Los agroquímicos llegaron a la Argentina con la idea de un progreso económico, pero algunas denuncias que salieron a luz dejaron ver otra cara de la situación.

Cáncer, leucemia, tumores, discapacidades, celiaquía, autismo, infertilidad, esterilidad, fetos que nacen muertos o mueren al nacer; niños malformados con trastornos cognitivos, con abdomen o paladar abierto. Familias preocupadas, tratamientos costosos, desinformación, contaminación ambiental y un Estado que no le brinda toda la ayuda necesaria a una población que pide ser escuchada. Los agroquímicos llegaron a la Argentina con la idea de un progreso económico, pero algunas denuncias que salieron a luz dejaron ver otra cara de la situación.

La provincia del Chaco, ubicada en el noreste argentino, es una de las zonas donde se utiliza el modelo agroproductivo tradicional que emplea fitosanitarios, sustancias que se usan para prevenir o combatir cualquier plaga o enfermedad que afecte a la planta, para garantizar una producción más eficiente. Entre sus clasificaciones se encuentran los herbicidas, el más utilizado en la producción es el glifosato. En marzo de 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud, confirmó que existen pruebas científicas de que este puede producir cáncer en humanos y animales de laboratorio; también le causa daños al ADN y a los cromosomas de las células humanas.

Horacio Lucero, doctor en Bioquímica Humana e investigador del área de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste, llevó a cabo un estudio presentado en el Congreso Nacional Bioquímico, realizado en Resistencia, Chaco, en septiembre de 2019, que tomó a cinco personas de la zona rural chaqueña Avia Terai y a otras cinco de Resistencia. Ninguna de ellas consumía alcohol, drogas ni tabaco. Los resultados demostraron la presencia de glifosato en todas las muestras de orina y en tres, también en sangre. Según los investigadores, esto abrió la hipótesis de que a las personas de Resistencia, zona que no está directamente expuesta a la fumigación, el agroquímico les llegaría a través de los alimentos contaminados.

En primera persona

“Es muy duro lo que nos pasó, hoy pensamos con mi esposo qué solución nos dieron. Ninguna”, indicó Silvia Mencia de Colonias Unidas, localidad ubicada al Este de la provincia del Chaco, madre de seis niños. En agosto del 2015, un productor había utilizado glifosato en un terreno vecino. Tras largos días de lluvia, el herbicida se desplazó hasta el pozo de agua del cual bebían. Su familia empezó a presentar síntomas de intoxicación y sus animales comenzaron a morir. Ella realizó una denuncia y se llevó a cabo una investigación que demostró la contaminación del agua.

Lo más doloroso para ella fue la situación de sus hijos: presentaron cuadros de gastroenteritis, intoxicación y debilidad. Actualmente siguen recuperándose, pero sufren anemia que, según su médica, es un efecto del veneno. Debieron abandonar su casa por los fuertes olores. Al volver, tuvieron que reorganizar la granja, su principal fuente de ingreso. Mencia comentó: “Creemos que la justicia nunca nos llamó porque somos humildes y la persona que provocó esto tiene dinero. Te da bronca e impotencia. Los animales se recuperan, pero ¿y si les queda algún daño a los chicos?”.

El menor, que en ese momento tenía 11 meses, hoy está con tratamiento neurológico, padece convulsiones y epilepsia. El mayor tuvo dificultades para caminar. Vomitaban todo lo que comían. Lograron que la municipalidad les trajera agua potable, o ellos mismos se las arreglaban para conseguirla. “Nos duele revivirlo. Queremos que con nuestro testimonio se tome conciencia sobre cómo afecta a la salud”, expresó Mencia.

Grandes efectos en los más pequeños

La jefa de servicio de terapia intensiva del Hospital 4 de Junio de Saenz Peña, María del Carmen Seveso, explicó que si una mujer durante su embarazo se expone al herbicida, es decir está en contacto con la fumigación, bebe agua contaminada por este o lo respira, puede que el glifosato atraviese la barrera placentaria, modifique las hormonas y desregule el organismo pasándolo a los embriones y fetos.

Además, expuso que hay ciertas malformaciones preconcebidas cuando los espermatozoides se ven afectados antes del embarazo si el padre trabaja en el campo o la madre estuvo en contacto con los productos. Se puede ver la malformación con una ecografía cuando el feto es más grande, pero no hay forma de evitarla una vez que es detectada. Según Seveso, las mujeres que toman ácido fólico tienen cierta protección, pero las que estuvieron expuestas durante mucho tiempo, tienen mutaciones genéticas y son las más susceptibles. “Hay muchos fetos que nacen muertos o mueren al nacer; otros son abortados espontáneamente”, dijo.

En el marco de 3er. Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados realizado en el 2015 se dio a conocer una investigación realizada por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata que demostró la presencia de glifosato en el algodón. Esto puso en evidencia que los niños, al usar pañales, también están en contacto con el plaguicida. El pediatra Medardo Ávila Vázquez, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, manifestó que el resultado de la investigación fue grave porque cuando se utiliza algodón o gasas para curar heridas o para uso personal higiénico, se lo hace pensando que son productos esterilizados, y resulta que están contaminados con una sustancia cancerígena.

La pediatra Ana Lía Otaño, del Hospital Pediátrico de Resistencia, afirmó que, según su experiencia laboral, cada año llegaban al hospital un promedio de tres casos de personas de zonas rurales fumigadas. Actualmente notaron que esto aumentó de 10 a 15 afectados. Para ella lo más grave son las malformaciones. Hay tratamientos muy costosos, a cargo del Estado, para salvar a un niño que no se sabe si va vivir, ni en qué condiciones podría quedar.

¿Y si la ley se cumpliera?

