchísimo más de lo que se declara. Esto es una parte muy muy pequeña. La Cámara Nacional Electoral intenta hacer un trabajo y le pregunta a los partidos, pero no hay un número”.
El seguimiento tanto de los gastos como del financiamiento de la campaña se dificulta más aún cuando se trata de las llamadas donaciones en “especies”. Estos aportes hacen referencia al apoyo que realizan tanto individuos como empresas en materia no monetaria. Para tenerlos en cuenta en las declaraciones se debería tomar el valor de mercado del bien o servicio recibido. Algunos ejemplos pueden ser los teatros en que se realizan los cierres de campaña, los vuelos privados que realizan los candidatos o cualquier otro tipo de aporte que se realice al partido durante la campaña que no sea dinero.
Pablo Cecchi cuenta que desde Poder Ciudadano en elecciones pasadas se intentó rastrear si estos aportes en especies estaban siendo declarados de forma correcta, “si se hacía un acto en el Luna Park, nosotros llamábamos y preguntamos cuánto nos salía hacer algo parecido a lo que se había hecho (contratar el sonido, las luces, el catering, etcétera) y nos dábamos cuenta que lo que registraban los partidos políticos era muchísimo menos de lo que nosotros veíamos”.
Foto 1: Cierre campaña UxP Luna Park /Foto 2: Cierre campaña LLA Movistar Arena
Rastrear los aportes no declarados es una tarea complicada, sino imposible. Según Cecchi, “es como la evasión impositiva, vos no podés decir quién evadió, lo que podes es contrastar y la Cámara Electoral puede analizar estos informes”, aunque estos informes sean “investigaciones complejas que generalmente no llegan a un buen fin. Depende de la oportunidad, mérito y conveniencia de la justicia”.
Precampaña
Otro monto que se le suma al dinero que mueve un partido para la construcción de un candidato es la precampaña, que según fuentes del equipo de Patricia Bullrich es la instalación del candidato, “ese tiempo adicional que se necesita para recorrer el país, hacerse visible e irse mostrando antes de su lanzamiento formal cuando empieza la campaña”.
En el caso de Juntos por el Cambio la forma de recaudación durante la precampaña (período comprendido entre mayo del 2021 hasta abril del 2023) fue a través del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), con sede social en CABA y presidido por la misma Patricia Bullrich. Según una de las encargadas de organizar el financiamiento y la administración de los fondos de campaña de Patricia, esta asociación se trataba de “un think tank de políticas públicas”.
Este think tank “no hacía campaña partidaria”, sino que era un espacio en el que la futura candidata contaría “sus ideas, cómo quería plantear el gobierno, cuál era el tema de cambio y cómo veía la coyuntura del momento”. Se trataba de almuerzos de dos horas con Patricia Bullrich, en los que esta “no utilizaba ni el celular ni se levantaba de la mesa”. Para los últimos almuerzos de abril, previo a que comience “la campaña formal”, cada seminario costaba alrededor de 1.500 dólares.
La IGJ (Inspección general de la Justicia) intervino el IEES en julio de este año en busca de “normalizar la situación institucional de la entidad” luego de que se verificaran “irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar”. Ricardo Nissen, director del IGJ, agregó que “algunas actuaciones de Patricia (Bullrich) durante el 2022 podrían estar violando la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos”. La respuesta del IEES fue pegar un cartel en la entrada con la leyenda “cerrado por vacaciones”.
A dos semanas de las elecciones generales, la Cámara Nacional Civil dejó sin efecto la intervención porque indicó que el organismo «no tuvo oportunidad de ser oído, ni de ofrecer y producir prueba». Además, desde el equipo de Bullrich afirman que se logró “evitar la intervención en el Instituto porque se hizo actividad lícita. No se engañaron a los clientes porque pagaban con gusto lo que recibían cada semana: el seminario y la charla mano a mano”
Cabe agregar un testimonio de un integrante del equipo que manejó el financiamiento y los aportes durante la campaña: “Toda esa plata (la conseguida mediante el IEES) la podíamos usar para el desenvolvimiento de las actividades de Patricia por todo el país, o sea, el Instituto con eso pagaba pasajes, pagaba actividades de Patricia afuera. Vos me podés decir que eso ya era campaña. Bueno, pero no había tanto proselitismo político cuando nosotros hacíamos los seminarios del IEES, no había un banner de Juntos por el Cambio o un banner Patricia 2023, o sea, era una actividad de charla con una doctora en ciencia política que explicaba su futura aspiración a ser candidata”.
Financiamiento estatal
El Estado otorga dinero a todos los partidos políticos mediante dos tipos de aportes: Dinero para la impresión de boletas y un aporte extraordinario de campaña. Estos montos son determinados por el Ministerio del interior, así como también las regulaciones para los aportantes privados.
