Es una de las actividades más reguladas de la Ciudad, pero acumulan sanciones por fallas de seguridad, exceso de capacidad y deficiencias operativas. Qué dicen autoridades, empresarios y familares de jóvenes

La pista está colmada y avanzar unos pocos metros dentro del boliche es una tarea lenta que exige empujar, esquivar cuerpos e ir de la mano para no perder al grupo. Los cuerpos se rozan, se empujan sin mala intención, buscan un hueco mínimo para pasar. El aire es espeso y el calor sube a medida que se suma gente. La música suena tan fuerte que anula cualquier conversación. El reggaetón viejo rebota contra las paredes y retumba en el pecho, marcando el ritmo de una multitud que se mueve casi por inercia, envuelta en destellos de luces rojas y verdes que desorientan. Es la postal de cada viernes: personas que deciden entrar, quedarse y formar parte de ese ritual que transforma a la noche en la Ciudad de Buenos Aires cuando empieza el fin de semana.

En los márgenes de esa euforia aparecen escenas que se repiten cada fin de semana en muchos boliches de Buenos Aires. Cigarrillos encendidos a escondidas, puertas que deberían estar despejadas pero no lo están, pasillos saturados, personal de seguridad que mira para otro lado. Son situaciones naturalizadas, que conviven con la diversión y rara vez interrumpen la fiesta. Detrás de esas escenas repetidas se despliega un circuito nocturno donde las habilitaciones, las inspecciones y las sanciones forman parte de un engranaje pensado para garantizar la seguridad en boliches, aunque en la práctica no siempre cumple ese objetivo.

Aunque se trata de una de las actividades comerciales más reguladas de la Ciudad de Buenos Aires, los locales bailables clase “C”, mejor conocidos como boliches, continúan acumulando sanciones por incumplimientos normativos.

Durante la primera mitad de 2025, en la Ciudad de Buenos Aires se aplicaron 26 sanciones a 19 locales bailables, mientras que en 2024 los antecedentes dan cuenta de 47 sanciones sobre 28 locales. Aunque el funcionamiento de los boliches es una de las actividades comerciales más controladas, los registros revelan que las infracciones continúan repitiéndose. Las irregularidades no solo están presentes en las instancias de inspección, sino también desde que el boliche abre sus puertas y la normativa debe cumplirse en la práctica.

Antes de que se enciendan las luces: cómo es el proceso para habilitar boliches en CABA

Mucho antes de poder abrir sus puertas al público, los boliches se encuentran sometidos a una extensa cadena de controles administrativos y técnicos. El principal responsable es la Agencia Gubernamental de Control (AGC), organismo autárquico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encargado de habilitar y controlar la seguridad de los establecimientos comerciales.

Sin embargo, el proceso de habilitación comienza en una instancia previa, donde se define si el lugar puede albergar un local bailable. Según explicó Juan Malcolm, coordinador de Planificación y Gestión de la AGC, esto recae en la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR), un organismo externo que establece los usos permitidos de cada zona de la ciudad. Este confecciona y aplica el Código Urbanístico para determinar si el espacio geográfico permite la actividad nocturna.

Posteriormente, el expediente llega a la AGC, la cual realiza la primera inspección para comprobar que la documentación y los planos presentados coincidan con la realidad del local. Superada esta instancia, la agencia finalmente otorga la habilitación. Luego, el boliche debe inscribirse en el Registro Público de Locales Bailables, donde se monitorea documentación como seguros, informes de bomberos y descripciones de shows en vivo.

César Negri, gerente del boliche Crobar, explica que esta inscripción no es definitiva: “Los boliches todos los años se tienen que reinscribir en la AGC, presentar planos, certificado ignífugo, seguro de responsabilidad civil y revalidación de bomberos”.

Cómo funciona un boliche por dentro: seguridad, controles y capacidad permitida

Con la habilitación en regla, los locales quedan formalmente autorizados para comenzar su actividad. Pero el despliegue necesario para sostener una noche es considerable. Según el gerente de Crobar, en un boliche de gran tamaño cerca de 200 personas participan del operativo nocturno entre personal de seguridad, organizadores, promotores y empleados de atención.