A partir de denuncias se realizaron audiencias públicas donde se discutió, el año 2012, la Ley provincial de Biocidas 2026-R que regula el uso de agroquímicos en la provincia; además se creó el Ministerio de Ambiente del Chaco. El diputado provincial Daniel Trabalón, del Frente Grande, explicó que esta ley prevé un control del producto desde que ingresa a la provincia hasta que se lo vende. También un estudio del lugar en el que es aplicado para tener información actualizada de la situación. En cuanto a la fumigación terrestre, establece que la distancia debe ser superior a los 500 metros de las zonas urbanas; mientras que la aérea debe realizarse a más de 1500 metros. Pero el problema que menciona Trabalón es que la deriva (el viento) dispersa el agroquímico a mayores distancias.

A partir de una denuncia por daños en la salud, se debe elevar a la persona a un centro médico que esté capacitado e instrumentado para la extracción de sangre y cuente con médicos formados en este tipo de problemática. En ciertos casos se las traslada al Hospital Garrahan en Buenos Aires. La ley prevé capacitaciones y campañas de concientización, pero el diputado afirmó que esto no se cumple.

Sin embargo, Enrique Santos, presidente de la Sociedad Rural del Chaco, aseguró que ellos toman todos los recaudos: realizan una mezcla de agua con el porcentaje de glifosato permitido y lo aplican a 50 cm del suelo con un tractor fumigador llamado mosquito. Por eso explicó que “no hay posibilidad de que la piel toque el producto preparado ya que se utilizan guantes y la vestimenta adecuada”. También agregó que en caso de mucho viento no se realiza la fumigación. “Estamos al Este de la provincia, en una zona ganadera donde prácticamente no hay agricultura y nunca hemos recibido ninguna queja”, manifestó Santos.

Una alternativa al sistema tradicional

Tanto Trabalón como Lucero coincidieron en que, si la ley se respetara, el efecto nocivo del glifosato disminuiría, pero no acabaría con la toxicidad del producto. Por eso proponen cambiar el modelo. El ingeniero y director de producción agrícola del Ministerio de Producción del Chaco, Roberto Gillard, resaltó la importancia de implementar buenas prácticas agrícolas, ya que reconoció a los fitosanitarios como una herramienta de la producción que al ser mal utilizada trae inconvenientes: “Hay una falta de responsabilidad por parte de los productores, además de que el Estado no interviene lo suficiente”, dijo.

Por esto comentó la propuesta de este sistema que busca fundamentalmente cuidar los recursos naturales, el suelo, el agua, respetando la dosis de los fitosanitarios. “La gente normalmente, para asegurarse de que el producto haga efecto, pone más; a los seres humanos nos gusta usar de más. Todos los productos traen la cantidad de dosis que se puede utilizar, y la gente no lo respeta”, argumentó Gillard.

Los productores están acostumbrados a emplear fitosanitarios: “No va a ser fácil cambiarlo de un día para el otro, va a llevar un tiempo de transición”, aclaró el ingeniero. El primer paso es este sistema de buenas prácticas y el objetivo final sería la producción agroecológica. La ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional del Nordeste María Angélica Kess explicó que esta utiliza preparados naturales que fortalecen las plantas, en lugar de agroquímicos. Para ello se realizan mezclas con residuos orgánicos. La ingeniera mencionó un fertilizante natural a base de porotos, combinado con maíz, para evitar el vuelo de los insectos. El modelo de producción orgánica funciona en algunos países, como la India, desde hace varios años, según explicó la especialista.

No es solo una problemática chaqueña

Marcelo Wolansky, investigador independiente del Instituto IQUIBICEN, CIC-CONICET y coordinador de Grupo Agroquímicos Red de Seguridad Alimentaria, señaló que esta problemática traspasa las fronteras del Chaco, se visibiliza en toda la Argentina y en todo el mundo. “El punto es que los gobiernos tienen que tener capacidades de financiación, recursos humanos, logística, transporte, para poder monitorear qué está pasando en el ambiente y en la salud humana una vez que se empiezan a usar los productos –manifestó Wolansky–. Ahí es donde Argentina tiene siempre limitaciones, es un país muy grande, con lo cual el control a posteriori de la comercialización es un punto débil”.

Las zonas rurales y urbanas no están en igualdad de condiciones respecto a la toxicidad, controles médicos y acceso a la información. Wolansky explicó que las áreas rurales tienen doble exposición: a través del consumo de los productos que cosechan y también por el agua, aire y suelo. Por su parte, la población urbana consume productos vegetales, hortalizas o carnes que provienen de sistemas de producción contaminados. Por su parte, en las zonas rurales suelen tener una escasa percepción del riego ya que, al vivir de eso, no lo consideran como un peligro sino como su sustento de vida.

Wolansky remarcó que en las zonas urbanas hay más posibilidades de acceso a los pocos laboratorios donde se analiza la toxicidad por agroquímicos en sangre. Aseguró que las personas de zonas rurales, ubicadas en regiones alejadas, recurren a salitas, pequeños centros de salud, por alergia, insuficiencia renal o digestiva que pueden ser causadas por agroquímico. “Si llegan con indicios de una enfermedad oncológica es porque el problema pasó previamente desapercibido, lo que podría desencadenar un cáncer o tumor”, dijo. Por eso argumentó que, si no se establecen sistemas de salud que monitoreen adecuadamente a la población, dentro de 10 o 20 años estos casos aumentarán aún más.

“Mientras que los productores no cuenten con la tecnología, las maquinarias certificadas y los controles correspondientes, se puede esperar que la exposición ambiental y humana aumente”, aseguró Wolansky. Por lo tanto, las fronteras de los terrenos cultivables avanzarán y se acercarán a las zonas urbanas exponiendo el plaguicida a personas, inclusive aquellas que no se creen afectadas.

Por Irina Repetto y Lara Paglieri