Hace dos años la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puso en funcionamiento un sistema de video vigilancia masiva en el espacio público con el fin de capturar a 46 mil prófugos de la Justicia. Cuál fue la inversión, qué rendimiento tuvo el programa y por qué es importante una conversación pública sobre el tema. 

Por Josefina Rojas y Luciana Rivera

Desde abril del 2019 el Gobierno autorizó la implementación, mediante la Resolución 398, del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP). Este es un programa a cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad en conjunto con la Policía porteña, que tiene como finalidad la detección, identificación y detención de prófugos de la Justicia. Comprende de un software que opera de manera rotativa sobre 300 de las más de 10.000 cámaras de seguridad CCTV que hay en la vía pública en C.A.B.A. 

Cómo funciona el SRFP

Todos los días, el motor se conecta automáticamente con la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc) para recolectar información de los individuos buscados por orden judicial y completar este perfil con fotografías del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Gracias al entrenamiento de los algoritmos, se procesan las imágenes en vivo y se comparan los rostros en movimiento con las fotos de la base de datos. Si hay coincidencia, se genera una alerta a través de una aplicación de comunicación del Ministerio al agente de la Policía de la Ciudad que esté más cerca de la ubicación así como también al Centro de Monitoreo Urbano para realizar un seguimiento. 

Cuando se ubica a la persona, se le notifica de su causa y se le ordena que se presente al Juzgado o la Fiscalía correspondiente en un plazo de 48 horas. Luego se le constata el domicilio y se la libera. En caso de que el delito sea importante, se la detiene. 

Según declaraciones del secretario de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’ Alessandro a Chequeado, en marzo del 2020 pusieron a disposición de la Justicia 1924 personas, pero tan sólo 418 de ellas quedaron detenidas. 

Sin embargo, desde su puesta en marcha hubo varios cuestionamientos al sistema que pueden resumirse en los siguientes puntos: 

• base de datos con información incompleta, errónea, causas prescriptas y pedidos de captura no vigentes.
• detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad.
• sesgo y discriminación: los algoritmos tienden a identificar de forma incorrecta, esto es, con tasas de error más altas, a las personas de tez oscura, así como también a las mujeres.
• ausencia de un debate real público sobre el uso de estos sistemas y falta de acceso a información pública clara sobre ellos.
• y por último, pero no menos importante, una clara afectación a varios derechos humanos.

En julio del año pasado, se empezó a discutir el SRFP en la Legislatura porteña mediante un proyecto de ley presentado por Claudia Neira, legisladora del Frente de Todos. El expediente buscaba la modificación de la ley nº 5688 de seguridad pública de la Ciudad, con la intención de incluir un apartado que habilitara el uso del sistema de cámaras. Tras su tratamiento en las comisiones de Justicia y Seguridad, se giró a la comisión de DD.HH para una discusión de la propuesta, pero esta instancia fue anulada y se  sancionó el proyecto el 22 de octubre con 39 votos positivos, 20 negativos y 0 abstenciones.

Entre los cambios que introdujo la modificación de la ley con respecto a la resolución del 2019, se aclaró que no pueden alterarse las imágenes de las cámaras para la distribución en medios de comunicación y que debe especificarse la autoridad a cargo del programa. También se creó una comisión de Seguimiento de Videovigilancia para rendir cuentas sobre su funcionamiento, independiente de la comisión de Seguridad del organismo legislativo. 

Gran desembolso público en vigilancia

La compra de estos dispositivos se la atribuyó a DANAIDE S.A., una empresa argentina de soluciones tecnológicas que es proveedora de servicios tanto para la Ciudad de Buenos Aires como para el Gobierno nacional. 

En el caso porteño, la compañía de Hernán Pablo Carzalo fue contratada un total de 6 veces,  entre 2016 y 2021 para el Plan de Seguridad Pública. Además del software del SRFP, la organización prestó servicios de monitoreo por video y control de acceso vehicular, mantenimiento de pórticos con un sistema de lectura de patentes (Anillo Digital) e instalaciones complementarias para patrulleros entre otros.

