Los números más conservadores, del Gobierno de la Ciudad, muestran un crecimiento del 26% tan solo entre 2017 y lo que va del 2018. Hablan de 1091 personas viviendo actualmente en las calles de Buenos Aires. Sin embargo, un censo no oficial, realizado por múltiples organizaciones e instituciones, sostiene que son por lo menos tres veces más y que en la Ciudad buscan “invisibilizar el tema”.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat afirman que “la problemática es muy compleja y responde a una multiplicidad de causas, que muchas veces no tienen relación con lo económico”. Sin embargo, Cecilia Segura, presidente de la Auditoria General de la Ciudad, tras haber realizado su último informe en junio de 2018 y haber sido partícipe del Censo Popular, sostiene que “la política económica del macrismo ha producido un aumento de la gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, que no tiene políticas coordinadas para dar una solución integral”.

Maximiliano Corach, subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, afirmó que, en 2016, hubo 866 personas en situación de calle en la Ciudad; en 2017 ese número aumentó a 1.066, y hoy alcanza a 1.091. Los datos muestran que la mayoría (78%) son varones, que el 72% vive en la calle hace más de un año y que el 83% tienen entre 19 y 64 años.

Sin embargo, un informe alternativo, el conocido “Censo Popular de Personas en situación de calle”, elaborado en forma conjunta por el Ministerio Público de la Defensoría de la Ciudad, la Auditoría General porteña, la Defensoría del Pueblo y más de 50 organizaciones sociales, políticas y barriales, informa en contraste con los datos brindados por funcionarios del gobierno, que en 2017 había 4.394 personas que vivían en las calles porteñas, son cuatro veces más que las que reconoce el gobierno. El número ascendía a 5.872 si se sumaban a quienes utilizan la red de alojamiento transitorio nocturno.

Chequeado, medio digital que se dedica a la verificación del discurso público, pudo confirmar que la principal diferencia entre el número oficial de la Ciudad y el censo no oficial, se debe a las distintas metodologías implementadas por ambos.

El Censo del Gobierno porteño se realizó durante una sola jornada a partir de las 19 horas, mientras que el segundo tuvo lugar durante una semana, asistiendo a los lugares en distintos días y horarios.

En la Ciudad hay 27 paradores en total, algunos son para familias, otros para hombres y otros para mujeres, contó Corach; cada uno de ellos cuenta con equipos sociales especializados para trabajar con las personas que ingresan.

También, señaló que “al mismo tiempo, que operadores telefónicos de la línea 108 de asistencia social inmediata, esperan el llamado de los vecinos todos los días, equipos móviles de profesionales del programa BAP (Buenos Aires Presente) recorren la Ciudad para asistir a las personas que se encuentran en situación de calle”, y por último, dijo que el presupuesto 2018 destinado a paradores de la Ciudad es 192,5 millones de pesos.

Dentro de los refugios propios del Gobierno de la Ciudad hay tres que son de acceso directo: en primer lugar, el “Parador Retiro”, que es exclusivamente para hombres; en segundo lugar, está el “Parador Veppo Ghezzi”, también para hombres y finalmente, se encuentra el único en toda la ciudad para mujeres solas o con niños menores de 18 años, llamado “Azucena Villaflor”. Para esta investigación se pidió una autorización para ingresar a alguno de estos tres paradores. Sin embargo, desde la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario se negó el acceso, aun cuando se pidió acceder entre las 9 y las 17, sabiendo que no hay personas alojándose, el argumento fue que se violaría la privacidad de quienes se hospedaban allí.

Existen también otros establecimientos que son de gestión asociada, es decir, que tienen un convenio con el Gobierno de la Ciudad y reciben de ellos una partida presupuestaria durante la duración del contrato. Entre ellos se encuentra el “Centro de Integración Monteagudo”, que también formó parte de la iniciativa de la realización del Censo Popular y que está a cargo de la ONG Proyecto 7. El convenio que firmaron con el gobierno porteño lo renuevan cada dos años desde el 2011, el mismo no se ajusta por inflación, razón por la cual, los integrantes de la organización se quejan porque los salarios son bajos y siempre faltan suministros.

