Tras la condena al clan Sena, se recuerdan los casos que ayudaron a visibilizar la violencia de género a nivel nacional.
La historia judicial argentina está marcada por femicidios de alto perfil que generaron una creciente conciencia pública acerca de la violencia de género, impulsaron cambios legislativos significativos y el movimiento social “Ni una Menos”. A partir de la conmoción generada después de cada asesinato, la sociedad argentina logró remodelar su percepción sobre la problemática estructural.
Desde el crímen de María Soledad Morales en el año 1990, las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni en 2011, Chiara Páez en 2015 y Micaela García en 2017 hasta el asesinato de Cecilia Strzyzowski en 2023, cada uno de estos casos logró generar un impacto a nivel social y político, marcar un antes y después en la conciencia colectiva argentina.
La Corte Suprema de Justicia elabora todos los años un registro de datos estadísticos de las causas judiciales en las que se investigan muertes de mujeres por razones de género y establece toda la trayectoria del proceso. De esta manera se construye el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina.
María Soledad Morales: cómo se rompió el silencio
El ocho de septiembre de 1990, María Soledad Morales, una joven catamarqueña de 17 años, fue drogada, violada, asesinada y arrojada a un descampado a la vera de la ruta 38 para hacer de presa a los chanchos. Este fue el primer caso que introdujo a la esfera social y mediática el término “femicidio” y rompió el silencio sobre temas antes considerados ‘tabú’ o tratados en privado.
Los perpetradores del crimen fueron los ‘hijos del poder’: Guillermo Luque –hijo del ex diputado nacional Ángel Luque–, Pablo y Diego Jalil –sobrinos del ex intendente de la ciudad–, Arnoldito Saadi –primo del gobernador de Catamarca– y Miguel Ferreyra –hijo del jefe de la policía–, aunque no todos fueron condenados penalmente por falta de pruebas.
Lo que se sabe acerca de los hechos concretos está inconcluso, el misterio fue consecuencia de la complicidad y la impunidad del poder de la época. Se borraron huellas digitales –Miguel Ángel Ferreira (padre) ordenó lavar el cadáver después de que haya sido encontrado–, se retractaron testigos, se confundieron relatos, se inventaron coartadas.
La sociedad tomó el caso: se formaron ‘marchas del silencio’, manifestaciones pacíficas que pedían justicia, organizadas por las amigas de la víctima y dirigidas por la hermana Martha Pelloni. Las 82 marchas que se realizaron no solamente atrajeron atención local, sino que también cautivó la atención de los medios nacionales –con un promedio de 25 mil asistentes por vez– y las desigualdades estructurales estuvieron a la mira de todo el país. Estas se convirtieron en un símbolo de lucha contra la impunidad y la corrupción política.
Cassandre Bouvier y Houria Moumni: el cambio legal
El 29 de julio de 2011 un hombre encontró a dos turistas francesas muertas, Bouvier y Moumni, en el Mirador de San Lorenzo, en Salta. Ambas habían sido víctimas de abuso sexual, y tras el hecho fueron asesinadas. En su momento, la investigación por parte de la policía provincial estuvo plagada de irregularidades, con detenciones arbitrarias por antecedentes penales o simplemente por vivir cerca de donde fueron encontrados los cuerpos.
El proceso judicial resultó en las condenas de Gustavo Lasi (30 años de prisión, luego elevado a prisión perpetua) y Santos Clemente Vera (prisión perpetua tras una absolución inicial), mientras que Daniel Vilte fue absuelto. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia en el año 2023 revocó la condena de Vera, lo que le devolvió un estado de incertidumbre al doble femicidio.
El doble femicidio puso de manifiesto un vacío legal en la tipificación de crímenes por violencia de género extrema en el Código Penal argentino. En el año 2012, se introdujo en la Argentina en el Código Penal la Ley 26.791, la cual incorporó el inciso 11 al artículo 80 para agravar el homicidio cuando es perpetrado por un hombre contra una mujer en materia de violencia de género.
La sanción de esta ley implicó un cambio profundo en la forma en que el sistema judicial y la sociedad abordan la violencia contra las mujeres y las diversidades. El femicidio dejó de ser interpretado como un hecho aislado o pasional, y pasó a ser reconocido como la expresión más brutal de un entramado de desigualdades históricas y de relaciones de poder basadas en el género.
Chiara Páez: el incentivo de Ni Una Menos
El nueve de mayo de 2015, se comunicó la desaparición de Chiara Páez, la adolescente de 14 años que estaba embarazada y fue asesinada a golpes por su novio, Manuel Mansilla, de 16 años. Este hecho ocurrió en la Provincia de Santa Fe, en Rufino, ciudad que, conmocionada por la noticia de la ausencia, salió a buscarla por cada rincón de la localidad.
Al día siguiente su cuerpo fue encontrado enterrado en la casa de los abuelos de Mansilla, luego de que él confesara que la mató debido a que la adolescente se negaba a abortar. En 2017, el joven fue condenado a 21 años y medio de prisión, pero la pena fue posteriormente reducida a 15 años porque era menor al momento de cometer el crimen.
La muerte de Páez dio el puntapié para que muchas mujeres salieran a reclamar: ya no se podía tolerar más la muerte de otra mujer en Argentina. El tres de junio de 2015 se llevó a cabo la primera marcha masiva del movimiento conocido como ‘Ni Una Menos’, el cual creció cada vez más hasta llegar a sobrepasar las fronteras locales y nacionales.
Este movimiento ayudó a que los Estados de los países agendaran el tema y se comprometan con la implementación de proyectos, reglamentaciones y normativas que sirvieron de marco para proteger y promover derechos. El femicidio dejó de ser un tema aislado para romper el silencio social sobre los problemas que tenían que afrontar las mujeres.
Micaela García: la Ley 27.499
El primero de abril de 2017 desapareció Micaela García, y su cuerpo fue encontrado una semana después, debajo de un árbol en la ciudad de Gualeguay. La joven tenía 21 años y era una activa participante del movimiento ‘Ni Una Menos’.
Sebastián Wagner, un hombre que tenía antecedentes penales por delitos sexuales –la violación de dos mujeres–,fue condenado a cadena perpetua por el crimen. El femicida, en el momento del crímen, se encontraba en libertad condicional otorgada por el juez de Ejecución de Entre Ríos Carlos Rossi a pesar de contar con informes criminológicos desfavorables.
Este dato generó indignación social masiva, la consecuencia de la libertad condicional de Wagner puso en evidencia la falta de perspectiva de género en el sistema judicial y visibilizó sus fallas en los procesos de intervención estatal. De esta manera, se demostró la urgencia de que los funcionarios y agentes públicos tengan herramientas para identificar desigualdades de género y respetar la diversidad.
Como resultado, en 2019 se creó la Ley Micaela (Ley 27.499) la cual exige la capacitación en género y violencia de género para todas las personas que trabajan en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del país. Se busca construir políticas públicas integrales que enfrenten las desigualdades de género, las discriminaciones, y apunten a terminar con la violencia hacia las mujeres y personas LGBT+.
Todos estos casos han evidenciado cómo la indignación pública frente a la extrema violencia de género ha funcionado como un motor para el cambio social y legal irreversible en la Argentina. Cada “marcha del silencio”, cada marcha parte del movimiento ‘Ni Una Menos’ logró transformar el dolor individual en cambios normativos e institucionales, en una demanda colectiva de justicia.