También destaca que la seguridad ocupa un rol central. La normativa exige un guardia cada 120 asistentes, todos habilitados, sin antecedentes y con formación en primeros auxilios. Además, algunos locales contratan policía complementaria para prevenir disturbios y ordenar el flujo de personas.

Aunque no es obligatorio contar con personal médico durante la noche, muchos boliches contratan ambulancias privadas que permanecen fuera del establecimiento, ante la posibilidad de que la respuesta del sistema de área protegida resulte lenta. Distinto es el caso del control contra incendios: la presencia de un bombero in situ es obligatoria. Generalmente se trata de un voluntario del cuartel más cercano, que llega aproximadamente una hora antes de la apertura, revisa las condiciones del local y permanece hasta el cierre.

En cuanto al ingreso del público, este se controla mediante molinetes o conteos manuales, con el objetivo de no exceder la capacidad máxima permitida del boliche. Sin embargo, según una fuente con más de diez años de experiencia en la nocturnidad, actualmente dueño de un boliche, “todos los locales se exceden de capacidad. No es lo que quieren generalmente los dueños, eso es más un problema de los gerentes, la seguridad y los socios del turno”, lo que evidencia una brecha entre la normativa y la práctica real.

Por otro lado, existe una prohibición absoluta de bengalas en los boliches, pero en la práctica surgen zonas grises en su uso. Por ejemplo, durante los bottle services, se emplean las bengalas tradicionales de torta o, en algunos casos, pistolas de chispa, un elemento que no está expresamente prohibido.

Sin embargo, su uso implica riesgos: cuando la pistola de chispa se combina con dióxido de carbono (CO2), el disparo asciende, y si el techo o telas decorativas están demasiado cerca, pueden prenderse fuego. Mientras algunos locales optan por no arriesgarse, otros sí utilizan estos dispositivos, evidenciando la dificultad de controlar prácticas que la normativa no regula de manera explícita.

Inspecciones en boliches: cómo controla la AGC la noche porteña

Los controles a locales bailables no se limitan únicamente al horario nocturno. Fuera de ese lapso, los locales bailables son objeto de inspecciones periódicas. Según explicó César Negri, cada tres meses se realizan controles de bomberos para verificar el estado de matafuegos, alarmas y sistemas de seguridad.

Desde el área de Prevención e Inspecciones de Bomberos de la Ciudad, Claudio Casanova y el teniente Castro declaran que su labor se limita al horario diurno: “Damos fe de lo que vemos en el momento, si cambian las condiciones después, el certificado nuestro se da automáticamente de baja”, explican.

Por su lado, la AGC realiza tanto inspecciones trimestrales fuera del horario de funcionamiento como controles durante la noche. Según Malcolm, estos últimos se llevan adelante una vez por mes. Otras fuentes, sin embargo, sostienen que se realizan de manera aleatoria o a partir de denuncias de vecinos. El administrador de Crobar declara que, en su caso, la agencia realiza controles nocturnos aproximadamente una vez cada dos meses. Por otro lado, Gustavo May, director general de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI), asegura que los boliches “no pasan más de 15 días sin ser inspeccionados”.

Guia Locales de Baile CABA by gabrielagranata

El organismo de la AGC encargado de estas tareas es la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC), la cual cuenta con aproximadamente 700 inspectores que fiscalizan distintos rubros comerciales. Desde el sector empresario, no obstante, se cuestiona la homogeneidad de los controles. Cesar Negri destaca que las inspecciones no siempre tienen la misma rigurosidad. El gerente menciona que esto depende del inspector asignado, ya que “el criterio del que te toca puede variar”, por lo que algunos pasan por alto ciertas faltas consideradas menores mientras que otros no.

Dado el tamaño del cuerpo inspectivo y la sensibilidad de sus funciones, el sistema cuenta con mecanismos de control interno. Según explicó May, cada vez que un inspector labra un acta de comprobación en un local bailable, esa actuación es revisada por un controlador de faltas. Allí se analiza la legalidad del procedimiento, se valida la descripción de los hechos y se codifica la infracción conforme a la Ley 451. Ninguna multa ni clausura queda firme sin esta instancia administrativa posterior. Además, dentro de la propia AGC existen coordinadores y subgerencias que supervisan de forma continua el trabajo en territorio.