Para el sistema de reconocimiento facial, el procedimiento fue una contratación directa de un “servicio de análisis integral de video”. El acuerdo tenía una duración de 17 meses por un costo de 1.511.300 millones de dólares, con fecha de inicio el 22 de abril del 2019. La compra describe al producto como la “instalación de cámara de video para sistema de vigilancia vial que incluyó ferretería para montaje, insumos menores y mano de obra para su correcto funcionamiento.

En el Pliego de Especificaciones Técnicas que se encuentra incluido en el anexo I del Pliego de Cláusulas Particulares del expediente, pueden conocerse detalles específicos de la contratación y se explica mejor el funcionamiento de esta tecnología. 

Por ejemplo, menciona que el software está integrado nativamente con la plataforma de gestión y control de video utilizada por la Policía de la Ciudad en el Anillo Digital, el Centro de Monitoreo Urbano y el Comando de Operaciones entre otros. Es por esto que no hay una intervención de terceros en su operacionalidad, sino que todas sus funcionalidades están dentro de la herramienta propia de las fuerzas policiales porteñas. 

Otro dato no menor es que tanto las imágenes captadas por las cámaras que generan las notificaciones de alerta como la información vinculada a estas, deben ser guardadas de forma encriptada para futuros análisis. A su vez,debe tener una capacidad de purga periódica de los datos acumulados, según su antigüedad. 

Una vez que pasó el plazo de vencimiento en septiembre del 2020, se realizó una prórroga de la contratación hasta febrero 2021, por un gasto de 444.500 dólares. Por lo tanto, la inversión total en estos dispositivos al momento fue de 1.955.800 USD.

No obstante, por motivo de la emergencia económica provocada por la pandemia del coronavirus en marzo del año pasado, el Gobierno decidió suspender el proceso de compra y por ende frenar el funcionamiento del SRFP el 15 de abril del 2020. Recién en el segundo mes del 2021, mediante la publicación de una adenda comunicada el día 24 por el Boletín Oficial de la Ciudad, se reactivó ese proceso y el uso de dichos dispositivos. El nuevo costo que brinda el documento es de 622.655,60 dólares. De esta forma, el monto final de esta obra sería de 2.578.455,60 USD.

Desde Punto Convergente se realizó un pedido de acceso a la información pública en enero pasado para conocer la ubicación de las cámaras, su distribución en las comunas y la confirmación del proveedor y costo total de dichos dispositivos. 

Luego de dos meses obtuvimos la respuesta, con fecha del 4 de febrero,  de parte del Ministerio de Seguridad y Justicia. Allí el representante del organismo se negaba a brindar los datos requeridos debido a que estos no son públicos por requerimientos de seguridad y operatividad policial. En caso de serlos, indicaron que estarían invitando a “evadir la seguridad a través de zonas liberadas”. Y si bien denotan que creen correcta la debida señalización de las áreas vigiladas por las cámaras, les es “absolutamente innecesario revelar la ubicación exacta de los dispositivos puesto que ello desplazaría el delito desde las zonas vigiladas a las que no lo están”. 

Falta de apertura y un verdadero debate

Desde la publicación de la resolución administrativa del ejecutivo en 2019, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales empezaron a interesarse por el efecto de este sistema de video vigilancia en los derechos humanos. 

En su trabajo realizaron informes, artículos, estudios de impacto de derechos humanos, se contactaron con casos de personas que fueron detenidas arbitrariamente o falsos positivos y armaron campañas como #ConMiCaraNo para informar a la sociedad sobre el funcionamiento de estas tecnologías, sus riesgos y cómo vulneran el ejercicio de nuestras facultades. 

Para octubre del 2020, previo al tratamiento del proyecto en Legislatura, Access Now, Amnistía Internacional, Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), DATAS, Fundación Vía Libre y el Observatorio de Derecho Informático Argentino (O.D.I.A.) lanzaron un comunicado en conjunto para tratar de influir en el debate y buscar cambiar los votos de los legisladores para el rechazo del uso del SRFP. En este documento, demostraron que el GCBA puso en práctica el sistema de forma poco transparente, sin ningún tipo de discusión pública verdadera ni un estudio de impacto sobre los DD.HH dañados por el reconocimiento facial en vigilancia masiva.

