Todas las noches, después de haber ido a la escuela y cumplir con sus tareas, los chicos del barrio Rodrigo Bueno salían de sus casas y se reunían en la plaza que está a 50 metros de la entrada de ese barrio porteño. Quienes los veían pasar podían llegar a pensar que estaban yendo a jugar un partido de fútbol amistoso. Sin embargo, al ver que todos llevaban bajo el brazo una notebook blanca con letras amarillas que decían “S@rmiento”, esa idea cambiaba.
Aquella plaza se había vuelto un punto de encuentro popular entre los jóvenes porque era la única zona del barrio en la que había señal de internet. En esos días, se había filtrado el código del wifi que correspondía al local desde el cual el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) dirigía la urbanización del lugar. La diversión duró un tiempo, pero, un día, los niños dejaron de juntarse en ese sitio. Los representantes del IVC habían cambiado el código de acceso
El lento desarrollo del barrio Rodrigo Bueno
El barrio Rodrigo Bueno, que está a 2,7 kilómetros de la Casa Rosada, no tuvo acceso a internet y a otros servicios básicos como el gas desde que se fundó en 1979. El terreno en el que se desarrolló este asentamiento popular formaba parte del Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica Costanera Sur y, por ello, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) inició y promovió varios intentos de desalojo.
En 2015, Diego Armando González era el representante vecinal del barrio y, como tal, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para informar sobre la falta de servicios como cloacas, agua y la precariedad de la electricidad.
Dos años después, un juez puso en práctica la ley 5.798 que contempla la urbanización e integración socio-urbana del barrio. Aunque el IVC inició la construcción de viviendas y locales comerciales en las 8 manzanas que lo componen, los habitantes del Rodrigo Bueno tuvieron que esperar tres años y medio más para tener acceso a internet, servicio que fue declarado como derecho humano por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2016.
Brandon Sosa, un joven estudiante de abogacía, se vio obligado a pausar, desde principios del 2020, sus estudios debido a la pandemia generada por el COVID-19 y la falta de internet. “Yo usaba los datos de Movistar y el mes pasado [septiembre] tuve que pagar $10.000 porque, además, pago el de mi hermana y el de mi mamá”, dijo.
