La contracara de los menores privados de libertad en Argentina

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¿Por qué un joven delinque? ¿Funciona el sistema para reinsertarlo en la sociedad? Según los especialistas, los recursos de contención son escasos.

Un menor de edad que delinque es muy mal visto; los medios de comunicación ayudan a que el imaginario colectivo rechace a un joven que ha sido procesado judicialmente por incumplir la ley. Sin embargo, no es común adentrarse en la otra cara de la moneda y averiguar qué hay detrás de sus acciones y de la incapacidad para lograr cambiarlas.

El abogado defensor de menores, Darío Bagú, aseguró que “no hay recursos para revertir la problemática que los llevó a delinquir”. Si bien existen muchos factores que conducen a una persona a infringir las normas, también los hay para que esta no logre reinsertarse en la sociedad luego de cumplir con su pena.

Un menor de entre los 16 y los 17 años que va en contra de la ley, al ser punible, es llevado a un centro de recepción como “castigo” por sus actos. Sin embargo, las condiciones allí no son las más favorables. “A veces tardan en llevar la ropa y en arreglar las instalaciones -aseveró el doctor Bagú-. Otras veces hay cucarachas, mosquitos”. Según el especialista, tampoco reciben suficiente atención con el tema de los medicamentos y la alimentación, ya que obtienen menos cantidades de las que necesitan.

“Las porciones de carne son muy chicas” es una de las críticas más frecuentes por parte de aquellos menores, pero no la única. En cuanto a la infraestructura, en la gran mayoría de las celdas las ventanas están rotas; estas se mantienen en ese estado durante meses, lo que ocasiona que, una vez llegado el invierno, los jóvenes pasen frío. La Dirección Provincial es adonde acuden para hacer pedidos ya sea de ropa o para el mantenimiento de dichas instalaciones, sin embargo, casi nunca reciben una inmediata respuesta.

Según la jueza penal juvenil del Departamento de Lomas de Zamora, Marta Pascual, a pesar de que cuentan con un Cuerpo técnico auxiliar (cuyos miembros son: médicos pediatras y psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales) en donde pueden hablar y/o tratar distintos temas que los inquietan, es “insuficiente” para realizar terapias grupales o individuales y en especial focalizadas al tema de adicciones, que es recurrente en los jóvenes en conflicto con la ley.

“Es inhumano tenerlos en esos lugares a los chicos”, comentó la doctora Mariela Prada, defensora oficial de menores. Al ser jóvenes son más vulnerables y por ende requieren de una mayor contención, la cual no se les otorga.

Entonces, ¿cómo se resuelve esta problemática? La jueza Pascual aseguró que las causas principales de la no reinserción de los jóvenes están en la “falta de programas de prevención” previo a la comisión de un delito y en “el acompañamiento de los jóvenes” una vez que quedan en libertad. A su vez opinó que se necesitan implementar medidas socio educativas alternativas al encierro.

Mónica Polvorín, ex fiscal de menores, dijo que la raíz del problema es la no escolarización de estos jóvenes, con padres desempleados y sumado a que viven en un medio marginal. No obstante, también influye el “entorno social”, es decir, las amistades. Dicha situación conduce al menor a delinquir.

Sin embargo, y al contrario de lo que cree el imaginario colectivo gracias a la mediatización del tema, existe la posibilidad de que no vivan en esas condiciones e igualmente infrinjan las leyes.

Los medios han instaurado también la idea de una justicia juvenil “ineficaz”, según comentó la jueza Marta Pascual. La prensa en todo el mundo tiene una visión negativa de los menores que cometen algún tipo de delito, y en la Argentina, ante un hecho cometido por un menor, los convierten en “chivos expiatorios” de la inseguridad en el país y comienzan los pedidos de baja de la edad de imputabilidad.

El doctor Bagú dijo que en las noticias se muestra “una realidad a medias” en donde los chicos entran y salen, es decir, no permanecen en situación de encierro. A raíz de esto aseguró que “son más los que entran y se quedan que los que logran salir”.

El panorama para aquellos jóvenes en conflicto con las normas no parece ser favorable, y no sólo por aquellos motivos ya mencionados sino también por situaciones dentro del ámbito judicial y la contención que deberían recibir.

Por ejemplo, en cuanto al trato de la justicia hacia los menores procesados, el defensor comentó que el lenguaje “no es amistoso”, con esto quiere decir que gran parte de las veces no entienden lo que se resolvió. A esto se le puede sumar el hecho de que la mayoría de estos jóvenes son analfabetos, lo cual no ayuda mucho para la comprensión de los dictámenes. Asimismo, es muy común que, una vez que cumplen su pena y salen de dichos centros, siguen sin saber leer y escribir.

Existen los centros socio-comunitarios; cuando les dan la libertad van allí, donde los espera un equipo de contención constituido por psicólogos y asistentes sociales. A su vez, esto no es solo para el procesado, sino también para la familia del menor. Sin embargo, muchos chicos afirman que no se sienten escuchados ni acompañados.

La defensora de menores Prada, aseguró que no busca justificar sus acciones, pero sí ponerse del lado de estos jóvenes vulnerables cuyas condiciones tanto sociales como económicas pudieron haber sido los principales desencadenantes para que acudan a la delincuencia. A esto se le puede sumar el rechazo que reciben por parte de la sociedad, impidiendo así que logren reinsertarse en ella una vez que cumplen con su pena.

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