Nuestro país produce entre 350 y 450 mil toneladas de residuos electrónicos y eléctricos al año, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. Sin embargo, no existe ninguna reglamentación a nivel nacional que se ocupe de la disposición final de estos residuos. Argentina es el tercer país con mayor producción de residuos tecnológicos de América latina y solo recicla poco más de 5% de lo producido. Preocupa el daño en la salud de la población.

Cada argentino produce aproximadamente 8,5 kilos de basura tecnológica al año, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. Es decir, nuestro país produce cerca de 400 mil toneladas de estos residuos al año, siendo el tercer productor a nivel latinoamericano.  Si bien el descarte de cualquier producto ya es un problema porque contamina el ambiente, este tipo de desechos genera una mayor preocupación por sus componentes catalogados como “peligrosos”. En pocas palabras, contaminan más rápido y peor que otro tipo de residuos. 

¿Qué es la basura tecnológica? 

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) son “todos los productos con circuitos o componentes eléctricos y una fuente de alimentación o batería”, definió el reporte The Global E-Waste Monitor 2024. Esto comprende gran cantidad de objetos que se utilizan en la cotidianeidad, desde electrodomésticos como heladeras, lavarropas y secadores de pelo, hasta dispositivos electrónicos como celulares, auriculares inalámbricos y computadoras. 

“Hoy los aparatos electrónicos vienen con una obsolescencia programada, o sea, están previstos para que en tres o cuatro años ya no sirvan más y sacan uno nuevo”, explicó Álvaro Sánchez Granel, ingeniero geógrafo (UNR) y profesor de residuos industriales y urbanos (UCA). El rápido deterioro del producto genera que los usuarios los descarten, muchas veces junto con el resto de la basura. El problema es que no son como cualquier otro desecho. 

El reporte The Global E-Waste Monitor 2024 estableció que contienen sustancias tóxicas y persistentes, como los retardantes de llama bromados, que, al no ser gestionados correctamente, tienen un impacto directo sobre el medio ambiente y la salud de las personas. “Cuando se tira un celular en un relleno, sus elementos tóxicos como el mercurio o la cal toman contacto con el suelo, luego, con la lluvia empiezan a penetrar en la tierra, llegan hasta las napas y contaminan toda el agua”, describió Sánchez Granel. 

De acuerdo con estudios de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), algunos efectos del contacto humano con los retardantes de llama bromados son la toxicidad en el hígado e interferencias en la hormona tiroidea y el sistema reproductivo y nervioso. Incluso pueden causar daños en el ADN a través de la inducción de especies reactivas de oxígeno. 

Actualmente, 58 mil kg de mercurio y 45 millones de kg de plásticos que contienen retardantes de llama bromados se liberan en el medio ambiente cada año como resultado de la mala gestión de los residuos electrónicos, según datos del reporte The Global E-Waste Monitor 2024. 

¿Cómo se tratan estos residuos en la Argentina? 

Actualmente en nuestro país no existe ninguna reglamentación a nivel nacional específica para residuos tecnológicos. “Consideramos que hacer una ley por cada una de las corrientes residuosas no es la mejor forma de regular la materia, sino que buscamos crear un programa específico”, explicó María Candela Nassi, asesora de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. 

La funcionaria también aclaró que la Argentina participa del Proyecto Residuos Electrónicos América Latina–PREAL, que busca mejorar las capacidades instaladas y la cooperación entre países en la identificación de contaminantes en los equipos eléctricos. Sin embargo, también mencionó que nuestro país “recicla actualmente algo más del 5% de los residuos que genera de esta tipología, lo cual es una tasa realmente muy baja”. 

Si bien a nivel nacional no existe ningún programa específico, muchas provincias y municipios tienen sus propias iniciativas. Una de ellas es la ONG Tecnoraee, la primera cooperativa de refuncionalización de RAEEs de Buenos Aires, que nació como una cogestión del Municipio de Pilar, el Ministerio de Ambiente de la provincia y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). 

Andrea Weimberg, encargada de la administración de Tecnoraee, comentó cómo es el proceso de reciclaje: “Nosotros hacemos convenios con las empresas que nos dan los residuos, una vez que ingresa a la planta, pasan por un pesaje y ahí se selecciona lo que va para refuncionalización y lo que va para mesa de desarme”. Refuncionalización implica reparar el artefacto para que funcione nuevamente y luego la ONG lo dona a instituciones como jardines, colegios, centros de jubilados o personas de bajos recursos. 

“Al material que va para la mesa de desarme se le separan los componentes, por ejemplo, de una placa se saca cobre, aluminio, plástico, tornillos, resorte, etiquetas”, describió Weimberg. Los materiales preciosos se venden para poder pagar los salarios de los empleados, que son en su mayoría personas que estuvieron privadas de su libertad. Desde la ONG calculan que reciclan entre 1.000 y 3.000 kilos por mes. 

¿Qué debe cambiar? 

A pesar de que las iniciativas como Tecnoraee son muy beneficiosas para la problemática de la basura tecnológica, no son suficientes para abordar la problemática. “Lo que tiene que cambiar es una ley que haga responsable al productor de aparatos electrónicos”, argumentó el ingeniero Álvaro Sánchez Granel. 

La asesora María Candela Nassi está de acuerdo con esto: “Esta perspectiva implica que los fabricantes e importadores, tengan que responder por el financiamiento de la gestión cuando el consumidor decide desecharlo”. Aunque ya hay algunas empresas que realizan este proceso, como Samsung en la Ciudad de Buenos Aires, no tiene carácter obligatorio, justamente porque no hay una reglamentación a nivel nacional. 

“Otro desafío que existe es la cuestión educativa, todo lo que tiene que ver con la ciudadanía involucrada con este problema —agregó Nassi y continuó— podemos tener las mejores leyes o programas, pero si el ciudadano después no devuelve el producto y lo desecha incorrectamente, no funciona el sistema”.  

En esto también concuerda Andrea Weimberg de Tecnoraee: “Nuestro trabajo también trata de concientizar a la gente de que un material eléctrico que termina en un basural o en una calle es totalmente perjudicial para la salud”. Una correcta gestión de los aparatos descartados implica no solamente cuidar el medio ambiente sino también aportar calidad de vida a toda la sociedad.