Sin embargo, la mirada desde el interior del ambiente nocturno es menos optimista. La reconocida figura del sector mencionada anteriormente aseguró que existen boliches que prácticamente no reciben inspecciones. Explicó que “esto puede ser porque los locales tienen alguna que otra irregularidad, que es una falta menor”, por lo tanto no implicarían riesgos capaces de generar una tragedia como la de Cromañón. Aun así, sostuvo que algunos de los locales más conocidos y concurridos por jóvenes no cumplen con los controles rutinarios, especialmente en zonas como Costanera y San Telmo.

Otro empresario, actual dueño de un local bailable y socio de otro, subrayó que muchos dueños de boliches antiguos tienen un vínculo histórico con la AFIP, la municipalidad, los intendentes y los gobernadores: “Se genera una relación y digamos que quedan a favor del local”. Además, desde su experiencia concluye que “El sistema de la noche es mega corrupto. Es todo un negocio. Y todos forman parte. Ni a la municipalidad, ni al gobierno, ni a la policía, ni a los inspectores, ni a los dueños del boliche, ni a los públicas les sirve que estén cerrados los lugares”. 

Cuando el boliche incumple: desde la falta a la sanción

Las infracciones a locales bailables siguen patrones recurrentes que, año tras año, activan un sistema de sanciones previsto por la normativa porteña. Durante 2024, la infracción más frecuente fue la falta del certificado de medición de puesta a tierra, con diez registros. Este certificado verifica la efectividad de la conexión de los sistemas eléctricos a tierra y es clave para prevenir riesgos eléctricos. Le siguieron las faltas de seguridad N.C.P. – crítica y el expendio, venta o consumo de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido, ambas con seis apariciones.

En el primer semestre de 2025 se repitió el patrón: la puesta a tierra volvió a liderar con cuatro apariciones. En segundo lugar se ubicaron tres infracciones con igual frecuencia: faltas de seguridad N.C.P. – no crítica, falta de higiene generalizada y deficiencias en el sistema de autoprotección. A diferencia del año anterior, en 2025 los problemas más recurrentes se concentraron en las condiciones generales de funcionamiento del local, la higiene y el cumplimiento de la normativa vinculada a emergencias.

Cuando se detecta una irregularidad, el procedimiento sancionatorio se rige por la Ley 451, que establece el Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de una inspección de la Agencia Gubernamental de Control, pueden labrarse dos tipos de actas. Por un lado, un acta de intimación, que obliga al local a corregir una falta considerada menor. Por otro, un acta de comprobación, que se remite a la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) y da inicio formal al proceso sancionatorio.

Una vez que el expediente ingresa en la DGAI, el organismo analiza el acta, evalúa las pruebas reunidas por el inspector, revisa los antecedentes del local y tipifica la infracción según la Ley 451. El titular del establecimiento es notificado y cuenta con la posibilidad de presentar un descargo, ofrecer pruebas, solicitar audiencias o incluso pedir que la causa sea tratada por la Junta de Faltas o el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas. La resolución puede derivar en apercibimiento, clausura temporal o definitiva, inhabilitación, decomiso o multa.

Cuando la sanción es económica, el monto no se fija directamente en pesos, sino en Unidades Fijas (UF). Cada UF equivale al precio promedio en la Ciudad de medio litro de nafta de mayor octanaje, valor que se actualiza semestralmente por la Dirección General de Estadística y Censos. Al momento del pago, ese valor se convierte en moneda de curso legal. Hasta marzo de 2026, una Unidad Fija tiene un valor de $798,51, por lo que las multas se calculan multiplicando esa cifra por la cantidad de unidades asignadas según la gravedad de la infracción.

En 2022 se registraron 83 multas a locales bailables, lo que representó apenas el 0,071% de las 115.561 sanciones totales. En 2023, las multas bajaron a 62, equivalentes al 0,052% de 118.536. En 2024, descendieron a 47, un 0,038% sobre 121.982. En lo que va de 2025, con 26 multas registradas, la tendencia continúa en baja. Estos datos muestran que los boliches representan una proporción mínima dentro del universo sancionatorio de la Ciudad y que, para este rubro, se utilizan con mayor frecuencia otras herramientas de control, como clausuras o intimaciones, antes que sanciones económicas.

