Desde el oficialismo presentaron un proyecto de ley para regular la actividad de cuidacoches y limpiacoches en Buenos Ares. Cuáles son los principales puntos, en medio de un vacío legal y falta de estadísticas.

Los diputados bonaerenses de Cambiemos, Guillermo Castello y Matías Ranzini presentaron un proyecto de ley para prohibir la actividad de cuidacoches y limpiacoches en la provincia de Buenos Ares.

Castello y Ranzini redactaron la iniciativa en medio del vacío legal del trabajo de los “trapitos”. Teniendo en cuenta la laguna jurídica en el Código Contravencional de la provincia, la idea es tipificar la práctica como delito en el Código de Faltas.

El proyecto hace alusión a “quien ofrezca de manera directa o indirecta el servicio de cuidacoches, limpiavidrios u otro tipo de servicios similares no requeridos, a conductores de cualquier tipo de automotor en la vía pública sin autorización legal, en forma gratuita, onerosa o a cambio de retribución voluntaria de quien recibe el servicio”.

Para quienes ejerzan la actividad, la pena sería de uno a cinco días de arresto. En caso de previa coordinación o complicidad, la sanción prevista se elevaría al doble para quienes de cualquier modo participen. Y por último, la sanción se triplicaría en caso de que el servicio encubra una organización estructurada.

El diputado Castello enfatiza que “muchas veces, detrás de los cuidacoches, hay mafias que se han organizado para dividirse la ciudad como si fuera un botín”. En el proyecto de ley se hace mención a un modus operandi que privatiza los espacios públicos, genera situaciones de tensión, puesto que como es “bien sabido” suelen manejarse de forma violenta.

CTA Trabajadores de la vía pública

En 2014 se fundó en la ciudad de Mar del Plata un Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública. Se buscaba amparar a “limpiavidrios, cuidacoches, malabaristas, floristas, entre otros” para representar y defender los intereses gremiales ante “obstáculos que les impidan o dificulten” realizar su trabajo.

La organización prometía nuclear a más de 1.200 trabajadores y acercarles las propuestas de trabajo y solicitar su acompañamiento. Sin embargo, el destino del sindicato no fue el esperado.

“Ellos presentaron públicamemte la constitución del sindicato durante el anterior gobierno, pero fue falso en realidad. Tengo entendido que el sindicato nunca obtuvo la personería gremial correspondiente”, reveló Castello.

El problema en el sostenimiento de una posible sanción de la ley es la falta de una estadística significativa, aunque se asegure en el proyecto que “resulta común para quienes viajan en automóvil y paran en una esquina verse abordados por grupos de 3 o 4 personas que intentan limpiar el vidrio sin pedirlo”.

“Vamos a desterrar para siempre esta actividad que quita libertad a los ciudadanos y beneficia los bolsillos de organizaciones e individuos que lucran con el apriete, la intimidación y el miedo de la poblacion”, afirma Castello.

Ante la consulta por un posible protocolo de seguridad, Castello aseguró que el control lo hará la policía. “Ellos son los que van a tener que levantar las actas de infracción cuando constaten que cometen una falta”, planteó el diputado.

Por último, Castello pide que para lograr una aplicación efectiva de la ley “va a ser imprescindible la colaboración y el compromiso de la ciudadanía” ya que “el principal fin es brindar a los vecinos de la provincia una protección real y eficiente”.