El dinero que se otorga con el fin de imprimir las boletas es repartido de forma igualitaria para todos los partidos. La ley establece que la Dirección Nacional Electoral (DINE) debe entregar a los partidos el dinero equivalente a la impresión de una boleta y media por elector registrado en cada distrito. Teniendo en cuenta las PASO y las generales, se entregaron un total de $258 millones a cada partido.
El otro aporte que se realiza a los partidos es el “aporte extraordinario de campaña”, que es el financiamiento que realiza el Estado para que cada partido pueda llevar adelante su campaña política. Para la distribución de este se fija un monto del cual una mitad se reparte equitativamente, mientras que la otra mitad se reparte en forma proporcional a la cantidad de votos que las agrupaciones hubieran obtenido en los últimos comicios para la misma categoría, en este caso, las presidenciales de 2019.
Existe un tercer aporte que realiza el Estado que se da de forma indirecta. Durante los años electorales, las emisoras de radio y los canales de televisión están obligados a ceder el 5% de su programación para los spots de candidatos (la mitad de forma gratuita y la otra mitad, a cuenta de impuestos nacionales).
Según el Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), “los subsidios directos e indirectos contribuyen a que los partidos puedan pagar sus gastos corrientes y las actividades indispensables de sus órganos de decisión y espacios de participación, y a que todas las agrupaciones que participan de elecciones nacionales puedan pagar sus boletas y acceder a los medios masivos”.
Aportes privados
Una vez comenzada la campaña formal, cada partido debe abrir una cuenta bancaria en la que recibirá los aportes de campaña provenientes de privados con el fin de poder tener un registro de las transferencias realizadas, los montos y los aportantes. En estos casos, se encuentran habilitados a aportar las personas físicas, las sociedades financieras, comerciales, asociaciones civiles, fundaciones y cooperativas; con un tope máximo establecido por la Cámara Nacional Electoral de $20 millones para las PASO, $40 millones para las generales y $20 millones para el balotaje.
El Banco Supervielle fue, por amplia diferencia, el mayor aportante para la campaña de Juntos por el Cambio. Alcanzó con tres líneas de negocio internas (Supervielle Seguros SA, Supervielle Productores Asesores de Seguros SA y Supervielle Asset Management) los montos máximos de las primeras dos instancias electorales, aportando un total de $180 millones.
“Nosotros lo que hicimos fue conseguir un nicho de empresarios que quieran aportar en la campaña sin favores políticos por el proyecto presidencial que querían que se impusiera”, comentan desde el equipo de Patricia Bullrich.
En relación a empresas como Inversiones Urbanas Nuevo Milenio (Inurban), que también se encuentra entre las que más aportaron, desde el partido no creen que pueda existir un futuro conflicto de intereses en caso de otorgamiento de licitaciones, “el requisito es que no pueden ser proveedores del Estado en el momento que hacen el aporte”. Además, agregan que “es sana alineación de intereses. Lo que no puede suceder en el Estado, es que una empresa gane una licitación porque sos amigo, te deben un favor u otra cosa”.
Si se comparan los aportes realizados y declarados a Juntos por el Cambio con, por ejemplo, los realizados a La Libertad Avanza, la disparidad de aportes es llamativa. Más aún cuando quienes manejaron el dinero de Juntos alegan haber hecho una “campaña muy austera”. Max Perkins, candidato a intendente por San Miguel, comenta que son ellos los que tienen que “conseguir quienes quieran poner plata para la campaña, y en caso de no hacerlo, tenemos que poner plata nuestra”.
Previamente se lo citó a Pablo Cecchi comentando que los números de campaña que se declaran son inferiores al dinero que realmente se mueve. Una especialista en financiamiento electoral del equipo de Bullrich ratifica esta afirmación parcialmente, comentando que los números de La Libertad Avanza son “claramente mas bajos” porque “serán liberales a ultranza: les habrán dado la plata y la habrán gastado” a través de mecanismos como los aportes directos, en negro o la tercerización de servicios no declarados. Agrega que los gastos que figuran de Juntos “son altos porque se declaró todo”.
Esto es algo que se celebra puertas adentro de Juntos, “la transparencia con la que se manejaron los fondos, hacer las cosas de forma legal y transparente, te permite abrir el juego, te permite promocionarlo, poder hablar de esto que hiciste sin ningún problema porque no hiciste nada clandestino ni malo. De hecho hubo un par de aportes que tuvimos que devolver”.
Resulta difícil determinar si realmente la campaña de Juntos por el Cambio fue la más cara de las elecciones. Es evidente que entran en juego otros factores como los aportes en negro, los “favores” o la utilización de los aparatos del Estado para la promoción de un candidato. Factores que no siempre pueden medirse de forma monetaria y ser comparados.
Texto: Blog Bautista Otero
