El 10 de octubre de 2025 se anunció la propuesta que será tratada en las sesiones extraordinarias del Congreso.
El Gobierno avanza con su propuesta de reforma del régimen laboral, que será tratada en sesiones extraordinarias. El proyecto, que fue presentado en octubre, generó mucho debate entre el oficialismo, la oposición, el sector sindical y las cámaras empresariales.
Según el borrador que fue filtrado a los medios, el objetivo declarado de la iniciativa es modernizar una legislación considerada obsoleta y rígida, para estimular la creación de empleo registrado y ofrecer un marco más flexible a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
Reforma laboral: los puntos centrales del proyecto oficial
El articulado de la reforma toca varios pilares de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), buscando introducir cambios sustanciales en la dinámica de las relaciones laborales. Entre las modificaciones más destacadas se encuentran:
1) La ampliación de la jornada laboral
Si bien la jornada máxima semanal de 48 horas no se modifica, se contempla la posibilidad de extender la jornada diaria de las actuales ocho a un máximo de doce horas, a través de la implementación de un sistema de “banco de horas”.
Este esquema permitiría compensar el exceso de trabajo en algunos días con una menor carga horaria en otros, buscando mayor adaptabilidad a las necesidades de producción de las empresas (Secretaría de Trabajo, Documento de Bases para la Reforma, octubre de 2025).
2) Convenios laborales más flexibles
Otro punto de fuerte controversia es la flexibilización en la negociación de las condiciones de trabajo.
El proyecto busca fomentar que los convenios colectivos de trabajo (CCT) puedan negociar sistemas laborales más flexibles y adaptados a las particularidades de cada sector.
3) Fraccionamiento del período de vacaciones
En esta línea, el artículo 45 de la iniciativa plantea la posibilidad de fraccionar el período de vacaciones del trabajador, habilitando a tomar los días de descanso en partes, siempre mediante un acuerdo con la patronal y con ciertos límites mínimos establecidos por la LCT.
Si bien la jornada máxima semanal de 48 horas no se modifica, se contempla la posibilidad de extender la jornada diaria de las actuales ocho a un máximo de doce horas, a través de la implementación de un sistema de “banco de horas”.
4) Cambios en las indemnizaciones
Una de las áreas donde la propuesta introduce cambios con un impacto directo en la seguridad jurídica y económica de las partes es la indemnización por despido. Para las PyMEs y microempresas, se establece la opción de abonar las indemnizaciones y multas derivadas de sentencias judiciales en hasta doce cuotas mensuales.
Esta medida tiene como propósito aliviar la carga financiera repentina que un juicio laboral o un despido podría representar para las empresas de menor escala, según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios en su Declaración sobre el Proyecto de Ley, 15 de octubre de 2025.
En paralelo, se busca limitar el porcentaje del “pacto de cuota litis” en juicios laborales al 20%, impactando en los honorarios de los abogados, según la Federación de Colegios de Abogados de la República Argentina en el Informe sobre Implicancias Procesales, noviembre de 2025.
5) La cuestión del salario
Además, el proyecto recupera la figura del salario en especie o “ticket canasta”. Esto habilitaría a las empresas a pagar una porción del sueldo mediante prestaciones no dinerarias, como vales o canastas de alimentos.
Este mecanismo, que ya se usó en Argentina en los ‘90, genera debate sobre si podría significar una pérdida de poder adquisitivo o una precarización salarial al quedar exento de cargas sociales, o si constituye una herramienta válida de negociación para mejorar el ingreso del trabajador, según lo expresado por el Centro de Estudios de la Nueva Economía, en su Análisis de Impacto Salarial en octubre de 2025.
Asimismo, la reforma busca establecer un marco para lo que el oficialismo denomina “salarios dinámicos” o “por mérito”, una idea que propone ligar los aumentos salariales no sólo a las negociaciones paritarias sectoriales sino también a la productividad o eficiencia individual del trabajador.
Formalización e Incentivos Fiscales
El Gobierno sostiene que la principal motivación de la reforma es atacar la elevada tasa de informalidad laboral, que afecta a cerca de la mitad de la población activa. Con la intención de incentivar la registración de trabajadores, el proyecto incluye un paquete de incentivos fiscales dirigidos a las pequeñas y medianas empresas que contraten nuevo personal.
Estos beneficios se materializarán en bonos de crédito fiscal y otras exenciones a las contribuciones patronales durante un tiempo determinado, según la Administración Federal de Ingresos Públicos en el Informe sobre Beneficios Tributarios, octubre de 2025.
Desde el Ejecutivo argumentan que esto fomentará la excelencia y mejorará la competitividad, los sectores gremiales advierten que podría convertirse en una herramienta para la reducción encubierta de salarios reales o el debilitamiento de la negociación colectiva según la prensa sobre el Proyecto de Ley ,Confederación General del Trabajo, en su comunicado de 12 de octubre de 2025.
La propuesta, que repone y actualiza varios elementos que ya habían sido incluidos y luego retirados de iniciativas anteriores (como el DNU 70 de 2023), enfrenta ahora su etapa de discusión parlamentaria.
La resistencia de la Confederación General del Trabajo (CGT) y las objeciones de la Unión Industrial Argentina (UIA) a ciertos aspectos del texto inicial sugieren que el camino hacia su aprobación estará marcado por intensas negociaciones y posibles modificaciones, en un intento por lograr un equilibrio entre la flexibilidad empresarial y la protección de los derechos de los trabajadores argentinos según la consultora político-económica ‘Estrategia País’ en sus sus documento Proyecciones de Viabilidad Legislativa.