Agustina Gonela, trabajadora social del centro, aclaró que “una de las principales diferencias con los paradores del gobierno de la ciudad, además del hecho de que acá la gente se queda hasta que lo necesita y que superamos ampliamente el número de plazas, es que este lugar lo gestiona una organización que tiene un interés militante por la situación de calle, por ende, el enfoque va a ser distinto”. Que al establecimiento se lo llame “centro de integración”, según los miembros de la ONG, connota algo diferente, apunta a una integración en la sociedad, por lo que no se considera a la “situación de calle” como algo permanente, sino como una situación pasajera de la cual se puede salir.

Por último, comentó, que tiempo después de quedar a cargo del establecimiento, los miembros de la ONG, trataron paulatinamente de desplazar a las empresas tercerizadas de limpieza y cocina para que puedan trabajar los propios miembros del lugar y así darles una oportunidad laboral.

“La mayoría de la gente que está acá estuvo en paradores; algunos tuvieron experiencias muy feas de violencia institucional, los límites son muy duros, no digo ni que esté bien o mal, pero si no tenés un sistema preparado para manejar a alguien que está alcoholizado o que tardó en levantarse, por ejemplo, entiendo que le pongas el límite, pero no es lo mismo decirle no entrás nunca más, que decirle volvé mañana y vemos, que es lo que hacemos acá” mencionó Gonela.

Daniel Jiménez, coordinador general del Centro de Integración Monteagudo, en su pasado vivió en situación de calle hasta que llegó a este centro que le dio un techo, comida y tiempo después trabajo. Él es muy crítico del sistema oficial de la ciudad, como lo son muchos otros, y aseguró que “nunca pasé por ninguno de los paradores del gobierno porque me contaron lo que eran, que había un trato muy carcelario, que era únicamente para pernoctar, salís de la calle para dormir y volves de nuevo, no te ayudan a conseguir trabajo ni nada; no tenías una cama fija como es acá”. También afirmó que para entrar en los paradores hay que hacer una fila que inicia aproximadamente a las tres de la tarde y que el lugar abre a las 18:00 hasta las 8:00 de la mañana que cierra. “Te toman los datos, te asignan la cama, pero si no entrás no entrás, no te mandan a ningún otro, te quedas afuera” concluyó.

“Te toman los datos, te asignan la cama, pero si no entrás no entrás, no te mandan a ningún otro, te quedas afuera”, expresó Jimenez.

En el año 2010 un grupo de organizaciones, encabezadas por la ONG Proyecto 7, presentaron ante la legislatura un proyecto, que 2 años más tarde se convirtió en la Ley 3706 de la ciudad de Buenos Aires, destinada a la “Protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle”. Una de las tantas contradicciones que presentan los paradores del gobierno de la ciudad, según indican Jiménez y Gonela, es con respecto al artículo 10 de la ley que establece que se le debe otorgar una casilla de correo postal gratuita a todas aquellas personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle.

“Eso tampoco pasa, muchas personas vienen y preguntan si pueden dar el domicilio de acá”, aseguraron. Lo que no terminan de entender quienes militan por esta problemática, es porque se reglamentaron tan pocos artículos de la ley, como por ejemplo el número 7, que estipula que todos los servicios de asistencia social brindados por el estado y entidades privadas deben funcionar las 24 horas durante todos los días del año. Esta serie de anulaciones de los artículos llevan a que múltiples derechos de estas personas en estado vulnerable no se reconozcan.

Los paradores tienen muchas críticas no solo provenientes de las organizaciones, sino también por parte de entidades formales, como lo es la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.

Un reciente informe realizado en junio de 2018 por el organismo reveló diversas denuncias sobre falencias en los paradores nocturnos del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, entre ellas se encuentran la falta de calefacción, filtraciones de agua, plazas insuficientes y vidrios rotos.

Cecilia Segura, presidente de esta institución, manifestó : “Los paradores no se adecuan a las necesidades de las personas que están en situación de calle; entonces, las familias no quieren ir a esos lugares, porque tienen que separarse (solo hay un parador propio en toda la ciudad que admite familias) o porque no pueden guardar sus herramientas de trabajo o sus carros. Nadie quiere vivir en la calle, pero para muchas personas los paradores no son una opción, y esto es grave”.

Además, sostuvo que hace años que desde la Auditoría, señalan la falta de políticas destinadas a las personas en situación de calle que resuelvan de manera definitiva esta problemática.

“Nadie quiere vivir en la calle, pero para muchas personas los paradores no son una opción, y esto es grave”, afirmó Segura.