En los casos de clausura, el local debe acreditar que corrigió las irregularidades detectadas y solicitar formalmente el levantamiento, verificación que vuelve a estar a cargo de la AGC. La sanción luego queda registrada en una base de datos general que reúne infracciones de todos los rubros comerciales. Según explicó el propio organismo en una respuesta a un pedido de acceso a la información pública, no existe “sistematizado registro ni estadística referido a locales bailables”, ya que estos se elaboran sobre el total del universo administrativo sin discriminar por tipo de actividad.

Asimismo, a continuación se presentan las estadísticas de inspecciones realizadas por año y el porcentaje que derivó en una sanción o clausura a partir del número total de controles que requirió el labrado de un acta de comprobación:

Desde la perspectiva oficial, Gustavo May sostiene que los locales bailables tipo C son “una de las actividades más reguladas y más fiscalizadas de la ciudad”. Reitera la cantidad de requisitos documentales y técnicos que deben cumplir, sumados a inspecciones constantes tanto en horario de funcionamiento como fuera de él. Según su visión, la obligación de reinscribirse anualmente en el Registro Público de Locales Bailables y de regularizar todas las faltas detectadas a lo largo del año constituye un mecanismo de control permanente.

No obstante, el director de la DGAI destaca un nuevo desafío para el control de la noche porteña: “Hoy el problema no está tanto en los locales bailables sino en bares u otros establecimientos que realizan actividad de baile sin estar registrados”. Estos establecimientos organizan fiestas sin figurar en el registro público y operan en la marginalidad. En ese sentido, el foco del conflicto se desplaza de los locales clase C hacia la informalidad y las fiestas clandestinas.

En cuanto a la perspectiva empresarial, la Federación de Entidades de Discotecas de la República Argentina (FEDRA), entidad que nuclea cámaras vinculadas al entretenimiento nocturno, advierte que los empresarios enfrentan obstáculos tanto del ámbito público como del privado. Sostiene que el problema no es la cantidad de controles, sino la falta de criterios uniformes de inspección y el escaso acompañamiento técnico del Estado. A esto se suma la competencia desleal de locales no habilitados, que operan con menores costos y sin cumplir condiciones de seguridad. FEDRA sostiene que no se trata de “menos control”, sino de controles equitativos y uniformes que garanticen condiciones justas para los establecimientos que cumplen con la ley.

Es imposible hablar de la seguridad en los boliches sin hablar de Cromañón

Familias por la Vida nació del dolor, pero también de la necesidad de transformar una hecho trágico en acción concreta. La organización no gubernamental se conformó pocos meses después del incendio del boliche República Cromañón, tragedia que dejó 194 fallecidos, y está integrada por familiares de víctimas. Desde entonces, su trabajo se centra en promover la seguridad en la nocturnidad y en funcionar como un canal directo de denuncias hacia la Agencia Gubernamental de Control ante irregularidades detectadas en boliches, bares y espectáculos en vivo.

Dentro de la organización, el silencio pesa distinto. Hay mesas que exhiben fotos, cartas, recortes de diarios, zapatillas, murales y banderas de protesta que funcionan como archivos de una historia aún muy reciente. En una de las paredes hay un gran cartel con los rostros de los chicos y chicas de Cromañón, uno al lado del otro, bajo una consigna que se repite por todos lados: “Presentes, ahora y siempre”.

Sentadas alrededor de una mesa larga hay tres mujeres de edades distintas, separadas por generaciones. La mayor ronda los setenta años, la más joven apenas tiene veinte. Cuando hablan, sus voces, atravesadas por una angustia que no se logra disipar con el paso de los años, hacen eco en las paredes. A las tres las une una misma fecha y una misma ausencia: una perdió a su hija, otra a su hermano y la tercera a su tío aquel 30 de diciembre de 2004.