“La falta de acceso a la información pública clara es uno de los problemas sin duda”, explicó Margarita Trovato, abogada del área de Litigio y Defensa Legal del CELS. Para ella, esto es algo que pasa a nivel nacional que trasciende los gobiernos y está relacionado con el problema de acceder a la información cuando hay cuestiones de seguridad nacional involucradas.

A su vez declaró que no existe un debate público suficiente sobre el tema y que la sociedad, al no estar tan al tanto sobre qué significan este tipo de tecnologías en cuanto a su funcionamiento e implicaciones, no está preparada para recibirlas. 

Eduardo Ferreyra, abogado y Oficial Semisenior de ADC, coincidió con su colega del CELS sobre la falta de transparencia del Gobierno respecto a la explicación de esta política pública al recordar el paso por Argentina de Joseph Cannataci, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre  el derecho a la privacidad. 

“Cuando vino en 2019 sacó un comunicado donde dijo que el gobierno no pudo comprobar que el SRF sea algo necesario o proporcional para los fines que él pretende llevar a cabo”, comentó Ferreyra. 

Generalmente, previo a la instalación de estas tecnologías de vigilancia, deben realizarse una evaluación de impacto de DD.HH. Esta consiste en analizar los costos y beneficios de dicha política pública, justificar por qué se está implementando este sistema en base a pruebas factuales y se indaga si no hay formas alternativas de lograr esa medida con menores pérdidas de privacidad. En el caso porteño, estos estudios no se realizaron y hasta el día de hoy no hay evidencia clara ni suficiente que demuestre la necesidad de dichos dispositivos. 

Y si bien en nuestro país no se realizaron investigaciones sobre el impacto real del RF en la prevención del delito, el abogado compartió que investigaciones realizadas en Europa y Estados Unidos demostraron que “más que prevenir el crimen, lo que hace el uso de cámaras de seguridad es desplazarlo”. Así, el delito no desaparece, sino que se mueve a otro lugar sin vigilancia y esto suele perjudicar a los sectores más desfavorables de las ciudades, ya que típicamente este tipo de dispositivos se ubican en lugares de sectores medios-altos. 

Argentina insiste con el RF, ¿y el resto del mundo?

De acuerdo a un estudio realizado por Visual Capitalist en enero del 2020, la tecnología de videovigilancia con reconocimiento facial es utilizada en la gran mayoría de los países del mundo. En este contexto el 92% de los países sudamericanos utilizan este sistema con el fin de tomar medidas contra el crimen, sin embargo, su uso ha comenzado a cuestionarse en otras regiones del planeta. 

El informe realiza un análisis exhaustivo sobre la densidad de cámaras CCTV en el mundo. La Ciudad de Buenos Aires se posiciona como una de las más vigiladas en Latinoamérica. Los datos estiman que hay 77 cámaras de videovigilancia por km2, es decir, una cámara cada 1000 personas, mientras el índice de criminalidad es de 62,07. 

En Brasil el gobierno planea crear una base de datos biométricos de todos sus ciudadanos y, en Colombia el sistema logra verificar la identidad de los viajeros en menos de dos segundos en el Aeropuerto Internacional “El Dorado”.

Mientras tanto, en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, los ciudadanos han presionado para que las autoridades prohíban la vigilancia con reconocimiento facial argumentando que esta forma de monitoreo social representa un abuso por parte del gobierno. En el continente europeo la Corte de Apelaciones del Reino Unido falló a favor de una demanda contra el  uso de reconocimiento facial por parte de la Policía de Gales ya que su uso violaba los derechos de privacidad y la ley de protección de datos personales de la Unión Europea. También se comprobó que el programa de RF de la policía metropolitana de UK tuvo una tasa de error del 81%.

Ante la necesidad de actualización de la Ley 1845 de Protección de Datos de la Ciudad de Buenos Aires, las organizaciones de derechos humanos de Argentina piden explícitamente un debate más serio y comprometido con laa convocatoria de expertos para definir lasa implicancias de la vigilancia masiva en los espacios públicos con una evaluación de impacto sobre los derechos para transparentar y justificar el uso de esta tecnología de vigilancia como política criminal.