Punto Convergente

El Gobierno no actualizará el valor del bono a jubilados en 2025: cuánto perderán contra la inflación

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Aunque el presupuesto para el año próximo contempla una inflación de 18,3% , el adicional que perciben los pasivos permanecerá congelado.

El director ejecutivo del ANSES, Mariano de los Heros, adelantó recientemente que el bono de $70.000 que los jubilados cobran desde que inició 2024, continuará durante 2025 pero que el valor seguirá siendo el mismo.

“Está proyectado mantenerlo, pero no se ajustará por inflación”, señaló en declaraciones radiales. Además, adelantó que el Gobierno no planea extender la moratoria previsional que vence en marzo de 2025. 

El Sistema Previsional constituye uno de los pilares de la seguridad social y tiene como fin la protección frente a la vejez, la invalidez, enfermedades y la pobreza. 

El bono a los jubilados continuará durante 2025 pero que el valor seguirá siendo el mismo.

El gobierno de Milei impuso por decreto una nueva fórmula jubilatoria en virtud de la que los haberes aumentan según el IPC (Índice de Precios al Consumidor). Sin embargo, el empalme del modo de cálculo que existía previamente al nuevo no incluyó la inflación de los meses de diciembre de 2024 y enero de este año. En ese período el acumulado fue de 46,1% por lo que las jubilaciones sufrieron una fuerte devaluación. 

Asimismo, el IPC se publica 15 días después del mes analizado, por lo cual, hay dos meses de rezago entre la fecha de cobro y el porcentaje de referencia del Indec. Por ejemplo, la inflación de septiembre se conoce a mediados de octubre impactando el incremento el mes siguiente. Las dificultades para acceder a un retiro digno es una problemática que viene desde hace años, pero en un contexto de recesión se profundiza aún más.

Por otra parte, el propio decreto del bono establece en sus considerandos que éste apunta a “resguardar del riesgo inflacionario a los beneficios de los adultos mayores”. Si se sigue esa lógica, lo adecuado sería que el adicional se ajuste al menos acorde a la inflación anual de 18,3% que plantea el Gobierno en el proyecto de Presupuesto, es decir a $82.810. Como este monto no se actualizará, su valor real decrecerá a $57.190, suponiendo que el escenario planteado por el oficialismo se cumpla.

Mariano de los Heros, titular de ANSES.

Jubilaciones ANSES: cómo evolucionaron desde 2001

“Las condiciones para el acceso a las prestaciones (jubilación, pensión, retiro por invalidez, etc) siguen siendo las mismas desde 1994”, explicó el abogado previsional Gonzalo Gainza en diálogo con Punto Convergente. El régimen cambió desde que Cristina Kirchner instaló el sistema de reparto solidario.

Esa reforma dejó en evidencia las falencias que tenía el sistema previsional, donde los beneficiarios del Estado terminaron teniendo mejores prestaciones que los privados, cuando el objetivo original de la ley era todo lo contrario. “Desde 2008 lo que han existido han sido parches que no modifican la estructura del sistema previsional”, añadió el abogado. 

La situación se agravó con el ingreso en los últimos años de 4 millones de jubilados a través de moratorias, es decir, sin haber cumplido con los años de aportes necesarios.

“Les permitieron el acceso a los beneficios previsionales a quienes de otra forma no hubieran podido acceder por no tener los 30 años de servicios con aportes”, explicó Gainza. El Estado ha “financiado” estos beneficios, lo que añade más presión sobre el sistema. 

Un sistema que requiere 3 trabajadores aportantes por cada jubilado

El panorama muestra un desequilibrio que refleja la falta de aportantes necesarios para sostener el sistema. De acuerdo con Gainza, actualmente hay casi 7,3 millones de jubilados y pensionados que reciben beneficios contributivos, en contraste con solo 6,3 millones de trabajadores que realizan aportes.

“El sistema está diseñado para que por cada jubilado haya al menos tres trabajadores aportando, pero hoy esa proporción es de entre 1 y 1,2 activos por jubilado debido a la informalidad laboral”, explicó Gainza. 

En Argentina, alrededor de unos 3,5 millones de personas trabajan en la informalidad, sin realizar contribuciones al sistema.

Este déficit en aportes implica que el Estado deba cubrir esa diferencia, generando una presión adicional sobre el presupuesto público. “Aún si esos 3,5 millones de trabajadores informales comenzaran a aportar, el sistema seguiría siendo insostenible”, advirtió Gainza.

Los haberes de los pasivos, por debajo de la Canasta Básica

“Se supone que los haberes previsionales deben cubrir todas las necesidades de los pasivos”, explicó el abogado. Uno de los puntos más críticos es el monto de las jubilaciones que actualmente se encuentra por debajo de la Canasta Básica Total para un adulto, que según el INDEC, alcanzó los $319.284 durante el último mes. 

En este contexto, los jubilados de la mínima que cobran el bono de $70.000, elevan su ingreso total a $322.798. “Casi 2,4 millones de personas cobran la mínima, lo que representa un 60% de los jubilados en virtual situación de pobreza”, detalló Gainza. Además de que hay jubilados que tienen un poco más de la mínima que no reciben el bono.

Los jubilados de la mínima que cobran el bono de $70.000, elevan su ingreso total a $322.798.

La modernización del mercado laboral: la solución al desequilibrio

El sistema previsional no recauda lo suficiente para sostener a sus jubilados porque no existe la cantidad suficiente de aportantes; “El faltante lo debemos ´poner´ todos nosotros a través de nuestros impuestos”, explicó Gonzalo Gainza.

Gainza destacó que uno de los principales factores es la falta de un mercado laboral dinámico que permita generar los ingresos necesarios. “Falta una legislación laboral acorde a los tiempos que vivimos, es el envejecimiento de la población lo que hace que haya que sostener al jubilado (en el sistema solidario) por mayor tiempo”. 

Los jubilados de la mínima que cobran el bono de $70.000, elevan su ingreso total a $322.798.

En este marco, además, la contratación formal de empleados es una tarea compleja por la proporción de impuestos y contribuciones que gravan al empleo. Las cargas sociales representan un 70% adicional al salario, lo que desincentiva la formalización del empleo. “Cada trabajador asalariado cuesta 1,7 veces su salario real para el empleador”, señaló el especialista.

Para Gainza, la forma de garantizar un sistema previsional público de reparto es mejorar el mercado laboral. “Con esas medidas no haría falta siquiera extender como siempre se habla la edad jubilatoria”. Se generarían los ingresos para que el sistema se autosustente. 

La presidencia de Milei viene tomando políticas que afectan de lleno a las jubilaciones, tiene la oportunidad de abordar estas cuestiones pero es necesario entender que las reformas implicarán modificar la vida de millones de personas.

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