Lo que empezó como un espacio de contención para familias atravesadas por la pérdida se institucionalizó en 2013, cuando la ONG firmó un convenio con la AGC. Si bien ya contaban con una línea 0800 para recibir denuncias, ese acuerdo formalizó el vínculo con el organismo y le dio mayor peso a los reclamos que reciben y derivan. Además de atender llamados durante la semana, el padre de una de las víctimas pasa cada noche del fin de semana en vela, atento al teléfono ante cualquier alerta.“Somos un puente: el denunciante llama, nosotros pasamos la denuncia, y la AGC nos devuelve el resultado”, explican desde la organización.

Según relatan, cuando un local acumula reiteradas denuncias, suele ser clausurado y la causa pasa al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, advierten que el proceso no siempre avanza como debería. “Hacen artimañas para eludir a la Justicia”, señala Gabriela Avendaño, hermana de Sergio Avendaño. Aun así, aclaran que el objetivo principal no es cerrar boliches, sino prevenir. La finalidad de las denuncias es advertir a los responsables del local qué aspectos deben corregir para volver a funcionar en condiciones. “Porque un matafuego no puede estar ya usado, no puede estar vencido, tiene que estar todo en regla para que no vuelva a pasar”, enfatiza Katja González, sobrina de Abel Rodolfo González, una de las víctimas.

Entre la enorme cantidad de situaciones que escuchan a diario, algunas resultan particularmente alarmantes. Relataron el caso de un grupo de chicas menores de edad se comunicó con la ONG para contar que, durante una inspección sorpresa, los organizadores del boliche les pidieron que se escondieran en el baño. El aviso llegó por teléfono y uno de los integrantes de Familias por la Vida dio aviso inmediato al inspector que estaba de turno esa misma noche. Además, se ocupó de que las jóvenes pudieran salir del lugar y comunicarse con sus familias.

Al hablar de los locales más denunciados, Angélica González, madre de Érica Lizárraga, menciona nombres concretos: “Niceto recibe varias denuncias, al igual que locales en Constitución”. También apunta contra Banana, en la zona de Costanera. “Tenía la puerta de emergencia cerrada con candado, ¿por qué hacen eso ellos? porque se evitan un sueldo en una persona de seguridad, no pagan, prefieren cerrar con candado”, cuenta frustrada.

La tarea de la organización no se limita a las denuncias. Familias por la Vida también realiza talleres en escuelas con un objetivo claro: concientizar. “Lo que hacemos es concientizar a la juventud, no para que tengan miedo, sino para que tengan cuidado”, explican. Señalan que muchos jóvenes no conocen en profundidad lo que ocurrió en Cromañón y que estas charlas permiten reconstruir esa memoria, al mismo tiempo que enseñan cuáles son las condiciones mínimas que debe cumplir un espacio para ser seguro y disfrutar sin riesgos.

Si bien reconocen que, después de la tragedia, los controles se volvieron más estrictos, advierten que hay un problema estructural al que las denuncias no siempre logran llegar. “Las coimas”, resume Katja. Sostienen que el volumen de dinero que circula en el ambiente es tan grande que, aun derivando denuncias, muchas veces solo queda esperar que el proceso no sea interferido. Aseguran que estas prácticas persisten y que funcionan hoy de manera similar a como lo hacían hace dos décadas. También cuentan que, en más de una oportunidad, dueños de boliches se acercaron a la oficina de la ONG para reclamar o preguntar por qué habían sido denunciados. “La nocturnidad es un tema complicado; todavía hay mucha corrupción y creo que cada vez se ve más”, afirma Angélica.

La radiografía de los locales bailables clase C muestra que, pese a la regulación y los controles, persisten fallas estructurales, zonas grises y prácticas que ponen en discusión la eficacia del sistema. La seguridad no depende solo de trámites, inspecciones o sanciones, sino un compromiso permanente para velar por la seguridad y evitar que los errores del pasado se repitan. No se trata de dejar de salir ni de prohibir, sino de proteger y prevenir para que todos los que salen a disfrutar de la noche puedan regresar a sus casas. “La diversión es un derecho”, sostienen desde la ONG, “pero hay que cuidarlo”.

Por Angelina Mircoli, Julieta Mosiul, Guadalupe Olivieri y Juana Rey